I. La coordinadora que llamó a los VIP

El pasado 1 de febrero, la Fiscalía preguntó al entonces ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, si como titular de esa cartera de Estado validó o hizo observaciones al listado de las personas a ser vacunadas en el centro geriátrico Senior Suites Rivera del Río. Zevallos respondió que nunca lo había hecho. Lo dijo durante la versión que rindió ante los investigadores ese día. Enseguida, la Fiscalía le repreguntó por qué se priorizó este centro a uno de la red pública. Zevallos agregó: “la comisión logística lo decide”.

El centro Riveras del Río es el hospedaje de ancianos que está junto al Hospital de Los Valles, en la parroquia de Cumbayá, un valle ubicado en el centro-oriente de Quito. Ahí fue vacunada la madre del ahora exministro y el personal que la atendía con las primeras vacunas que llegaron al país, aún antes de cualquier personal médico. Fue en la llamada Fase Piloto.

En la misma declaración, la Fiscalía le preguntó qué hizo el Ministerio de Salud para controlar el caso que se había dado en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) del Seguro Social, en Quito. Allí funcionarios administrativos habían sido vacunados por delante del personal de salud. El aún Ministro insistió: “el comité técnico logístico verifica las listas (de vacunados)”.

El Comité Técnico de Logística y Distribución es parte de la Coalición Público Privada (CPP) que coordina la empresaria guayaquileña María Gloria Alarcón. Es el llamado equipo logístico al que se refirió el ex ministro Zevallos, quien renunció el 25 de febrero luego de esa declaración y salió del país.

Este equipo, hasta el día de esa versión, estaba conformado por ejecutivos de varias empresas y funcionarios del Ministerio de Salud: la Directora Administrativa Financiera y el coordinador de la Zona 8, el coordinador de la Zona 6, dos representantes de la Empresa Linde, el representante de la empresa Difare, un asesor del Ministerio de Salud y la Directora Nacional de Primer Nivel de Atención de Salud.

La Mesa Logística Técnica estaba conformada por Rodolfo Farfán, entonces viceministro de Atención Integral de Salud, quien luego reemplazó a Zevallos, pero renunciaría a los 18 días; el Director Administrativo del Ministerio; la empresaria Alarcón, en calidad de “representante del colectivo privado para los temas logísticos de la vacunación”, y Raúl Bejarano, también representante del colectivo privado.

María Gloria Alarcón, empresaria guayaquileña, coordinó la Mesa Técnica de Logística y fue parte de la Coalición Público Privada. Foto: Diario Expreso

Hay dos correos que se atribuyen a María Gloria Alarcón, que reveló el periodista Anderson Boscán, de La Posta, cuando denunció algunos nombres de las llamadas “vacunas VIP”. Uno de ellos se dirige a “estimada Nathalia”. Plan V conoció que se trata de Natalia Romero, subsecretaria Nacional de Vigilancia de la Salud Pública. En este le decía que “por medio de la presente te confirmo la lista de adultos mayores de 80 años que serán vacunados en el Centro de Salud de Chimbacalle con los 4 viales sobrantes luego de atender hospitales y geriátricos”. Y adjuntaba la lista de 15 personas, entre ellos tres dueños de medios de comunicación radial de Quito y un dirigente de la LDU. Al final disponía, a la funcionaria pública, que “los 9 restantes irán con los grupos del Padre Calderón (curia) y Margarita Carranco. En cuanto tenga los datos los paso”.

En otro correo, la misma empresaria comunicó a varios funcionarios de la Zona 8 del Ministerio y a otras personas particulares -en total 12- sobre las resoluciones que se habían tomado durante una reunión para la aplicación de las vacunas en la semana 8 como las custodias de las vacunas y las primeras dosis Pfizer en la Zona 9. El correo llevaba como asunto “Distributivo vacunas Pfizer (1ras y 2das dosis) y Sinovac Jueves 11 y Viernes 12 marzo”.

Los correos atribuidos a María Gloria Alarcón, disponiendo a autoridades los listados de vacunados, entre ellos algunos VIP, y comunicando resoluciones de la Mesa Técnica de Logística.

Al menos uno de los dueños de una radio refirió a Plan V que él mismo recibió la llamada de una persona en nombre del María Gloria Alarcón para que se acerque a ser vacunado. 

Los líos de los tres funcionarios

En un audio que difundió La Posta, con la presunta voz de una funcionaria del Ministerio de Salud y un médico, llamado Pedro Molina, director del Hospital Pablo Arturo Suárez, este le pide lo siguiente: “necesito que me pases un documento donde me digan que a mí me designaron hacer eso”. Es decir, hacer las vacunaciones a los ministros y otro VIP. “Por órdenes verbales de ustedes hice lo que hice, porque a mí nunca me dieron un documento. Yo sí entiendo que puede haber lo de las mesas técnicas, pero yo fui con mi gente, movilicé recursos del Estado sin un documento que me avale”.

El funcionario pedía que el documento esté firmado por el Ministro de Salud.  La funcionaria con la que habla, Gabriela Gómez, asesora legal del despacho de esa cartera de Estado, le contesta: “...voy a pedir que la Mesa Técnica... No, no, entiende, el ministro no tiene nada que ver en esto. Es una Mesa Técnica Logística, voy a pedir que esta Mesa te mande el documento donde está integrada por la gente de primer nivel, por Vigilancia, por todos los viceministros”.

“Nosotros no hemos dicho nada de que aquí han venido ministros ni nada”, le dice en otra parte de la grabación Pedro Molina a la asesora Gómez. “El punto es que nos están preguntando cosas como los cronogramas, nosotros no hemos dicho nada (...). La pregunta es ¿decimos o no decimos?”. Ella le responde: “No ... a ver, los exámenes especiales que hace la Contraloría solo pueden ser en base a un contrato o a un convenio. Tú, Diego (Tello, gerente del Pablo Arturo Suárez)”. Tello le dice: “Todos los directores médicos son los encargados de recibir, él tiene firmas de Chimbacalle... a él le tocó firmar, claro. Si van a Chimbacalle van a revisar el tema de las actas firmadas de los viales (que son las vacunas)”.

Molina pregunta “¿y yo qué digo ahí? ¿Cómo así fui a vacunar a Los Valles (el Hospital)?”. La asesora le dice: “pero es no es un tema de Contraloría, eso es súper raro porque no es un tema de Contraloría”. Tello le dice: “digamos que no, digamos que en el hospital se vacunaron 538 personas y como Contraloría yo voy a preguntarle: oye Pedro ¿y qué pasó con estos cinco o seis viales? ¿Dónde se ocuparon? Porque hay un acta de entrega recepción, van a llegar a ese punto en algún momento, Gabi”.

Ella le contesta: “sí van a llegar a ese punto en cualquier momento, no ellos sino la Fiscalía”. Pedro le dice: “por eso te pregunto, entonces qué hacemos. Por eso te decía, yo te pedía, yo quería enviarles un informe basado en la solicitud que ustedes me hicieron de vacunar a esa gente. Porque cuando vinieron aquí (al hospital Pablo Arturo Suárez) los señores ministros, no sé ni cómo vinieron, yo no los llamé, a mí me dijeron vacúneles, yo firmé, pero quien coordinó todo eso no fuimos nosotros. Entonces la pregunta es ¿qué digo?”.

Ella le responde: “Tú tienes un acta, ellos están en la planificación. Esto no es que de pronto se puso, hay una planificación de una Mesa Técnica Logística, esa Mesa está conformada por varias personas, entre ellas gente del (sector) privado. Entonces, les cuento cómo funciona: cada semana, para vacunar en la siguiente semana, se reúnen los domingos y se establece (a) quiénes van a vacunar y cuántos viales se van (de cada vial, técnicamente se pueden extraer cinco dosis de la vacuna Pfizer. Ndlr). No se establecen las listas, los nombres, los apellidos ni cuántas personas, sino que se establece cuántas personas van a ser vacunadas; para el Pablo Arturo Suárez tantas personas, para el Gerontológico 20 personas, para el Hospital de Los Valles, 24 personas, me estoy inventado los números. Esa Mesa Técnica decide y hay actas con firmas de estas reuniones, donde hay varias personas. Están los viceministros, Rafaela, que es la persona de Primer Nivel... Entonces no es que de pronto se puso, se mandó y se coordinó, eso ya está previamente acordado. Por eso es que cuando tú, Diego, me llamabas y me preguntabas ¿nos van a vacunar la siguiente semana a nosotros? Yo te dije sí, el jueves. Porque yo llamé a esa Mesa Técnica y ellos ya determinan toda la semana cómo se va a vacunar, en todas las provincias”.

La llegada de las primeras dosis de las vacunas de Pfizer al aeropuerto de Quito. Eran días de expectativa y esperanza por el inicio de la vacunación.

Pedro Molina le dice: “yo te entiendo eso y está claro, pero yo pregunto porque ellos todas las semanas me están preguntando bajo qué cronograma yo vacuné a toda esa gente, bajo qué cronograma yo fui a la presidencia (de la República)”. “Ya -dice la asesora- bajo el cronograma establecido por la Mesa Técnica Logística”. “Ya -vuelve a preguntar Molina- dónde está ese cronograma”. “Tiene cada Mesa, no te pueden dar a ti, no les puede dar a todas las personas, solo mandan las disposiciones”, le responde la asesora.

Molina continúa: “sí, porque cuando lleguen a Chimbacalle van a ver mi firma y yo qué digo ahí”. Gabriela Gómez, sin perder la paciencia, les insiste: “Pero Pedro, Diego, eso es lo que les estoy explicando, hay un cronograma de las Mesas Técnicas Logísticas, hay unas actas que ya tiene la Fiscalía donde establece que esa semana se va a Los Valles y al Geriátrico”. Tello no se queda conforme: “es la Contraloría que si me pide ‘deme la orden de trabajo donde dice que usted estuvo en tal sitio para vacunar’”. Y ahí Pedro Molina les dice: “yo siempre te dije, que por órdenes verbales de ustedes hice lo que hice, que nunca me dieron un documento. Yo sí entiendo que puede haber lo de las Mesas Técnicas, pero yo fui con mi gente, movilicé recursos del Estado sin un documento que me avale. Si me pasaba algo en el camino yo qué decía, qué estaba haciendo”. Y ahí es donde ella se compromete a pedir que la Mesa Técnica Logística envíe el documento. Molina le dice: “pero de ahí va a salir que ustedes me designan vacunar a los señores ministros que vinieron aquí”. Ella le responde: “Bueno, tocará, ese es un pedido desde el despacho de Presidencia. Ahí ya qué puedo hacer yo, qué pueden hacer ustedes, nada”.

Eso ya conoce la vicepresidenta...

Molina replica: “yo, nada, pero por eso quiero tener un documento donde diga (que) a mí me dispusieron hacer esto. Pero el tema es que la Contraloría está revisando eso y yo no sé qué decirles. Estoy que le pido a Liz, la chica de la Presidencia que me dé la lista de las seis últimas personas que se vacunaron porque me pidieron los nombres y no me los quiere dar”. La asesora le respondió: “entiendo que eso ya conoce la vicepresidenta (de la República) y la vicepresidenta le iba a decir al presidente, eso es lo que yo sé, hay este embrollo”.

Molina continua: “yo sí, leal a la causa, pero qué más digo, me voy a echar el muerto, y yo vacuné, ¿y cómo vacuné? ¿A quién vacuné? ¿De dónde saqué las vacunas? ¿Cómo así vacuné a esos señores? Porque sí tengo los nombres de ellos, te cuento. Solo de seis personas del despacho de Presidencia no me dieron los nombres nunca y no me los quieren dar. Porque, así como hice el primer informe, iba a hacer el segundo”.

La asesora dice: “pero no entiendo por qué no te han dado, no logro entender a quién vacunaron para que se asusten y no quieran dar (los nombres)”. Entonces Molina cuenta cómo vacunó al Presidente: “en la segunda dosis del Presidente no estaban juntos el Presidente y la primera dama. Fui un día lunes a vacunar al Presidente y a cuatro más de primera dosis y me pusieron a dos back ups (gente de la cocina), porque no estaban la primera dama ni alguien más”. Ella le dice: “la verdad yo no sabía eso que no estaba la primera dama, eso lo hizo Eduardo Puente y los llamaron a ustedes”.

II. La demanda contra la alianza público privada

La llamada Coalición Público Privada (CPP) fue fruto de una alianza entre el Estado, la sociedad civil, los empresarios y la academia. Al menos eso es lo que se le dijo al país en una rueda de prensa el 16 de diciembre de 2020. El gobierno estaba a punto de empezar el proceso de vacunación en una fase inicial a la que llamaron Piloto, luego Fase Cero. Anunciaron la llegada de 86.000 vacunas y llegaron 8.000 para personal de primera línea. Se había considerado vacunar, de acuerdo a protocolos internacionales, primero a las personas de más alto riesgo, es decir quienes atendían en horarios extenuantes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) la primera línea contra el coronavirus.

La empresaria María Gloria Alarcón apareció como representante de la Coalición, ya que ella se había presentado como “representante de la sociedad civil”. Dijo en su primera aparición que “los sectores privados, no solamente la empresa privada, sino la academia y el mundo científico nos hemos unido y hemos ofrecido toda nuestra ayuda y contingente al gobierno nacional”.

La participación privada no tendría costo para el Estado, sería una contribución de las empresas a la campaña de vacunación masiva. Sobre todo, en la logística y distribución. Por ejemplo, la distribuidora farmacéutica más grande del país, Difare, aportaría con sus vehículos, los únicos autorizados por el ARCSA en Ecuador para distribuir medicina conservando la cadena de frío, lo cual es fundamental en el traslado de los biológicos a los puestos de vacunación.

Respecto a esto, vacunar a 10 millones de ecuatorianos, como se pretendía, requeriría al menos 10 mil puestos de vacunación y el personal apropiado para ello. Pero el Estado solo dispone de un poco menos de 2 mil puestos adecuados. La empresa privada se ofrecía a habilitar más de 7 mil puestos.
Otra empresa participante era una industria que proveía de gas para el congelamiento adecuado de los viales de vacunación, esos frasquitos que muestran en las noticias y que alcanzan, en la vacuna Pfizer, para cinco dosis de 0,3 ml cada una.

De acuerdo al Plan de Vacunación, que se elaboró en el último trimestre de 2020, esta alianza partía de la iniciativa del Estado. El Plan señalaba que “se conformó una coalición público privada, con participantes de la sociedad civil, academia, empresa privada y organismos internacionales para el desarrollo e implementación de capacidades logísticas. Esta coalición trabaja en la denominada Comisión Técnica Logística en conjunto con la autoridad sanitaria nacional”.

El objetivo era “desarrollar la capacidad de traslado de la vacuna desde su arribo al territorio ecuatoriano a cada punto de vacunación, bajo los requisitos de conservación según el laboratorio farmacéutico de cada tipo de vacuna, así como, establecer el plan de capacitación del número de personal requerido, establecer el número y georreferenciación de los puntos de vacunación que se requieran en el país y el tiempo hora hombre por aplicación de vacuna, que permita desarrollar las capacidades para cumplir con el objetivo nacional de inmunizar al 60% de la población hasta el mes de octubre de 2021”.

Otros sectores privados también participaban: LATAM para trasladar por vía aérea las vacunas y el personal médico y brigadistas del Plan de Vacunación. También había una Mesa de Capacitación, conformada por las universidades privadas UDLA, UTPL y UESS, las cuales darían capacitación para la manipulación y aplicación de la vacuna. La Mesa Tecnológica la lideraría el Banco del Pacífico, para implantar una plataforma tecnológica donde se podría agendar la primera dosis de la vacuna, control de vacunados y agendamiento de la segunda dosis. De ahí nació la famosa página web que colapsó a los pocos minutos de ser puesta en línea.

El 23 de febrero de 2021, el ciudadano Pablo Ricaurte ingresó en la Fiscalía General una demanda para que se investigue la conformación de esta alianza. En concreto pidió que oficie a las instituciones involucradas en esta coalición para que se les pida “el o los contratos, convenios o actos administrativos donde se encuentre registrada legalmente la conformación de la Alianza Público Privada para el manejo del Plan Nacional de Vacunación”.

Esta alianza requería, según la demanda, la certificación de que el Plan de Vacunación se hubiese declarado como emergencia nacional. Se pidió también el acta de la reunión celebrada el 8 de octubre del 2020 cuando supuestamente se conformó la alianza. También se pidió la acreditación por la cual la señora María Gloria Alarcón era representante de la sociedad civil, y la acreditación del doctor Fernando Espinosa como representante del sector académico y de la sociedad científica en dicha alianza.

La demanda de Ricaurte señalaba que estos hechos presumían el cometimiento de los delitos de peculado (Art. 278 del COIP) y tráfico de influencias (Art. 285). Es decir, para el denunciante cabe la sospecha de que la Alianza Público Privada estaría actuando por fuera de la ley, sin cumplir las normas que establece la normativa para que la empresa privada disponga de recursos del Estado. Una vacuna adquirida por el Estado es un bien público.

Hay otro problema para esta alianza público privada: no hubo un documento formal que la legalizara. Las alianzas público privadas tienen una normativa propia y requieren una serie de procesos formales para que el Estado delegue a la empresa privada el manejo de recursos públicos. Fuentes del sector privado que conforman esta Coalición dijeron a Plan V que solo recibieron la llamada del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, para que se integren a este esfuerzo. Es decir, en al menos dos empresas se aceptó participar en la alianza de manera verbal, sin firmar documento alguno. Esto podría traer problemas, dijo un vocero de una de ellas, porque manejaron recursos del Estado, y aunque tienen los respaldos internos de lo que movilizaron, consideran que cualquier situación anómala en el proceso de vacunación, en lo que corresponde a sus actividades, puede ser contraproducente para sus intereses. 

Como cereza del pastel de todo este embrollo de la vacunación, sorpresivamente el presidente de la República, Lenín Moreno, “reveló” el martes 23 de marzo que el país no tenía un Plan de Vacunación. Pero este sí existe. Estaba incluso en la página web del Ministerio de Salud. El nuevo ministro de esa cartera de Estado secundó la sorpresiva declaración del presidente Moreno y afirmó que a él le había tocado hacer el plan en 72 horas. Luego de la revelación del Primer Mandatario, “desapareció” el documento -que consta en esta entrega- de la página del ministerio. También hubo un documento actualizado, al 21 de enero de 2021, que fue entregado a todas las autoridades responsables, el mismo que, al parecer, el Presidente de la República no leyó.

Un miembro del equipo que elaboró este nuevo plan dijo, bajo condición de reserva de fuente, que “nosotros tratamos hasta la saciedad de que se forme un equipo especializado en el Ministerio de Salud para apoyar a desarrollar un plan estratégico integral, incluso contratamos un asesor brasileño y elaboramos una primera versión que le proporcionamos a la Vicepresidenta. Pero nunca logramos que lo consideren y que se forme el equipo. Este plan lo recibió y revisó Lenín Moreno”.

Lea en la segunda parte: Cómo una multinacional europea ofreció instalar en Ecuador una fábrica de vacunas para producir 4 millones de dosis al mes, propuesta que nunca atendió la Presidencia de la República.