El 24 de mayo, fecha patria y día en el cual el presidente de la República presenta su informe anual a la nación, un legisladora del movimiento oficialista, el exdirector de esta tienda política y otra persona fueron detenidos, acusados de haber recibido y gestionado una coima de 800 mil dólares, para la legisladora, para otorgar un contrato por 23 millones de dólares por la colocación de tuberías en un poryecto de agua potable en la provincia costera de Esmeraldas.

En la denuncia, hecho por el propio Vicepresidente de la República, se dice que la legisladora había tomado el nombre del segundo mandatario para pedir ese dinero. El segundo mandatario dijo que existía un video, el cual no mostró, en el cual dos de las personas involucradas “confesaban” el delito.

Sin embargo, las cifras no cuadran. En su declaración, la legisladora de Alianza PAIS dice que la coima fue del 10% de un contrato de 26 millones de dólares, porcentaje que ya habrían entregado los contratistas el 10% cuando les asignaron el contrato y que los USD 800 mil del cual se habla era un “extra” que ella había pedido. En el presunto ilícito estuvieron involucrados la asambleísta de PAIS, Esperanza Galván, el director de PAIS en Esmeraldas, Miguel Salvatierra, con la supuesta intermediación del Walter De la Torre Cevallos.

PLAN V trascribe una parte del video sobre el tema:

MIGUEL SALVATIERRA: “Esa parte que nos entregan de los estudios dice Emergencia, por eso dieron inicialmente ese dinero. El proyecto inicial era por 26 millones de dólares, pero pasaron en ese entonces 20 (millones) y quedaron en pasar seis más.

ESPERANZA GALVÁN: “Era 26 millones del contrato y ya le habían dado el 10%. Fue a mi departamento y fueron entre 400 mil y 480 mil, no me acuerdo bien.

SALVATIERRA: “La asambleísta Galván estaba ahí. Ella estaba gestionando (…) Se compromete el contrato con los primeros 50% que se le dio a los contratistas.

INVESTIGADOR: “¿Tomó usted el nombre del señor Vicepresidente como medida de presión para que le entreguen el dinero?

GALVAN: Mire, ahora que dice esta medida de presión de… creo que sí lo hice entonces, sí, porque con lo que usted dice, este señor a lo suave no iba a entregar nada, entonces tuve que tomar medidas de presión.

INVESTIGADOR: De hecho, con lo que usted nos menciona, ¿el Vicepresidente le pidió o no le pidió ese dinero?

GALVAN: No, nunca, nunca el Vicepresidente.

INVESTIGADOR: ¿O usted lo dijo simplemente para presionar a este señor Salvatierra a que le de el dinero?

GALVAN: Sí, yo nunca, nunca. Quisiera que me perdonen, que también me entiendan, que yo verme en esas cosas me siento como una delincuente.

¿Y CUÁNTO ENTREGÓ?

SALVATIERRA: Como ochocientos (mil) y pico o algo así. Yo le dije que eso pero para que ella pueda ser candidata pueda pagar una deuda de cincuenta mil dólares (…) Entonces este señor me citó y yo igual iba, quería llegar hasta el fondo, hasta donde… Entonces me dice: mira, yo vengo de parte del Vicepresidente.

GALVÁN: Entonces comencé a endeudarme, comencé con una deuda tonta porque no debería haberlo hecho. Con ese dinero invertó cien mil dólares en una casa, en carro sesenta mil, el departamento ochenta mil, trescientos veinte mil…

SALVATIERRA: Será que sabía o no sabía el Presidente, el Vicepresidente, el compañero Vicepresidente me dijo: yo no conozco, no se nada de lo que se trata.

Este caso se haya en investigación en la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, queda flontando la pregunta si es el único caso el de Esperanza Galván y Salvatierra. Plan V consultó con expertos en la materia, sobre el modus operandi de la corrupción de la contratación pública en el Ecuador. Varias fuentes, contratistas del Estado, señalaron las razones por las cuales ellos creen que el caso de la asambleista Galván no es un caso aislado.

Un vocero de la asambleísta Galván dio su testimonio sobre le tema:

"¿Cómo es que hacen un escándalo público con grabaciones? ¿Quién autoriza esas grabaciones? Un abogado principiante sabe que las grabaciones tiene que autorizarlas un juez o un fiscal.  Aquí no hay nada, solo situaciones de decir; me dijeron, yo dije esto, alguien pidió esto… No puede ser que se haya actuado de esa manera tan irresponsable. Ni siquiera ha empezado un proceso y ya se está señalando como culpable. Hay que recordarle a la gobernadora de Esmeraldas que ellos fueron compañeros, fueron equipo de trabajo. ¿Dónde están la solidaridad, los principios?  Esto viene dirigido desde Quito. Lo que se ha hecho es una clara violación al debido proceso, nos han dejado en la indefensión.  En el caso del video donde Esperanza Galván se autoincrimina, nadie puede garantizar a esos “investigadores”, que se hayan usado técnicas para justificar un asunto tan satanizado, nadie garantiza qué presiones hicieron para lograr sus objetivos: insinuar que diga esto, estotro, eso no está en derecho, no está en ninguna de las leyes.  Fueron con engaños donde ella diciéndole que es el Presidente el que necesitaba esas versiones. Y todo el mundo le tiene miedo al Presidente, pues.  En esas condiciones nadie va a querer contradecir al señor Presidente.  Y ella insiste, inclusive, en que quiere hablar con el Presidente, con el Vicepresidente, y los señores, en vez de hacer la parte de la mediación,  directamente lo lanzan a la Fiscalía.

Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. El problema es que el fiscal está conociendo el caso recién desde el 21 de mayo, cuando el Vicepresidente presentó la denuncia.  Y dicen que desde enero vienen investigando, ¿investigando qué? Si ellos tienen la justicia en las manos podía haber hecho el trámite normal.  Debían haber notificado, y la gobernadora de Esmeraldas y las autoridades le dan el tratamiento de flagrancia.  ¿Qué juez va a irse en contra de las versiones del gobierno?

Las cosas se han desviado, se ha dado un giro total.  Lo que hay de por medio es el relato del ingeniero Calvopiña, en su versión dentro del proceso de once cuerpos, señalando  qué es lo que ha pasado en las contrataciones, sea por consultoría, por manejo, por diseño y el momento en que firman con Caledonian.  En su parte relevante dice la declaración que el 27 de agosto del 2012, el señor Gustavo Jalkh, como secretario de la Presidencia de la República, invita a todas las autoridades, incluyendo al Vicepresidente, al presidente de Petroecuador, al gobernador de Esmeraldas, Lenín Lara, y a Miguel Salvatierra para tratar el caso del agua potable (en Esmeraldas); se comprometen, hacen un cronograma y detallan una serie de aspectos que deben cumplirse para dar solución al problema del agua potable.  Y de ahí en adelante desembolsan, a través de contratos de consultoría, trabajos complementarios, desembolsan aproximadamente la cantidad de 27 millones. Se les fue de las manos, porque acometen por una situación de emergencia pero esto no se cumple. Acabo de escuchar al concejal de Esmeraldas, Tony Quiñonez,  sobre los contratos adicionales que se hicieron para el tendido de redes, que suman cerca de 20 millones, estamos hablando de cerca de 50 millones de dólares.  Las cosas se desviaron por otro lado.  Tengo el examen de Contraloría para todos esos procesos.  Nadie lo ha tocado, el examen está aprobado el 27 de enero del 2015, ahí detalla con punto y coma el manejo del agua potable y ahí no se menciona jamás a la asambleaísta Galván".

La corrupción como modelo

El tema de la corrupción quedó silenciado luego de la movilizaciones nacionales en contra de los impuestos a la herencia y a la plusvalía. Con la teroría del "golpe blando", esgrimida como verdad incontrastable por los todos los estamentos del oficialismo, tanto el caso de la asambleísta Galván como alguna información adcional al respecto fueron opacados. 

En el calor de las movilizaciones callejeras, desde el sector de los movimientos sociales, sindicales e indígenas, al parecer tomaron la palabra al presidente Correa y conformar la Comisión Nacional Anticorrupción. Esta fue lanzada en las instalaciones del Museo Mindalae, en el centro norte de Quito, y entre sus miembros están personajes de los derechos humanos como el jurista Julio César Trujillo y Elsie Monge. 

Como coordinador fue nombrado el economista Jorge Rodríguez, quien fuera miembro de la llamada Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Una década después de ese proceso, Rodríguez se apresta a dirigir una neva comisión con el respaldo del FUT, la Conaie, y otras 24 organizaciones que conforman la Cordinadora Nacional Unitaria de Organizaciones Sociales.

El economista experto en seguros, Jorge Rodríguez, recuerda los días en que, como miembro de la CCCC, buscaban posicionar a la sociedad civil institucionalizada, como un referente en la lucha contra la corrupción. El ejecutivo de seguros hace sus comparaciones: en su momento, la CCCC trabajó con 54 personas, muchas de ellas con sueldos simbólicos, mientras que el actual Consejo de Participaión Ciudadana y Control Social,CPCCS, encargado constitucionalmente de luchar contra la corrupción, tiene 454 funcionarios y "ningún resultado", dice. La diferencia, dice Rodríguez "es que ahora los jueces, fiscales y demás funcionarios están encadenados al estómago" y creen que su cargo depende de la voluntad del jefe inmediato y de algún pez gordo y no de su trabajo.

No hay un contraloría social, con todas las instituciones "atrapadas" en la red correísta. Esto es paradójico con el enorme volumen del gasto público y de las grandes inversiones. Compara el hecho de que solo el contrto de Coca Codo Sinclair (USD 2800 millones) representa el presupuesto de inversión de tres gobiernos anteriores.

Menos transparencia y más tramitología es igual a más corrupción. Esa es una fórmula adoptada por el Banco Mundial desde la década de los 80, enfocada sobre todo para cuestionar la corrupción en las instituciones públicas. Pero, ¿qué pasa cuando una sociedad está atrapada en un software de corrupción que abarca casi toso los aspectos de las relaciones comerciales?

Plan V recogió el testimonio de uno de los proveedores del Estado -quien ha pedido el derecho constitucional de protección de la fuente- en el cual relata cómo es el modus operandi del sistema el que le ha tocado desarrollar su actividad. 

"Mi teoría sobre  corrupción en el manejo de la obra pública, la compra de insumos y equipos, los servicios ocasionales y su contratación en el gobierno, surge de diversos indicios sobre hechos que, según las fuentes, el propio gobierno protagonizó y que fueron escandalosos e innegables por una parte, por las cifras que se difunden y por experiencias personales, especialmente si se considera que durante los ocho años que lleva en el poder, no hubo intentos por clarificar cifras, términos o sobreprecios de contrataciones y los créditos relacionados.

"La Contraloría General auditó la obra pública pero las resoluciones que emitió, según el Fiscal, no ofrecían indicios claros de responsabilidad penal y por tanto han podido ser procesados, lo cual es visto por la ciudadanía como encubrimiento; la Comisión de Fiscalización de la Asamblea ha archivado casi todos los pedidos de control y lo justifican diciendo que sí han realizado requerimientos sobre denuncias, pero que no querían auspiciar linchamientos o escándalos, dejando las gestiones fallidas en la impunidad;  la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social fue anulada por el control político sobre sus miembros y los veedores ciudadanos fueron enjuiciados para evitar eficacia de sus informes, al igual que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, que han tenido una gran cantidad de indicios que pudieron investigar, pero no lo hicieron.  

"Si se examinaran los contratos realizados amparados por las declaratorias de emergencia con las cuales se suscribió contratos sin licitación y contratación directa, se puede tener una inagotable fuente de corrupción.

"Desde un principio de la administración de la obra pública, se detectaron anomalías y sobreprecios. Al primer ministro de Deportes, el dueño del circo y los traga cheques que están enjuiciados por denuncia de la prensa, en la vía Ambato- Guaranda que la inauguraron luego de ocho años, con denuncia de un asambleísta del Tungurahua; en la obra vial contratada bajo decreto de emergencia, por el ministro Jorge Marún que fue denunciado pero su enjuiciamiento no prosperó; en Petroecuador, que permaneció por muchos años bajo ese mismo régimen bajo sucesivos decretos de emergencia y contrataciones a dedo; en la adquisición de equipo médico, ambulancias, medicinas y hospitales rodantes, con denuncias hasta del colegio de Médicos y en las escuelas del Milenio, que eran contratadas por grupos cerrados integrados para el efecto por el director de la Dirección Nacional de Construcciones Escolares.

"Ahora, con la entrada en funcionamiento de las centrales hidroeléctricas contratadas mayoritariamente con empresas chinas, los estándares aplicables para establecer los costos o los sobrecostos contratados no calzan. Obviamente no hay alguna de esas obras que pudiera decirse está más baja de precio que su valor estándar. Los precios finales están incrementados del 30% en adelante, hasta llegar al 300% (Manduriacu).

"Las dudas resultan evidentes porque los funcionarios del gobierno chino fueron enjuiciados y condenados por corrupción en su país, pero los funcionarios ecuatorianos que contrataron los créditos y las obras correspondientes siguen en Ecuador siguen campantes. La firma australiana propietaria de Caminosca encontró que el capítulo ecuatoriano de esta firma había realizado egresos anormales para pago a funcionarios ecuatorianos por la adjudicación de contratos para hidroeléctricas que construyen, pero a pesar de haber sido ellos mismos quienes encontraron la anomalía, en Ecuador nada se hace por establecer responsabilidades penales, a pesar de ser de dominio público.

"El monto de contrataciones fue tal, que provocó inflación de dos dígitos en el año 2008, porque tanto el dinero circulante por la ejecución de las obras, cuanto el dinero que quedaba en manos de los que pedían coimas, circulaba como un torrente que afectaba a la modesta economía nacional.

"El sobreprecio en los grandes contratos se generalizó, porque si había una especie de acuerdo tácito para el cobro de coimas, la mayoría de contratantes, si no todos, irían por la misma senda de extorsión y acuerdo.

"Aparte de los grandes contratos sujetos a este régimen, surgieron también comisionistas de pequeñas obras, que recorren ofreciendo adjudicaciones por un 10% y otros, que por el 1% ofrecen elaborar las ofertas para que no tengan fallas en el Portal (de Compras Públicas).

"Todo esto, aparte de los vicios de la fiscalización residente, la que siempre se benefició de propinas para todo lo que requería de la firma del funcionario, como ampliaciones de plazo o recepciones provisionales sin observaciones, que callan el sobreprecio de la liquidación final.

"La percepción se acentúa, porque los costos finales de las grandes obras, siempre salen con liquidación de un sobreprecio mayor al 30% de la contratación original. No existió caso alguno en el que la obra resultara con un valor igual o menor al originalmente contratado. Sobre esto hay dos excepciones. Un contrato con devolución de fondos, realizado por Fabricio Correa y las obras de control de inundaciones del río Bulu-bulu, controladas por una universidad. Pero hay contratos jugosos por excelencia. El movimiento de tierras y la adquisición de equipos son un ejemplo.

"Es de temer que toda la obra pública del gobierno adolece del mismo defecto, lo cual lleva a realizar la siguiente deducción:

"El país utiliza en su nómina de gasto corriente anual, la suma aproximada de nueve mil millones de dólares. Esto significa que durante los ocho años, se gastó aproximadamente USD 72.000 millones. Si el gobierno se ha dispuesto de USD 230 000 millones durante esos mismos ocho años, significa que la diferencia gastó o invirtió en obra contratada, es decir USD 158 000 millones. Si fuera el 30% el porcentaje del sobreprecio a la generalidad de los contratos, significa que USD 47 400 millones de dólares se diluyeron en lo que sería la corrupción.

"La corrupción en la contratación pública comienza con la determinación sobre valorada de los precios unitarios de los pliegos que preparan las entidades contratantes. Contratistas y contratados conocen de esa sobre valoración. Cuando las ofertas se presentan quienes participan saben que no pueden proponer ni más ni menos del 5% del costo referencial, que ya viene sobrevalorado. La entidad tiene que escoger entre todos los proponentes que quedan casi empatados. Entonces viene la negociación, no del valor del contrato, sino de lo que ofrecen los contratistas para que les adjudiquen. Ese valor (30%) es consignado a cambio del anticipo. Es una práctica común. Además, hay personas que salen a ofrecer la seguridad de adjudicación, previo pago del 10%.

"Lo que parecería un caso aislado de la asambleísta Esperanza Galván, es práctica en todos los contratos que el Estado adjudica. Tanto así, que muchos de los montos publicados como valores finales de las obras tienen sobreprecio. Es sabido también que el contralor represa los informes de auditoría y que los indicios de responsabilidad penal son mal fundamentados (dicho por el propio fiscal). El millonario atraco no está en cuentas bancarias. Está en cuentas cifradas en el exterior, en paraísos fiscales y en caletas. En efectivo. ¿Acaso se investigó sobre la denuncia de depósitos de china en paraísos fiscales para personajes relacionados con el Vicepresidente? ¿O la denuncia que la firma australiana propietaria de Caminosca hizo respecto a pagos para adjudicación de hidroeléctricas?

"Si el Estado y sus instituciones están cooptados, la única posibilidad que queda es pedir el patrocinio de los organismos internacionales para que ellos contraten auditores reconocidos y analicen  el billonario gasto para que identifiquen  lo que la Contraloría del Estado debió hacer.

"Todos los ministros y jefes departamentales, los contratistas y oferentes tienen claro el panorama y conocen las diversas maneras de operación de esta lamentable tara. Los especialistas en construcción de obras civiles, represas, vías y puentes, pueden asesorar en esta tarea. Su esclarecimiento permitirá que el Estado recupere los valores que el gobierno permitió sobrevalorar generando activos ilegales que van  saliendo al exterior e infiltrándose  en la economía nacional, con el consiguiente problema de distorsión de la economía".