El Ecuador ha vivido un profundo y sistemático deterioro en las políticas de la seguridad del Estado. Las entidades llamadas a cumplir con esta función se focalizaron exclusivamente en fortalecer un modelo inaplicable de policía comunitaria y, de manera conexa, un modelo de seguridad del gobierno, con la criminalización de la protesta social, la crítica periodística, y por supuesto, la persecusión de detractores políticos a quienes se les atribuía todo fracaso en el tiempo de la extinta revolución ciudadana.

Esto no fue ajeno a muchas decisiones que deben ser analizadas en su real dimensión. La salida de los militares de EE.UU. y de la Base de Manta, solo dejó en claro que el país buscaba una delegación de responsabilidad del combate eficiente contra el gran flagelo del narcotráfico, como reconocimiento de nuestra incapacidad para hacerlo. Y esta es solo una de las aristas del gran problema.

A ello se debe sumar la desmovilización y retiro de los puestos de control militar en frontera, creando el fantasma del enemigo interno. Con una frontera principalmente selvática y una amplia región costanera, al desmovilizar estas bases permanentes el Ecuador dejó prácticamente abierto todo el cordón fronterizo para el ingreso y salida de todas las formas vinculadas al execrable negocio de la droga. Sus consecuencias directas e indirectas se hicieron en poco tiempo visibles en todo el país. La determinación de tablas de consumo mínimo no protegieron a consumidores —para ser tratados como un problema de salud pública y no como delincuentes— sino que lograron una proliferación del micro tráfico de todo tipo de sustancias psicotrópicas a unos niveles nunca antes vistos en el Ecuador. Se incrementaron todos los sistemas propios de este "negocio". Prueba de ello fue la historia previa a la explosión en el Cuartel de San Lorenzo en enero del 2018. Este hecho marcaría la pauta de lo que se ha convertido en la guerra de carteles ecuatorianos y sus falanges visibles; la proliferación de grupos de violentos que ya han sometido a las cárceles del país y no cesan en su accionar, cada día hay más hechos de violencia y con una demencia criminal que deja secuelas imborrables en la mente de los ecuatorianos. Los cuerpos decapitados y las cabezas usadas como pelotas de futbol, no serían sino el inicio de las imágenes dantescas que se verían en redes sociales en el corto plazo, en las que el desprecio por la vida y la integridad humanas no tiene límites. Privados de la libertad, literalmente con el "corazón en la mano" de sus adversarios, daba cuenta del nivel de virulencia de la batalla por el control de estos centros de pseudo rehabilitación social.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) ya se pronunciaron con profunda preocupación por lo que sucedía en el Ecuador en este mismo año 2021;  informaron que los hechos de violencia del pasado 23 de febrero en los cuatro centros penitenciarios más grandes de Ecuador (El Turi, Regional de Cotopaxi, Guayas y Penitenciaría del Litoral) representaban la sexta mayor masacre carcelaria que se ha perpetrado en América del Sur; sin pensar siquiera, que estaba por venir otra gran masacre que podría ser la antesala de la próxima, si es que no se adoptan correctivos realmente drásticos y se dejan de lado las acciones paliativas y los discursos vacíos.

Es hora de que deje de prevalecer la intención de aparecer en las fotos y que se entienda que los funcionarios tienen la obligación jurídica, no solo moral, de solucionar los problemas evidentes que existen en todos los aspectos de control de estas bodegas humanas, que distan mucho de cualquier concepto de humanidad. Es evidente que las autoridades no han entendido nada de todo lo ocurrido; lo más grave, sin que haya un solo responsable de más de dos centenares de personas asesinadas bajo la custodia del Estado, que se volvió en un cuantificador final de resultados de la violencia y no en el ente rector del control de todos los aspectos que pongan en riesgo el principal derecho de todos los seres humanos, la vida.

Los familiares buscaron información sobre los presos fallecidos. Escenas de dolor se vieron fuera de la Penitenciaría del Litoral.  Foto: El Universo

La CIDH y la OEA dejaron en claro que la peor masacre carcelaria ocurrió en Perú, en junio de 1986, en las cárceles de  "El Frontón", "San Juan de Lurigancho" y "Santa Bárbara", con un saldo de casi  250 personas fallecidas. Cifra que no dista mucho de lo que el Ecuador ha tenido sólo en este último año. Dos eventos violentos de máxima visualización dejan cuenta de ello. Pero, igualmente, no se pueden dejar de lado los que se suscitan a diario, aquellos que no se suman a la estadística principal pero que siguen dejando cuerpos de privados de la libertad por doquier en las día a día de estos centros.

Todo ello deja en claro que las políticas estatales no son sólo caducas, sino que violentan el deber objetivo de cuidado, lo que implica en sí mismo, una responsabilidad directa de las autoridades. No se puede olvidar que la primera forma de corrupción, no es solo la apropiación de los fondos públicos sino la incapacidad de un funcionario para ejercer el cargo para el cual fue designado.

Una Ministra de Gobierno que ha permanecido en las sombras del protagonismo. A quien solo se escucha en la lectura de discursos en ceremonias o en la firma de decretos, pero que  su accionar desconocido se aleja de la determinación de políticas eficientes sobre la Policía Nacional para cumplir con la misión constitucional con verdadera eficacia; los traslados policiales son aún discrecionales y no aprovechan el verdadero talento humano producto de la capacitación nacional e internacional de sus miembros, tornando en ineficiente la inversión del Estado en dichos procesos. Situación concordante con las decisiones del Ministro del Defensa de reforzar las ciudades con miembros del Fuerzas Armadas, para el registro y control de armas, cuya capacidad de judicialización es limitada, cuando el verdadero problema que vive el país y el incremento de la violencia criminal tienen su razón de ser en esa fronteras permeables hoy abandonadas, cuyo control  es una prerrogativa exclusiva de las Fuerzas Armadas, hoy concentradas en la ciudades con pobres resultados en el descenso del delito.

Las Fuerzas Armadas han sido destinadas al control de armas en la ciudades con pobres resultados en el descenso del delito. Foto: El Diario.ec

El narcotráfico perfora nuestro espacio aéreo diariamente, y el zumbido de las narcoavionetas en la costa y oriente ecuatorianos cada noche así lo determina. Esas avionetas que ingresan ingentes cantidades de dinero para ser lavado en el Ecuador, así como para comprar consciencias, armas e infraestructuras delictivas que se evidencian en esa lucha de territorios que cada día se hace más sentida en todas las ciudades del país.

Los grupos delictivos son verdaderas naciones que purgan a quienes no se alinean con las disposiciones de sus líderes; el sicariato golpea cada fin de semana solo en la provincia del Guayas con un promedio de 15 muertes violentas, las cuales, mientras en las noticias son narradas como un "ajuste de cuentas", en la realidad exponen a todos los ciudadanos en convertirse en el próximo blanco de esta violencia si, por cualquier circunstancia de la vida, su camino coincide con uno de los miles de partidarios de estos grupos violentos que hoy pelean visiblemente por el control de pabellones en las cárceles, pero que son solo un pequeño porcentaje de los que están en las calles de nuestro país.  

Segun la Policía antinarcóticos se ha incrementado a salida de droga del país a través del uso de avionetas y pistas clandestinas. Foto: archivo Diario El Universo

Políticas claras para las instituciones y las fronteras

La seguridad requiere de políticas de Estado claras, y actores políticos con capacidad y decisión. Las imágenes de un gobernador con chaleco antibalas dando declaraciones luego de sentirse policía por un día, precisamente en el recuento de privados de la libertad, mientras proclamaba el control absoluto del lugar de su sesión fotográfica, no es sino el reflejo de la ligereza con la que se asume un cargo y sobre todo, la trágica realidad carcelaria.

Generales, coroneles de Policía y Ejército (en servicio pasivo) han desfilado por la SNAI. El resultado de sus vastos conocimientos de seguridad están a la vista.

El Ecuador debe entender que la primera forma de seguridad interna es el aseguramiento de sus fronteras, de sus vías, de su espacio aéreo, de su mar, de su playas, exigiendo las funciones y el cumplimiento de la misión constitucional asignada a las Fuerzas Armadas. Ya es hora de buscar que quienes se forman para soldados actúen como policías; es como pedir que los bomberos se encarguen del control del tránsito. No son sus funciones. Fueron preparados para otra realidad y misión. Su equipamiento está diseñado para cumplir con ese control en condiciones diferentes a las urbanas. Su capacidad es amplia para reducir una amenaza real e inminente contra el Estado que viene desde afuera, pero que igualmente sale desde nuestro país.

Vigilancia militar en la frontera norte. Foto: AFP

La seguridad pública y ciudadana no es un enunciado lírico, pues solo vasta pensar quién invertiría en un país carente de seguridad en todos los aspectos de la cotidianidad; quién podría fomentar el turismo cuando las embajadas advierten del riesgo país a sus connacionales; quién puede impulsar la exportaciones si estas se ven contaminadas frecuentemente con drogas en productos de producción agropecuaria y en general, de aquellos que salen de nuestros puertos.

Cuando se entienda que esta función es indelegable y que se debe cumplir a cabalidad, creando igualmente controles permanentes que eviten la contaminación de los miembros de las Fuerzas del orden y sistema judicial, tal como se exige a los Policías pasar pruebas de confianza; entonces el país será un poco más seguro.

La Policía, por su lado, debe restructurar la visión de la seguridad ciudadana y recuperar funciones de inteligencia anti delincuencial con amenazas variables; entender que la proliferación de la violencia viene por importación, por asimilación y por "capacitación" de nuevas formas de delitos y de estructuras delictivas. Que la prevención es necesaria, pero que la investigación especializada es fundamental.

No se puede seguir manejado a la CIES con la mirada resentida de los abusos atribuidos a la SENAIN, sino que se debe entender que un país que no puede procesar las amenazas con sistemas de inteligencia multidisciplinarios, está condenado a vivir las crisis de violencia que hoy vivimos y que, bajo la línea adoptada, se demostrará que siempre se puede estar peor.

El señor Presidente Lasso, entre sus primeros decretos ejecutivos precisamente rescató la necesidad de establecer un código de ética para los funcionarios públicos que —más allá del uso abusivo de aviones, vehículos o nepotismos en los cargos— deja en claro la necesidad de que quien ocupe un cargo público realmente debe tener la capacidad para ejercerlo. Las designaciones deben garantizar un trasfondo más valedero en el mérito, experiencia, capacitación y principalmente resultados alcanzados en las diferentes áreas del Estado para que se pueda titularizar a los principales de cada Cartera; pues claro está, es la cabeza la que guía a la institución.

Es hora de romper drásticamente con compromisos políticos y cercanías  para tomar decisiones en una renovada estructura de seguridad del Estado que asuma la responsabilidad en forma real, con menos discursos pero con más resultados,  con menos fotos pero con más acciones, con menos ceremonias pero con más equidad y objetividad en los ascensos, promociones o reconocimientos de los miembros de las fuerzas del orden del Ecuador.

El Ecuador seguramente será objeto de una enorme indemnización y condena internacional por las masacres reiteradas en los Centros de Rehabilitación. Muchos de los fallecidos no tenían relación con las organizaciones en pugna, todos ellos bajo la responsabilidad y custodia del Estado, todos ellos con familiares que lloran su ausencia. Más allá de pensar en el delincuente como estadística, es hora de pensar en las personas que fueron asesinadas, en sus victimarios y la responsabilidad ulterior de quienes debieron intervenir y no lo hicieron.

El camino es largo y  difícil para recuperar ese oasis de paz que algún día fue el Ecuador. Pero sin decisión y acción decidida estamos condenados a perder nuestra añorada paz de manera irreversible y sumirnos en la violencia regional.

*Hugo Espín Tobar es abogado, experto en temas de seguridad pública. Es representante en el Ecuador de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, ALDHU.