Después de conocer los resultados, Santos reconoció la victoria del No, anunció que va a mantener el cese bilateral con las Farc y que va a convocar “ a todas las fuerzas políticas –y en particular a las que se manifestaron hoy por el NO– para escucharlas, abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir.

La respuesta de Uribe se tardó en llegar. Dos horas después de la alocución presidencial y de que las Farc dijeran que “la palabra seguiría siendo su única arma”, el ex presidente y senador leyó un discurso que mostró varias cosas.

La primera es que se puso como el líder del país. Y planteó una agenda de gobierno que va mucho más allá de la negociación con las Farc, arrancando por aportar a lo que llamó un pacto o un acuerdo nacional.

Incluyó un rechazo de frente a la reforma tributaria que planea presentar el Gobierno (“El riesgo de perder el grado de inversión no se evita con más impuestos, en este difícil momento, que empeoren la expansión empresarial y la diezmada capacidad adquisitiva de los pobres“, dijo), habló de la familia en su concepción más tradicional (“reiteramos la necesidad de estimular los valores de la familia, sin ponerla en riesgo. Los valores de familia, defendidos por nuestros líderes religiosos y pastores morales.”) e incluso se refirió a la necesidad de “una educación universal, de calidad, como cabeza de la política social.”

Lo segundo, de su discurso, es que buscó no agredir a las Farc. Por el contrario, habló de darles protección y se refirió directamente a los “señores de las Farc” pidiéndoles que “permitan el disfrute de la tranquilidad”.

Es claro que tanto Santos como Uribe quieren que las Farc esté con ellos.

Y tercero, se apropió del discurso de la paz: arrancó su discurso diciendo “El sentimiento de los colombianos que votaron por el Sí, de quienes se abstuvieron y los sentimientos y razones de quienes votamos por el No, tienen un elemento común: todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia”

Por último, no dijo nada sobre la invitación de Juan Manuel Santos.

Todo lo anterior sumado es un indicio de que ahora arrancará un pulso (¿continuará?) para ver quién se gana el lugar en la Historia de hacer la paz con las Farc.

En el entretanto, el país seguramente entrará en una situación de inestabilidad política y económica.

La inestabilidad

Aunque después del discurso de Timochenko y de Santos se sintió un cierto alivio de que el triunfo del No no significaba un regreso inmediato al conflicto armado, el discurso de Uribe dibuja un escenario muy complejo políticamente.

Porque más allá de la retórica de la paz, su discurso en realidad plantea unas condiciones muy complejas para la renegociación del acuerdo con la guerrilla.

Aunque no menciona las palabras impunidad, elegibilidad política o castrochavismo que utilizó para oponerse a los acuerdos en la campaña, en los “correctivos” que menciona en su discurso están los ejes del pacto logrado entre Santos y las Farc.

Por ejemplo, dice que le parece “fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible”.

Cuando “insiste” en los “correctivos” rescata la “justicia institucional”, que es otra forma de decir que se opone a la justicia transicional mediante la cual a cambio de más verdad y más reparación, se concede menos justicia.

Cuando habla de “pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito” muy probablemente se está refiriendo a la concesión dada a las Farc de que a cambio de dejar las armas pueda hacer política. No solo existiendo como partido político sino obteniendo curules fijas o recursos para que el partido político tenga alguna vocación de poder.

Y cuando habla de “política social sin poner en riesgo la empresa honorable”, seguramente hace referencia al Fondo de Tierras, que es el eje del acuerdo sobre desarrollo rural.

Uribe siempre se ha opuesto a que las tres millones de hectáreas que se pactó entregar a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente se nutran de tierras inexplotadas porque consideró que eso constituía una amenaza a la propiedad privada (aunque esto está así desde 1936).

Es decir que los correctivos que buscaría hacer Uribe son en realidad una renegociación estructural de los acuerdos logrados. Además, también queda claro en su discurso, considera que mientras estos “correctivos” se apliquen las Farc estén concentradas.

Y de ‘ñapa’, incluye su pulla a la ministra de Educación Gina Parody, que intentó liderar la reacción en el Gobierno frente a las críticas de Uribe durante la campaña. Lo hace al decir que ese “pacto nacional” debe ir “acompañado de una educación universal, de calidad, como cabeza de la política social”. Es decir, que también quiere meterse en la educación.

Más allá de su tono constructivo, esas condiciones que pone Uribe no son renegociables en días. Y difícilmente ese esfuerzo lo podrá liderar el equipo negociador actual.

Según le dijo a La Silla un miembro del Centro Democrático, lo que quieren en el partido uribista es que se les reconozca la vocería de los del No y luego con los voceros del Sí le hagan en el Congreso los correctivos al Acuerdo, que luego se “informarían” a las Farc en la Habana.

En otras palabras, que suceda con el Acuerdo logrado con las Farc lo mismo que le sucedió con el acuerdo pactado entre Uribe y las autodefensas.

En ese caso, el entonces presidente Uribe había ofrecido a los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia unas condiciones de impunidad que llevó en forma de ley al Congreso.

Allí, senadores como Rafael Pardo, Gina Parody y Marta Lucía Ramírez lideraron una discusión que desembocó en una ley totalmente diferente, con mucha menos impunidad y más reconocimiento para los derechos de las víctimas, que luego la Corte Constitucional mejoró aún más.

Los paramilitares, ya concentrados en Ralito, no tuvieron otra opción que aceptar la nueva ley.

“El mensaje para las Farc es que si quieren hacer la paz tienen que escuchar lo que dice el pueblo y hacer un sacrificio en lo personal en aras de darle sostenibilidad a los acuerdos”, explicó el uribista a La Silla que habló en condición de anonimato,

Si bien eso pueden querer los uribistas, las Farc no son las Auc. Y tocará ver cómo reaccionan a una movida unilateral del Establecimiento,

Hay dos escenarios.

Uno, que mantengan el discurso de la paz durante unos meses mientras se reorganizan para volver a la clandestinidad y retomar la guerra.

O dos, que vía Álvaro Leyva opten por abrir un canal de negociación directo con Uribe que conduzca a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, como lo pronosticó hace unos meses el columnista de La Silla Héctor Riveros.

Este último escenario es el que más le convendría tanto a Uribe como a las Farc. Reescribir la Constitución permitiría al primero reestablecer la reelección y a la guerrilla discutir todos los temas que estuvieron vedados durante la negociación en la Habana, incluyendo el modelo económico.  

Entonces, seguramente este será un escenario al que se verá abocado el país. Ya, de hecho, esa fue la propuesta del Partido Conservador.

Pero mientras se decantan los escenarios y se llega a la Constituyente -si se escogiera ese camino como el menos costoso- pasaría por lo menos un año.  

Un año en que las Farc seguramente tratarán de estimular la movilización social de sus bases y de organizaciones y movimientos sociales afines para demandar que se cumpla lo pactado.

Y un año en el que si no se pasa la reforma tributaria que se iba a presentar esta semana, la situación en ese frente también podría ser inestable.

La inestabilidad

La economía ya está en una situación frágil: el viernes pasado el Banco de la República redujo sus previsiones de crecimiento del año a 2,3 por ciento (a inicios de año era de 2,7 por ciento) y el Estado, que es la principal empresa del país, está teniendo que recortar sus gastos para no endeudarse en exceso.

Para salir de esa situación el Gobierno ha planteado hacer una serie de ajustes y, sobre todo, hacer una reforma tributaria en lo que queda de este año, con tres fines: asegurar que tiene suficientes ingresos para pagar todo lo que necesita sin endeudarse demasiado, aliviar la carga que tienen las empresas que pagan impuestos muy altos y hacer que paguen más las personas más ricas.

La necesidad de la reforma está clara. Hace algunas semanas las agencias calificadoras internacionales, que a través de la valoración que le dan a la deuda de los países hacen que sea más o menos costoso endeudarse, dijeron que mantenían el grado actual de inversión de Colombia sujeto a que hubiera tributaria.

Eso quiere decir que, sin reforma, esa calificación caería y el Gobierno tendría que pagarle más intereses a quienes le prestan plata.

El impacto sería grande: el Gobierno proyectó gastar el próximo año 54 billones de pesos (casi 1 de cada 4 de sus gastos y casi el doble de lo que piensa invertir en todos los sectores) en pagar deuda y espera endeudarse en 51,6 billones de pesos.

“No podemos titubear con la reforma.”, dice el ministro Cárdenas. “No va a ser fácil sacarla pero hay que hacerlo. No hay opción. Afortunadamente el sector empresarial lo tiene claro”.

El problema es que Uribe se fue con toda contra la reforma en su discurso

“La economía del país está en dificultades, que podrían agravarse con los acuerdos, y llegar al punto de que por frenar la confianza de inversión no hubiera los recursos para cumplir lo pactado con la FARC.

El riesgo de perder el grado de inversión no se evita con más impuestos, en este difícil momento, que empeoren la expansión empresarial y la diezmada capacidad adquisitiva de los pobres. “

Lo que Uribe señala es lo que Iván Duque, senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, ha llamado “reforma fiscal estructural” que, además de los impuestos, reforme todos los ingresos y gastos del Estado  para hacerlo más austero o, como dice Uribe, menos “derrochón”.

Hasta ahora esa propuesta había quedado de lado, pues el Gobierno no contaba con la bancada uribista para pasar la tributaria. Pero ahora que el ex presidente se refirió a ella en un discurso tan clave, con el riesgo de que los congresistas se bajen del bus de la tributaria, le puede dar más fuerza. Sobre todo porque con los 6,4 millones de votos que ganó, es muy fácil que lo vean como el líder de un partido que pondrá fijo un candidato en la segunda vuelta en las presidenciales de 2018.

Sobre todo porque la presión de un Uribe políticamente recargado se suma a que en sí misma la reforma va a ser políticamente costosa hasta el punto de que el Gobierno postergó su presentación hasta después del plebiscito porque está claro que va a incluir puntos impopulares.

El más notorio de lo que se ha discutido hasta ahora, porque estaba incluido en el informe de la Comisión de Expertos que conformó el mismo gobierno como insumo para la propuesta, es el aumento del IVA. También se ha hablado de poner a más personas a declarar renta, lo que aunque no implique que paguen más, si les pone a hacer un trámite extra.

Por eso, como dice un alto funcionario del equipo económico, “veo muy difícil la tributaria”: su debate, paralelo al del futuro de la negociación con las Farc, puede crearle más problemas a una economía que está cada vez más fría.