El plazo se acaba. Hasta el 30 de junio de 2017, la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA) debe colocar la placa con la leyenda “En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo” en el aula donde ocurrió el abuso sexual a 41 niños entre 2010 y 2011. Y la semana pasada, la Corte Constitucional (CC) falló a favor de su instalación para la reparación inmaterial de las víctimas.

Pero, ¿qué es una reparación? Es una disposición constitucional que busca la protección de las víctimas de cualquier amenaza u otras formas de intimidación, su no revictimización, pero también alienta “mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado”. Está en el artículo 78 de la Carta Magna.

Sin embargo, la colocación o no de la placa ha esta estado envuelta en polémicas y trabas judiciales. Es una de las reparaciones inmateriales que pidió la Fiscalía en este caso y que la Corte de Pichincha incluyó en su sentencia del 21 de junio de 2016 contra el agresor de los menores: su profesor José Luis Negrete Arias. Negrete Arias torturó y abusó de los estudiantes durante sus clases. Fue procesado por dos delitos. Por violación a una estudiante fue condenado a 16 años de cárcel; y por atentado al pudor contra los 41 alumnos, a 7 años.

Es en esta última causa donde la Fiscalía pidió la reparación inmaterial. Por eso además de la placa, el aula de clases debe convertirse en un salón donde se dicten charlas de prevención contra la violencia infantil. La lámina conmemorativa debe ser colocada en una ceremonia pública, de un lunes, ante la presencia de los padres de las víctimas y autoridades educativas. Esta reparación que marcaría un hito en el país.

Pero esta disposición fue apelada por el rector de la institución, Luis Naranjo. Él solicitó una acción de protección extraordinaria ante la Corte Constitucional (CC) por considerar que vulneraron su derecho a la defensa, el debido proceso y por poner en riesgo el buen nombre de la institución. Su defensa argumentó que AAMPETRA nunca fue parte del proceso judicial y por lo tanto no merecía tal sentencia.

Naranjo consideró que las actuaciones de la Fiscalía, del Tribunal de Garantías Penales de Quito, así como de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha han causado a AAMPETRA un “grave perjuicio social, educativo, de buen nombre, económico y un grave daño moral”.

En la audiencia en la CC, el abogado de AAMPETRA, Walter Enríquez, sostuvo: “Lo que es más grave se afectan derechos de dignidad de una persona jurídica que lo único que tiene una institución educativa es a su haber un prestigio ganado de muchos años”.

Pero la fiscal Mayra Soria creyó necesaria esta reparación por lo casi imposible que el agresor pague USD 10.000 a cada una de las 41 víctimas. También porque los padres aseguraron que las autoridades del colegio no los escucharon ni tomaron acciones inmediatas. Justamente, en la audiencia efectuada el 6 de abril de 2017 en la CC, uno de ellos dio su testimonio:

“Efectivamente hicieron la denuncia. Hicieron las pruebas en medicina legal, hicieron todo cuanto se pudo para sacar la denuncia. Pero el momento que fueron, el señor Naranjo, director o dueño de la institución, en ese momento, les dio la espalda. Simplemente les dijo ‘el señor saben qué ya renunció y se fue’. Nunca les supo apoyar, siempre les dio en contra; inclusive, tuvo el cinismo, el descaro de decirles que las cosas que están ustedes diciéndole al señor, que es una persona honorable (...) saliendo siempre a favor del licenciado. Que tal vez las cosas que sus niños denuncian les hicieron ustedes mismos, les pasó en sus casas. Tuvo el cinismo de decirles, y les dijo que él no tiene por qué ayudarles de ninguna manera a menos que esto se pruebe. Que eso nunca van a poder probar”.

Este testimonio que se encuentra en la resolución de la CC fue apoyado por la Fiscalía. La fiscal Soria, durante la audiencia, agregó: “Es un momento en el que esta Corte debe decidir si la vulneración de la dignidad de una persona jurídica puede estar por sobre un interés, por sobre la reparación integral de cuarenta y un niños”.

El rector Luis Naranjo, en la misma diligencia, aseguró que: “Todos los personeros colaboramos legal y oportunamente para el esclarecimiento de la verdad”. Plan V solicitó una entrevista con él, pero nunca hubo respuesta. Sin  embargo, su abogado Walter Enríquez, después de varias insistencias, accedió a la entrevista. Insistió en que su defendido no tuvo derecho a la defensa y que aún dudan que los hechos hayan ocurrido en AAMPETRA. Acusó a la Fiscalía y al Ministerio de Educación de acoso por las permanentes comunicaciones que enviaran a la institución para saber sobre la colocación de la placa.

Y aunque la CC negó la acción extraordinaria de protección, aún meditan sobre la posibilidad de acudir a tribunales internacionales.

  ENTREVISTA  

“No hemos tenido oportunidad del derecho a la defensa”

Walter Enríquez, abogado de AAMPETRA

¿Por encima del buen nombre de la institución, no está el interés superior de los niños?

Sobre todo está el interés superior de los niños.

¿Y por qué se niegan a poner la placa?

Pero no decimos que están por debajo o por encima, esa es una apreciación subjetiva de Fiscalía. Lo que estamos diciendo que es que en una instituciona educativa hay varios actores. ¿Quiénes? Fundamentalmente los alumnos, las madres y padres de familias, autoridades, maestras, maestros, personal administrativo. Entonces usted vive de un buen nombre. Yo quisiera que nunca le pase esto a ninguna institución, jamás, pero sucede. Es un problema humano. Y lo estamos enfrentando.

¿Y por qué no es mejor transparentar que allí sucedieron estos hechos?

No estamos evitando la transparencia, sino que no se ha cumplido el plazo. Y mientras no se ha cumplido, nosotros tenemos derecho a que se nos dé la defensa y por eso hemos acudido a las instancia legales pertinentes. Lo que se ha hecho erróneamente es un acoso a la institución, antes que termine el plazo y eso tendrán que responder en su momento.

¿Qué acciones piensan tomar?

Nosotros lo veremos oportunamente. Pero no se puede admitir aquello. Usted sabe cuándo se ejecuta una sentencia. No cuando se dicta la primera instancia y hay una apelación. Hay personas de derecho que estaban planteado aquello con documentación y presencia permanente en el colegio. Entonces mandaban a alguien del Ministerio (de Educación) que presionaba para saber cómo está lo de la placa, lo de las aulas, lo de los audiovisuales. Eso es una presión inadmisible, porque el plazo estaba corriendo, no está vencido.

Hay padres de familia que en sus testimonios aseguran que no recibieron la atención necesaria…

Esa es una posesión personal de los padres que hay que respetarla. Si la escuela habría tenido la libertad de acudir al juicio y defenderse, antes de que le caiga la sentencia de sorpresa, tenga la certeza que todos esos argumentos se habrían esgrimido.

¿Ninguna autoridad estuvo presente en el juicio?

Jamás porque no nos convocaron. Y cuando tuvimos conocimiento de la primera instancia acudimos y se nos negó diciendo que no somos parte del juicio (...). Sin ser parte del juicio, por una circunstancia, se está sancionado al colegio. Porque hay doctrina universal que cuando se hace una medida de esta naturaleza se sanciona. Entonces así se cae en este arbitrio. Estamos nosotros diciendo que no nos dieron derecho a la defensa.

¿Cómo seleccionan a los profesores que van a ingresar a la institución?

A través de la reglamentación del Ministerio de Educación.

¿Y los reemplazos?

En los reemplazos se admite porque es algo muy pequeño, muy eventual. Pero con esta experiencia, hoy más que nunca estamos con una lupa. Hay una comisión técnica que revisa y además se toman exámenes orales a los profesores.

¿Lo hacen a raíz del ingreso del profesor Negrete?

Ahora y antes.

¿Cómo entró un profesor así?

Por excepcionalidad se dio por encargo, sin haber pasado un examen previo. Fue el único caso que yo conozca.

Los padres de familia aseguran que los profesores de reemplazo son seleccionados en función de los bajos costos...

En nuestro país uno de los males es generalizar las cosas. Es hora que el Ecuador se dé un baño de verdad. Si el Ministerio de Educación tuviera una queja puntual sobre eso tendría  que investigar (...). Conozco por noticia extraoficial que hay varios miles de bachilleres en el sistema público educativo que no tienen la titulación. Deben ser rezagos no solo en lo particular, sino en lo fiscal, en los fiscomisional.

¿Qué está haciendo el colegio para prevenir casos de abuso sexual?

Tenemos una dirección educativa de control. Cuando hay una voz de alarma, los niños son llamados al departamento y hay sicólogos de planta (...) En el caso puntual (de los 41 niños abusados), hubo una consultoría externa. (...) Lo que es malo es que no se haya dado derecho a la defensa a una institución y se le imponga una sentencia. El resto es saludable.

Pero la sentencia busca de alguna manera reparar…

Esa es la medida que hay que ponerse a pensar. ¿Qué repara?, ¿a dónde va?, ¿qué conseguimos con esto?

¿Es una medida que no ayuda en nada?

Respeto la sentencia, he buscado los cánones jurídicos para decir que se nos juzgó en ausencia. Para demostrar la verdad del colegio. El colegio dijo estoy aquí. Nos dijeron: ‘pero no son parte del juicio’. Pero tenga la sentencia. No importa los años que pasen, algún día (la CIDH) me darán la razón (...) ¿En qué quedó el caso del colegio La Condamine? Ese es nuestro país. ¿Acaso quieren ahora un chivo espiatorio para el resto? Hay inversiones, hay un prestigio, hay un trabajo. ¿Un egresado de la institución se afecta o no se afecta?

Pero también estamos hablando del abuso de 41 niños en esa institución y no se dieron cuenta en dos años...

No es en la institución. No está probado fehacientemente que sucedió en el aula. No está probado y ese es el problema de fondo. Y por eso pedíamos el derecho a la defensa. Muchos de esos abusos se dieron fuera de la institución, en la casa de los niños. Por eso la amistad de los padres de familia. Esa es la presunción que tiene el colegio.

Pero los testimonios de los niños dicen que sucedió durante las clases...

Pero no en la magnitud que recoge la Fiscalía. La magnitud es sopesar la declaración técnica y científicamente, cronológicamente.

¿Es decir que los testimonios de los niños no son creíbles?

Tienen un principio de prueba que analizan las autoridades que juzgan. Pero cuando tiene el derecho a la defensa tienen el derecho de aportar pruebas, es lo que se violentó contra el colegio.

Pero todo empezó en el colegio...

Posiblemente. Nadie tiene la verdad absoluta. ¿Y qué pasa con los padres y madres que vienen a decir que el profesor es una maravilla, si supuestamente estaban viviendo eso? No hay el examen psicológico (del acusado). Era un deber de la Fiscalía hacer el examen psicológico (al profesor).

Pero también de la institución y saber quién va a trabajar con los niños...

Nosotros no podemos vivir del pasado. Cuando vivimos el juicio podemos vivir el hoy y el mañana (...) Pero ya se produjo el problema, pero en el juicio tenía la obligación la Fiscalía de saber ante qué personalidad estábamos. Y no lo hicieron.  No podemos llorar sobre el pasado. Vamos a hablar del futuro y sobre si el colegio decide poner la placa. Y que para algo sirva la placa.

Quizá para refrescar la memoria y evitar que estos episodios pasen de nuevo...

Usted es muy joven. Luego vamos a seguir conversando de esto. El problema no queda ahí, tienen sus connotaciones. Lo único que nosotros hemos hecho es reclamar derechos de la institución.

¿Cree que un tribunal internacional de paso a su solicitud a favor del colegio en relación a los derechos de los 41 niños abusados?

Yo creo que sí porque no estoy hablando de eso.

Sino...

Del derecho a la defensa de la institución. Allí hay un equívoco. Yo estoy respetado el valor de esos niños. Hay un sentenciado que tiene cárcel por varios años. Ahí no estoy diciendo un milímetro. Yo voy a la institución y a la persona jurídica que no tuvo derecho a la defensa y fue sancionado sin haber una normativa.

Testimonios de los niños señalan al colegio como lugar de los hechos...

Como digo no hemos tenido oportunidad del derecho a la defensa.

Réplica de la fiscal Mayra Soria:

“Ellos no son sentenciados (AAMPETRA). La sentencia solo cae contra el profesor. La sentencia declara la culpabilidad para José Luis Negrete e indica que es responsabilidad de todas las personas la reparación para los 41 niños. Cuando en sentencia se expone reparación no solo es a la escuela sino al Estado a través del Ministerio de Educación (llamado a establecer políticas públicas para mejorar el ingreso de profesores a los planteles) y del Ministerio de Inclusión Económica y Social (para las terapias psicológicas a las víctimas). El Estado está cumpliendo y se pide actuar también a la institución privada. Pedimos que nos indiquen cuándo van a hacer el  aporte que les corresponde para la reparación”. 

“AAMPETRA fue parte de las investigaciones.  Incluso fue uno o dos profesores los que comparecieron en la audiencia. Estuvo el inspector como testigo.. Donde ellos han querido han comparecido y se les han dado la voz. Además está corroborado por testimonios de los padres que nunca recibieron atención”.

“Se comprobó (que los hechos ocurrieron en el plantel) y le pusieron la máxima pena al agresor porque se demostró una de la agravantes:  que se cometiera en una institución educativa”.