El apoyo del empresariado al paquete de reformas laborales anunciadas por el Gobierno, que serán enviadas al Legislativo con carácter de económico urgente, fue unánime.

Promocionadas como medidas para "cuidar el empleo en tiempos de crisis", las reformas, que, entre otras cosas, apuntan a una mayor "flexibilización laboral" y a crear una jornada laboral reducida -con la consiguiente reducción de los ingresos de los trabajadores- fueron bien acogidas por los sectores empresariales, mientras recibieron críticas de los sindicatos y centrales obreras.

El anuncio lo hizo el presidente Rafael Correa, en su sabatina del 6 de febrero de 2016: en "condiciones extremas" y "previo acuerdo" se pactaría una jornada laboral de por lo menos seis horas o se trabajaría menos días a la semana con jornadas más extensas. Obviamente, los empleadores pagarían solo las horas trabajadas y ya no las ocho de la jornada laboral normal. El presidente propuso también un contrato "más flexible" en el campo, con una duración de un año y sin estabilidad. 

Otra reforma propuesta desde el oficialismo es que el Gobierno pague los aportes al IESS del primer año de empleo de personas de entre 18 y 24 años, con el fin de ayudar a los empresarios a fomentar la contratación de jóvenes. Pero al mismo tiempo, se eliminaría la norma actual que obliga a pagar un salario básico a los pasantes para reemplazarlo con un "estipendio". 

Se ha anunciado la creación de un seguro de desempleo, similar al que opera en países europeos como España (en donde es conocido como el "paro") que el Estado paga durante un año a quienes no consiguen trabajo. Aunque actualmente el IESS tiene un fondo de cesantía, este se entrega en su totalidad en su solo pago a las personas que lo han acumulado con sus aportes, y no constituye una renta mensual. Quienes no están afiliados al IESS no tiene ningún tipo de ayuda en casos de desempleo. 

No obstante, hasta el momento las ideas del Gobierno no se han concretado en ningún documento, mientras la Asamblea Nacional se encuentra en receso legislativo y, por ello, no se acepta ningún nuevo proyecto. 

Entusiasmo empresarial 

Para voceros empresariales, la medida seria muy adecuada para sectores como el comercial y agrícola y para industrias manufactureras, como las textiles, metalmecánicas, mueblerías y agroindustrias. Desde el empresariado se acepta que las ideas fueron presentadas por ellos y aceptadas por el Ejecutivo. 

En efecto, empresas que trabajan bajo pedido, como las metalmecánicas, podrían verse beneficiadas por estas reformas, pues, argumentan desde el sector, podrían requerir operarios de acuerdo con sus pedidos. 

En el campo, se podría ajustar el personal a los ciclos de producción, según argumentan los empresarios del sector. 

Las reformas legales pasarán por ajustes al Código del Trabajo, que actualmente blinda la jornada laboral en ocho horas y asimila la reducción de salarios al despido intempestivo. De ahí que se espera que el paquete de reformas laborales apunte a cambios en la norma. Tanto el artículo 173 cuanto el 82 del Código del Trabajo deberían ser reformados para permitir este nuevo esquema. 

Para Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, las reformas que propone el Gobierno pueden definirse como "adaptabilidad normativa laboral" y son útiles en momentos de crisis como el que vive el país. 

Críticas sindicales

Pero para los sindicalistas, el tema no es tan simple. La pérdida de derechos de los trabajadores, como la jubilación patronal, la relativización de la estabilidad laboral y del empleo de calidad y la reducción de ingresos debido a la reducción de la jornada son temas que preocupan a los dirigentes sindicales.

El presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), José Villavicencio, habló con PLANV al respecto.

¿Las centrales sindicales han cuestionado algunos de los aspectos anunciados por el Gobierno cuál es el argumento?

El país debe recordar que estas propuestas no son nuevas, sino quer fueron planteadas el primero de mayo de 2014 por parte del Gobierno. Ahí ya se habló de la precarización laboral, de la eliminación de los derechos indivuales y colectivos, el derecho a la jubilación patronal, a la mensualización de los décimos. Adicionalmente es importante señalar que desde 2009 las cámaras de la producción ya planteaban ocho ejes de reforma a la política laboral. El Gobierno no está buscando resolver el tema del desempleo ni la crisis, lo que están buscando es ejecutar el acuerdo que desde 2009 ya se había realizado con los empresarios, postura a la que se han sumado políticos como Guillermo Lasso. 

Para José Villavicencio, los acuerdos entre el Gobierno y el empresariado datan de 2009. 

¿Entonces, la crisis es un pretexto para una reforma laboral que ya estaba pactada con los empresarios?

En efecto, en el documento del 2009 ya se dijo que se debía eliminar la doble jubilación, y para eliminar la jubilación patronal se realizarán los contratos por hora. De esta forma se reduce la estabilidad y se elimina, en la práctica, la jubilación patronal. También se van a eliminar la horas extraordinarias y suplementarias, que el trabajador tenía como una forma de mejorar sus ingresos. Otro derecho que se va a eliminar es la organización sindical, pues quienes no tengan contratos estables y permanentes no van a poder organizarse ni beneficiarse de la contratación colectiva. Actualmente hay por lo menos 300 mil despedidos en el país, y las cifras del Gobierno no cuadran con la realidad. 

¿Al eliminarse la jornada completa, tampoco habría derecho a las utilidades?

Ningún trabajador que trabaja por obras recibe utilidades, se está afectando a los derechos de los trabajadores. En el derecho a los jóvenes, por ejemplo, la Constitución garantiza el empleo de los jóvenes, pero esto no se ha cumplido, pero al mismo tiempo se va a quitar el ingreso de una remuneración básica a los jóvenes, lo que les va a impedir desarrollar sus habilidades. La propuesta de pagar el IESS no tiene financiamiento y es una mentira más del Gobierno, una muestra más de demagogia.

¿Al trabajar por seis horas, en la práctica, se ganaría menos?

En la actualidad ya hay empresas privadas que trabajan 24 horas y en las que ya hay cuatro turnos de seis horas. Al decir que el aumento aumentará lo que se pretende es dinamizar la mano de obra, obligando a trabajar a la gente el sábado y domingo sin ningún recargo, lo que va a suceder en la práctica es que se trabajará de domingo a domingo sin ningún recargo. Este no es un tema económico urgente sino de derechos individuales y colectivos, por lo que sería inconstitucional tratarlo de esta manera.

¿Pero, hay empresas que podrían adoptar estas modalidades de manera válida?

En mi opinión no se busca generar más empleo en los sectores agrarios, pues ya ha habido acuerdos ministeriales fijando el diario de los trabajadores. Ya se paga de acuerdo con el rendimiento del trabajador en esos sectores, lo que va a permitir es que los empresarios van a evitar las afiliaciones al IESS y a reducir el pago de horas extraordinarias y suplementarias.

¿Este es un proceso similar a la flexibilización laboral neoliberal?

Fue la presión social la que evitó que el Gobierno apruebe en un pasado las reformas laborales, y, por eso, ahora van con las mismas prácticas de los gobiernos neoliberales. Se dijo que con el contrato a plazo fijo iba a haber estabilidad laboral, pero eso no ha sucedido hay despidos a diario. El Gobierno está acabando con demagogia con los derechos de los trabajadores. Se dice que el ser humano está por encima del capital pero en la práctica no es así.