La Fiscalía General tiene en curso la instrucción fiscal contra el presidente de la FEF, Luis Chiriboga; su secretario general, Francisco Acosta y el coordinador de Logística de la Federación, Vinicio Luna.

El fiscal general, Galo Chiriboga, cuya entidad en nombre de la vindicta pública debe investigar y perseguir los presuntos delitos de lavado de activo, y de ser el caso acusar a los tres personajes mencionados, dijo que si la abogada de los acusados, Lucía Vallecilla, tiene, como se ha denunciado, un título falso registrado en el Senescyt, el proceso contra el presidente de la FEF puede ser nulo, y si la Fiscalía no la reconoce como abogada debido a este hecho, la doctora Vallecilla dijo que "todo el proceso sería nulo" y sus defendidos debieran quedar libres inmediatamente, porque la ley es muy clara y volveríamos a fojas cero.

El fiscal Chiriboga, coincidiendo con la abogada de la defensa,  dijo que la Fiscalía va a llevar a audiencia este caso para que sea la jueza que lleva el proceso la que determine lo que corresponde, "que en mi opinión sería la nulidad".

El Fiscal se refiere al escándalo último en el cual el titular del Senescyt, René Ramírez, denunció 366 casos de presunta falsificación de registro de títulos en la entidad que dirige. Entre estos estaría el tñitulo de la abogada Vallecilla, aunque ella lo ha negado. 

Sin embargo, los artículos 324, 325 y 326 solo determinan como causas de la nulidad de un proceso se da por indefensión del acusado, falta de jurisdicción y competencia del juzgador. Para el asambeísta Ramiro Aguilar, quien ha sido el principal -si no el único- legislador y fiscalizador que ha seguido el caso, hay avidencias claras de que las autoridades tratan de proteger a Luis Chiriboga. La postura del fiscal general sobre este tema de la título de la abogada sería una de ellas. Las otras tienen que ver con el ocultamiento a la opinión pública del avance de las investigaciones, por lo cual el asambleísta reveló en su cuenta de twitter tres de las 39 páginas del informe de la UAF, que constaba en la instrucción fiscal.

El inicio de la historia

La primera noticia de la prisión de los principales jerarcas de la FIFA al parecer no había llegado al Ecuador, porque ninguna autoridad judicial se preocupaba aún por lo que podía estar pasando en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los manejos económicos de sus principales directivos como coletazo natural del Fifagate.  

La primera y quizá única comunicación oficial al respecto la dirigió el asambleísta independiente, Ramiro Aguilar, al procurador general del Estado, Dr. Diego García Carrión, el 2 de junio del 2015.  En ella le decía que “como es de público conocimiento, las autoridades judiciales de Estados Unidos de Norteamérica están llevado a cabo investigaciones relacionadas con sobornos a varios dirigentes de distintas asociaciones que integran la FIFA. De igual manera, las autoridades judiciales y administrativas de los países a los que pertenecen esas asociaciones, han iniciado sus propias investigaciones al respecto, para encontrar posibles violaciones a su legislación nacional, pro presunto lavado de activos”.

Aguilar pedía a García Carrión, en su calidad de presidente del Directorio del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos que pusiera en consideración del pleno del Consejo, la petición a la Unidad de Análisis Financiero “para que esta recabe información sobre las operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas de las cuentas bancarias de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, su  Presidente y demás dirigentes. Una vez que concluya la investigación, y de haber mérito para ello, el Consejo dispondrá a la UAF remita un reporte a la Fiscalía General del Estado, para los fines  legales consiguientes”.

Tres días después, el procurador García notificó a Aguilar que había remitido su pedido a Byron Valarezo Olmedo, director general de la Unidad de Análisis Financiero. En efecto, mediante oficio 01431, el Procurador del Estado pone en conocimiento de este funcionario la petición de Aguilar y le pide que dicha petición “sea atendida en el ámbito de la competencia que la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, reconoce a la Unidad de Análisis Financiero”.  Eso significaba, según explicó el Procurador al asambleísta Aguilar, en el oficio 01430 del mismo día, que el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, CONCLA, no tiene competencia para investigar sino la UAF, que es el brazo operativo del Consejo. También le dijo que “los resultados de una investigación específica solo pueden ser entregados al Fiscal General del Estado”, por lo tanto, decía García Carrión: “no es competencia del directorio del CONCLA y de su Presidente, requerir a la UAF que obtenga la información solicitada ni disponerle que remita un reporte de resultados a la Fiscalía General del Estado por ser estas facultades expresas, ya atribuidas por la Ley, a la Unidad de Análisis Financiero”. La comunicación fue enviada con copia al Fiscal General del Estado.

De modo coincidente a esa respuesta, el 5 de junio del 2015, el fiscal general, Galo Chiriboga, envió el oficio 05915 a la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch en el cual le decía que “La Fiscalía General del Ecuador, como órgano autónomo de la investigación pre procesal y procesal penal del sistema judicial ecuatoriano, y en vista de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol –FEF- forma parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol –CONMEBOL- organismo involucrado en presuntos delitos relacionados con la organización de las ediciones de la Copa América, solicito cumplidamente a usted toda la información preliminar respecto de las actividades que involucren e incluyan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a sus dirigentes en hechos y actividades delictivas.

Foto: Flickr Agencia Andes

“La Fiscalía General del Estado, al amparo de los principios de reciprocidad y colaboración internacional, ofrece disponibilidad y aporte investigativo en este caso de corrupción internacional”. Eso lo informaba Chiriboga también a Aguilar el 17 de junio, en una carta en la cual refería además que, en la reunión de fiscales generales del Mercosur, que se dio en Brasil el 11 de junio, se aceptó la moción del coordinador del Grupo Especializado sobre Crimen Organizado Transnacional de la Reunión de Ministerios Públicos del Mercosur, para que se pida formalmente a Loretta Lynch que remita a la Presidencia de la reunión de fiscales y esta, a su vez, a todos sus miembros y asociados, toda información que tuviere respecto a la investigación penal dirigida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, DOJ, en el denominado Caso FIFA.

Sin embargo, el abogado Fabián Franco, director general subrogante de la Unidad de Análisis Financiero, no estuvo de acuerdo con la petición del asambleísta Aguilar. En una comunicación oficial, del 11 de julio del 2015, le dice que según la Ley contra el Lavado de Activos, el funcionario está impedido de entregar información que no sea a la Fiscalía General del Estado, y “de ser el caso” a la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN. El funcionario citó la ley en su Art. 10 que entre las funciones de la Unidad de Lavado de Activos, está la de “remitir exclusivamente a la Fiscalía General del Estado el reporte de las operaciones inusuales e injustificadas que contendrá el análisis correspondiente con los sustentos del caso, así como las ampliaciones e información que fueren solicitadas por la Fiscalía; en consecuencia, la Unidad de Análisis Financiero queda prohibida de entregar información reservada, bajo su custodia, a terceros”. El funcionario citó también una resolución de la UAF del 16 de enero del 2013, en la cual el organismo declara como reservada y secreta toda información que la Unidad mantenga y custodie, así como aquella que sea producto de sus actividades de análisis operativo y estratégico.

Habían pasado más de cuatro meses de esa última comunicación, cuando, el 3 de diciembre del 2015, la fiscal general de Estados Unidos involucró a Luis Chiriboga y a otros 15 dirigentes del fútbol mundial, en el Caso FIFA.  Entre los nuevos demandados estaban cinco miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA y los presidentes en funciones de la Concacaf y la Conmebol, rectoras del fútbol centroamericano y sudamericano, respectivamente.  La acusación fue por crimen organizado, fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero, en relación con “su participación en un plan de 24 años para enriquecerse a través de la corrupción del fútbol internacional”, dijo el comunicado oficial del Departamento de Justicia.  Los nuevos acusados también son sospechosos –dijo el DOJ- de delitos de extorsión y soborno.

La acusación formal incluyó 92 cargos o acusaciones y, en conjunto, para los 27 imputados en esta ocasión, el DOJ presentó la acusación formal relevante de que “han participado en una serie de planes diseñados para solicitar y recibir más de USD 200 millones en sobornos y comisiones ilegales para vender medios lucrativos y de los derechos de comercialización de torneos internacionales de fútbol y partidos, entre otros derechos y propiedades valiosas”.

Según la acusación formal, entre 1991 y el presente año los acusados y sus cómplices hicieron una empresa para violar las leyes federales sobre crimen organizado, incluido fraude, soborno y lavado de dinero. “Dos generaciones de dirigentes de fútbol abusaron de sus cargos de confianza para obtener beneficios personales , con frecuencia a través de una alianza sin escrúpulos con los ejecutivos de marketing deportivo para excluir a los competidores y han mantener contratos lucrativos para sí mismos mediante el pago sistemático de sobornos y comisiones ilegales”, dijo el informe.  Los dirigentes de fútbol están acusados de conspirar para solicitar y recibir más de USD 200 millones de dólares en sobornos y comisiones ilegales a cambio de su apoyo oficial a los ejecutivos de marketing deportivo que accedieron a hacer pagos ilegales.

En el acta de acusación ante la justicia federal de Brooklyn (Nueva York) con fecha 25 de noviembre del 2015 -un documento de 240 páginas donde se detallan las acusaciones- consta el artículo 181: "Empezando desde o alrededor del año 2009, un grupo de seis presidentes de las asociaciones (de fútbol) miembros menos poderosas de la CONMEBOL formaron un bloque para obtener mayor control  sobre las decisiones relativas a la gobernanza de la CONMEBOL y a la venta de propiedades comerciales, cuyas decisiones previamente  habían sido dominadas por los representantes de los poderosos Argentina y Brasil. Este bloque fue liderado por los acusados Luis Chiriboga, Rafael Esquivel y Luis Bedoya. Los otros miembros del bloque , en sus inicios, eran los acusados Juan Angel Napout, Manuel Burga y Carlos Chávez. El grupo, según la justicia estadounidense “exigió que ellos también deberían recibir sobornos a cambio de apoyar a T&T como la compañía dueña de los derechos de transmisión de la Copa Libertadores, entre otros torneos".

“El empresario argentino Alejandro Burzaco –se lee en el artículo 182 del documento- estuvo de acuerdo y comenzó a pagar sobornos de seis cifras a: Juan Ángel Napout, Manuel Burga, Carlos Chávez, Luis Chiriboga y Rafael Esquivel. Luis Bedoya comenzó a recibir sobornos desde 2010; Sergio Jadue, desde 2012 para asegurar el apoyo". Burzaco fue acusado de dar sobornos y coimas a dirigentes del fútbol sudamericano para conseguir los derechos de mercadeo de torneos.

Los esquemas alegados –señala el reporte oficial del DOJ- en la acusación están relacionados con la solicitud y recepción de sobornos de los funcionarios de fútbol por parte de los ejecutivos de marketing deportivo, en relación con la comercialización de medios de comunicación y los derechos de comercialización asociada con varios partidos de fútbol y torneos; así como los planes relacionados con el pago y la recepción de sobornos en relación con el patrocinio de la federación de fútbol de Brasil.

Al hacerse público el informe, el presidente Chiriboga dijo que colaboraría con la justicia estadounidense y ecuatoriana pero que descartaba una renuncia a la presidencia de la FEF. Apensa tres clubes, de más de 25 y ninguna asociación, afiliadas a la FEF pidieron la salida de Chiriboga. Las dirigencias de Liga, U. Católica y Manta expresaron esa necesidad, pero la FEF respondió con una suspensión de 90 días a su presidente. 

La prisión domiciliaria para Chiriboga y Acosta, y la detención de Vinicio Luna sorprendieron a la opinión pública. Muchos cosideraban que esas medidas cautelares estaban relacionadas con el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero no se trataba de eso. En la Unidad Judicial de Garantías Penales, con competencia en infracciones flagrantes, de Quito, se dio la audiencia de formulación de cargos, la cual empezó a las 9H30 y terminó a las 10H15 del 5 de diciembre. Como actor se presentó la fiscal Lady Diana Salazar Méndez y como demandados los aludidos Chiriboga, Acosta y Luna. Su abogada defensora fue Darlin Lucía Vallecilla, que según el acta correspondiente no asistió. En la sección alegatos, del acta, consta que la fiscal señalaba que "la investigación previa ha sido la apertura que tiene como fundamento el reporte 041, de fecha 2 de diciembre de 2015, el cual refiere haber recibido un reporte de la Procuraduría General del Estado y que responde a una petición del doctor De la Torre (sic), quien pide se realice la petición de análisis financiero recabe la transacción de la cuenta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Además, según las autoridades del Departamento (sic) de Estados Unidos de Norteamérica (sic), entre ellos el señor Luis Chiriboga había recibido al menos 1 millón de dólares como cuaima (tal vez quiso decir coima. Ndlr.), por ella la UAF realiza un reporte, esta indica que el señor Luis Chiriboga recibió trasnferencia por un valor de 7 millones, por lo cual conforme al artículos 442 y 595 Fiscalía formula cargos contra Luna Lalama Edmundo Vinicio, Acosta Espinosa Francisco Javier y Chiriboga Acosta Luis Gustavo". (Nota de la redacción: El texto es tomado literalmente por tratarse de un documento judicial. Por los errores, ofrecemos disculpas a nuestros lectores). 

En el acta de la audiencia también consta el pedido de la Fiscal de prisión para los tres acusados, y la aplicación de otras medidas cautelares, como la prohibición de enajenar bienes, acciones y participaciones y la retención de los fondos de las cuentas bancarias de los acusados. 

El Reporte de Operaciones Inusuales Injustificadas ROII 2015-041 tiene 39 hojas y fue revisado y aprobado por el Comité de Análisis el 2 de diciembre del 2015. En la página 3, un cuadro reporta que los ingresos anuales reportados entre el 2010 al 2015 por Chiriboga son algo más de 7 millones de dólares, de Vinicio Luna, algo más de 6 millones de dólares,  y de Acosta 787 mil dólares.

Entre las "particularidades" encontradas en el informe de la UAF, los investigadores citan que "El señort Chirboga Acosta Luis Gustavo, como actividad económica registra la organización de espectáculos públicos y conforme a la información remitida por la compañía Ticketshow se ha podido evidenciar la realización de varios espectáculos con presentaciones de artistas internacionales de renombre; resultado de esta actividad, entre los años 2010 y 2014, generó ingresos por USD 5.228.509. Sin embargo, por pago de artistas refleja egresos por USD 410.000, cantidad que no tendría relación con los costos que originaría la contratación de artistas de ese nivel".

Entre el 2010 y el 2015, esta empresa transfirió USD 3.926.417 a Luis Chiriboga; de este valor -dice el informe- no se ha podido justificar USD 493.204. La compañia, destaca el informe, es la encargada de emitir y vender las entradas de los partidos que disputa la Selección ecuatoriana de fútbol. La empresa trasnfirió también USD 184.551 a la cuenta de la esposa de Chiriboga, a la empresa Servitrón, de la cual es accionista y gerente general  y a un empleado de la FEF, Winston V.

Los investigadores de la UAF también determinaron que Chiriboga recibió USD 240.000 en trasnferencias de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Su tesorero, Carlos Chávez, quien está preso por el Fifagate, había dicho en el 2014 que el sueldo anual de todos los presidentes de las Federaciones nacionales asociadas a la Conmebol era de USD 120.000.

Las "particularidades" completas se las puede leer en el informe publicado en esta misma nota.

En su defensa, Luis Chirboga y Vinicio Luna presentaron una versión sin juramento ante la Fiscalía y en ella justificaron las transferencias, que para la UAF constituyem indicios del delito de lavado de activos.