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15 de Julio del 2019
Historias
Lectura: 19 minutos
15 de Julio del 2019
Susana Morán
Una hidroeléctrica preocupa a los habitantes del río Piatúa
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Foto: Cortesía Ponakicsc

Toma panorámica de la construcción de la hidroeléctrica cerca al río Piatúa, donde sus habitantes y expertos afirman que existe una abundante biodiversidad. 

Los habitantes del cantón Santa Clara se sienten afectados por la construcción de una hidroeléctrica en una de las zonas más biodiversas del Ecuador. Ellos pusieron una acción de protección que perdieron en primera instancia. El conflicto ha generado demandas, denuncias y paros. Expertos hablan de graves afectaciones al ambiente. La empresa lo niega y asegura haber cumplido con los trámites de ley.

En a Amazonía ecuatoriana hay un conflicto por una hidroeléctrica que ha dejado hasta el momento un paro, demandas contra el Estado y la empresa constructora y una denuncia por daño moral contra un activista por 60 millones de dólares. La compañía de Generación Eléctrica San Francisco (Genefran) es la dueña del proyecto y los pobladores que se sienten afectados pertenecen a la nacionalidad kichwa o son colonos que viven en el cantón Santa Clara de Pastaza. El escenario es el río Piatúa, límite entre esa provincia y el Napo, ubicado en medio de un frágil ecosistema. La empresa afirma que ha cumplido con todos los requisitos de ley para instalar la hidroeléctrica. Los habitantes, sin embargo, creen que el Estado ha permitido el proyecto saltándose mandatos básicos como la consulta previa y además temen que la intervención de esa zona cause un daño sin precedentes.

El río Piatúa, en medio de un hot-spot 

Se llaman hot-spot a los lugares donde hay una especial concentración de biodiversidad y que deben ser cuidados por los estados. En el Ecuador, según expertos, hay tres zonas con esas características: las islas Galápagos, el Yasuní y el corredor Ecológico Llanganates–Sangay. A este último pertenece el río Piatúa, que se ubica en una subcuenca de la cuenca del río Anzu, considerada como una de las regiones más biodiversas y endémicas del país, según el biólogo Patricio Mesa. Es un lugar con riesgos por la ampliación de la frontera agrícola y de los proyectos extractivistas. Es una zona que ha sido intervenida históricamente desde la llegada de los primeros colonos hace 100 años, cuando se instalaron en haciendas y fincas en la zona alta del río Anzu.

Estos factores han puesto en peligro de extinción a especies como jaguares, osos de anteojos y tapires que necesitan grandes espacios de bosques para cumplir su ciclo biológico. Existen pocos remanentes de bosques que cumplen estas características y uno de ellos es el Piatúa, asegura Mesa. Él participó en la audiencia por la acción de protección que pusieran las comunidades contra la hidroeléctrica, el 17 de junio pasado. Lo hizo como testigo experto. Mesa, quien además es técnico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), cree que el estado en lugar de promover un proyecto de ese tipo “lo que debería promover es la conservación,  que estos espacios sean considerados como santuarios de vida silvestre para recuperar este ecosistema que se está degradando”.


Foto: Facebook Piatúa Resiste
El 14 de noviembre,la población de Santa Clara se tomó la troncal amazónica Tena-Puyo-Macas para exigir el retiro de maquinaria pesada de la constructora de la central Piatúa.

Además de Mesa, otros expertos explicaron en la audiencia que donde nace el río existen al menos seis ecosistemas y que de la cuenca del Piatúa son parte los ríos Yasa Yaku, Shshirianka Yaku Yaku, Shika Yaku, Jatun Piata Yaku y otros, que según los demandantes, han sido invisibilizados dentro de los estudios realizados por la empresa.

¿Cómo afectará la hidroeléctrica a ese ecosistema? Según el biólogo, se da en el desbroce del bosque primario en el sector donde se va hacer la captación del agua para la hidroeléctrica. Esa central está en plena fase de construcción. Se ubica entre las provincias de Pastaza y Napo, específicamente en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola, Santa Clara, Mera y Tena. Está previsto que tenga una potencia de 30 MW aprovechando las aguas del río Piatúa.

El antopólogo Carlos Duche dice que en la cuenca del río Anzu, a la que pertenece el Piatúa, existe petroglifos con más de 8 mil años de antigüedad. Asegura que los ríos Pastaza y Anzu eran los caminos naturales  de las civilizaciones que vivían en estos lugares. El fue uno de los testigos expertos que declararon en la audiencia de acción de protección. 

Pero según la Defensoría del Pueblo, “fue planteado con el objetivo de generar 30 MW de electricidad para maximizar el beneficio de los incentivos ofrecidos por la Codificación de la Regulación CONELEC - 001/13 (a pesar de su derogación), sin tomar en cuenta la disponibilidad del recurso hídrico”. Ese es uno de los problemas más señalados por los pobladores. Los indígenas kichwa conformaron la organización Pueblo Originario de la Nacionalidad Kichwa del cantón Santa Clara (Ponakicsc) y han sido uno de los denunciantes contra la hidroeléctrica. En su demanda señalan que Genefran “pretende captar la mayor parte del caudal promedio anual del río Piatúa”. 


Fotos: Cortesía Ponakicsc
Una imagen de los trabajos de Genefran donde se observa la tala de bosque. 

Los demandantes narran los siguientes hechos: “En el proyecto inicial de Genefran S.A. consta como objetivo el de  captar un caudal de 20 m3/s, lo que afectaría irremediablemente al río Piatúa ya que de acuerdo a los informes emitidos por Senagua (entidad rector del agua en Ecuador) el caudal medio mensual del sitio de captación es de 14,01m3/s. A pesar de esto, el caudal autorizado en un principio fue de 12,60 m3/s, con un 10% de reserva para el caudal”. Eso sin tomar en cuenta el uso del agua de la población. Marcos Ochoa, subsecretario de Demarcación Hidrográfica Napo, dijo en esa misma diligencia que los habitantes no han solicitado el recurso hídrico para riego, por lo tanto no afectaría su soberanía alimentaria. No se refirió a la controversia sobre los estudios de la cantidad de agua.

La Defensoría del Pueblo afirma que no hay un estudio que permita certificar la cantidad de agua en el río. El pedido de la empresa se habría hecho, de acuerdo con esa entidad, con datos de otra cuenca hidrográfica, del Río Verde, en Tungurahua. No es el primer proyecto donde la Senagua carece de información antes de entregar una autorización de agua. Un ejemplo emblemático es lo ocurrido en San Pablo de Amalí contra la hidroeléctrica de Hidrotambo al punto de legalizar agua que no existe


Foto: Cortesía Ponakicsc
Los habitantes aseguran que la presencia de maquinaria pesada ha afectado al río. 

Pero hay otra preocupación respecto al río Piatúa. El estudio de impacto ambiental que presentó la empresa dice que captará las aguas del río para luego devolverlas al río Jandiayacu, que está a dos km de distancia. Mientras que en el documento de trámite para la concesión del agua manifiesta que se hará la restitución del agua a su cauce natural. Esa contradicción la hizo nota César Medina, del Frente Piatúa Resiste, en la audiencia de la acción de protección. Esa es una las principales preocupaciones de la comunidad vecina. Para el biólogo Mesa, si más del 90% del río es trasvasado a otro río eso provocaría una disminución casi total del Piatúa con graves consecuencias para el ecosistema acuático y para las actividades del pueblo Kichwa. “El impacto sería irreversible”, asegura.

¿Otro proyecto inconsulto?

Uno de los principales reclamos de los habitantes del cantón San Marcos es la falta de consulta previa para el proyecto. Ponakicsc ha  manifestado que en ningún momento fueron informados sobre los planes y proyecciones de la hidroeléctrica ni por la empresa ni por el Estado. Afirman que no tuvieron acceso a los estudios de impacto ambiental. Explican que el Ministerio de Ambiente para la aprobación de la licencia ambiental, la empresa tenía que cumplir con la entrega de 72 invitaciones a las comunidades durante la etapa de participación social. “Es decir, se otorgó la licencia ambiental sin que exista una verdadera consulta, únicamente para que la empresa cumpla con esto como un mero requisito posterior a la entrega de la autorización”. A las 185 que sí les entregaron las invitaciones, una gran parte de ellas fueron autoridades de las provincias de Napo y Pastaza, agrega la organización indígena. “Sin embargo, no se contó con una verdadera participación de las personas, pueblos y nacionalidades del sector”.

Imágenes captadas por un drone sobre la construcción de la hidroeléctrica.

La acción de protección fue finalmente negada el mismo día de la audiencia. El juez Aurelio Quito no encontró ningún derecho violado. En su sentencia establece que no hay un pueblo ancestral que deba ser consultado y que los testimonios de seis comuneros que se expresaron en español, dan cuenta de su argumento.


Cristian Aguinda, presidente de la Ponakicsc, afirma que alrededor del río existe toda una cultura ancestral y de convivencia con la naturaleza.  Hay más 190 lugares sagrados. Cuenta que en la zona donde se harán la captación del agua se ve una deforestación en una superficie de hasta 70 metros de ancho por 6 km de largo aproximadamente.  A ese lugar ha llegado  maquinaria pesada a realizar los primeros trabajos. “Los ríos están con aceite”. Su población integra 22 comunidades y más del 60% de la población del cantón Santa Clara es indígena, eso es 2.500 personas. Esa población se ha declarado en Asamblea permanente para seguir de cerca lo que suceda con el río.

Una empresa cercana a la minería y al petróleo

Plan V solicitó una entrevista con la empresa Genefran a través de sus dos correos electrónicos registrados en la Superintendencia de Compañías, sin ninguna respuesta hasta el momento. Esta redacción llamó al celular que allí constaba, pero la persona que contestó dijo que ese número ya no pertenecía a Genefran. Los otros dos números locales pertenecían a una cooperativa de ahorro. Según la web de la Superintendencia, Genefran tiene dos socios: Gustavo Villacreces y la empresa Elitebusiness Comercio y Servicios S.A.. Esta última es a su vez accionista de empresas de ingeniería civil, de generadoras eléctricas, de inmobiliarias, de firmas de extracción de petróleo y gas (Petgas Negocios con Terceros Ecuador) y de la minera Amazonas Mining Company. Villacreces, por su parte, es accionista de dos empresas de generación eléctrica y con su hermano de la constructora Villacreces Andrade. Genefran se constituyó en el 2013.

En el acta de la sentencia reposan los argumentos de la empresa frente a los cuestionamientos de los pobladores Kichwas. “La empresa en el trámite para la obtención del título habilitante de concesión ha cumplido con el procedimiento que las distintas leyes de la materia han previsto.  De ésta manera, revisado el expediente, se evidencia que la empresa Genefran S.A. ha observado con lo establecido en el Art. 83 numeral 1 de la Constitución de la República, esto es acatar y cumplir la Constitución y la ley”, sostuvo.


Esta imagen tomada con un drone permite ver el avance de la obra. Los directivos de Genefran han dicho que esta obra es para el desarrollo del país. 

El 24 de abril pasado, Genefran dio una rueda de prensa en Puyo. Estuvieron Walter Tapia, jefe de la empresa, y Fernando Carrillo, gerente comercial. Según reportó el medio local Notiamazonia, los representantes de la compañía negaron cualquier vinculación con el exvicepresidente Jorge Glas. También aseguraron que el río no sufrirá ningún desabastecimiento con las construcción de la hidroeléctrica. Carrillo informó que la obra seguirá y que cuenta con el respaldo de la mayoría de comuneros de la zona. Reiteraron que siempre han estado en contacto con los habitantes y que tienen un reporte fotográfico de aquello. Agregó que 60 personas del lugar están trabajando en la obra. En su opinión la oposición al proyecto se ha dado por un mal manejo de la información. “Es un proyecto de inversión y de desarrollo para el país. No podemos parar, tenemos que seguir”. Contó que la inversión que están haciendo va entre los 57 y 60 millones de dólares.

Los ministerios también han defendido el proyecto. Por ejemplo, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad aseguró que Genefran ha presentado toda la documentación requerida y que de acuerdo al lugar en donde se construirá el proyecto, este no se intercepta con áreas protegidas. Lo mismos hizo la Senagua y el Ministerio del Ambiente.

El juez Quito, en su resolución, solo confirmó lo que aseguró esa última entidad: “Se determina entre el río Piatúa y Jandiayacu la existencia de 5 especies de peces y tres familias, sin embargo de aquello se puede establecer que las comunidades son dinámicas y no se registra riesgos altos respecto a su supervivencia aplicando medidas de mitigación adecuadas. Respecto a mamíferos y demás especies existentes en el medio pudo determinarse en primer lugar estar considerados en los estudios pertinentes de los cuales se concluye que el impacto esperado se ubica en una escala - medio bajo - por lo que el habitad (sic.) no corre peligro”.

Lenin Sarzosa, uno de los abogados de los demandantes, dijo haberse quedado anonadado por la simplicidad de la resolución del juez. “El debate fue de alto nivel con evidencias científicas”. Las comunidades apelaron la resolución el pasado 28 de junio y esperan fecha para la nueva audiencia.

Demanda por 60 millones de dólares

Durante el conflicto con las comunidades, Genefran ha denunciado a tres personas, dos líderes sociales y un activista. Uno de ellos fue Aguinda quien enfrenta un proceso por supuesta intimidación. El delito, según la empresa, se cometió dentro de los predios donde se construye la hidroeléctrica, el 26 de  junio de 2018. Tres días antes, los comuneros se declararon en asamblea permanente y luego de varias reuniones redactaron un documento con sus pedidos, uno de ellos que se realice la consulta previa. Con ese pliego, alrededor de 200 personas acudieron hasta la central, encabezadas por Aguinda y dirigentes de la Confenaie y de la Conaie. El documento lo entregaron a dos guardias de la empresa y les dijeron que tiene un plazo para contestar la demanda del pueblo Kichwa. La empresa argumentó que sus empleados fueron víctimas de un acto de intimidación y que fueron amenazados con quemarles la casa.  Fernando Carrillo, gerente comercial de Genefran, dijo en una rueda de prensa que tuvo que retirar a su personal porque fueron amenazados con lanzas por personas fuera de Pastaza.

Pero Aguinda, en la audiencia de formulación de cargos, rechazó esas declaraciones airadamente. Para el abogado de Aguinda, Lenin Sarzosa, se trata de un acto de persecución contra el máximo dirigente de las comunidades Kichwas que se oponen a la hidroeléctrica. El jurista refiere que el día que ocurrieron los hechos estaban más de 200 personas, pero la denuncia solo fue contra Aguinda y agrega que con ella  la empresa “ha tratado de negociar la firma de un convenio entre la comunidad y la hidroeléctrica para permitir la construcción”. La denuncia se encuentra en instrucción fiscal. Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso dijo que hay elementos de la investigación previa que no puede exponerlos en la audiencia, algo que llamó la atención a la defensa de Aguinda pues siempre la Fiscalía debe presentar todos sus argumentos.

La empresa también demandó a Matthew Terry, de la Fundación Río Napo. Es una demanda civil por daño moral y fue puesta el 27 de noviembre de 2018. Esto se dio después de que Terry diera unas declaraciones a Radio Católica. Según la demanda de la empresa, afirma que el activista “inicia un ataque verbal infundado, totalmente difamante y falso”, declaraciones que fueron reproducidas por 16 medios, según la demanda. La defensa de Terry contestó la demanda y argumentó que su cliente no mencionó en ningún momento a Genefran.

La empresa pidió una indemnización por 60 millones de dólares por haber afectado supuestamente su imagen. Los 55 millones, establecía la compañía, eran “imputables a la pérdida del costo total del proyecto” que, según ellos, habría provocado el activista con sus declaraciones; y los 5 millones restantes correspondían al daño moral propiamente dicho. “La afectación que se aprecia en adelante se ha ampliado de forma generalizada llegando a las personas de Pastaza, del país y del mundo, comentada en los medios públicos y medidas de facto por la desinformación”. El caso ya pasó por una primera audiencia y la demanda fue desechada. La compañía apeló la sentencia y el proceso irá a la Corte Provincial de Pichincha. Rigoberto Reyes, líder comunitario, también tiene una investigación previa por supuesta intimidación. 

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