“El MIES es el corazón del Gobierno nacional”, dijo el saliente ministro de Inclusión Social y Económica (MIES), Vicente Taiano, durante su rendición de cuentas, de este lunes 17 de mayo. Con esa frase cerró su presentación para enfatizar que su ministerio está encargado de atender a niños, niñas, madres, personas con discapacidad y adultos mayores que están en situaciones de vulnerabilidad y de pobreza. Por eso considera al MIES el corazón de la política pública para los más indefensos.

En 40 minutos, él y sus viceministros recitaron justamente esos objetivos y una decena de cifras sobre millones invertidos y beneficiarios cubiertos. No fue una presentación en vivo como lo han hecho otras autoridades en las últimas semanas a puertas de la transición para el siguiente Régimen. La del MIES fue un programa grabado donde el ministro Taiano leyó su discurso. Solo la última frase, la del corazón, pareció ser espontánea.

En el guion se anunciaron tres preguntas que supuestamente habían llegado desde la ciudadanía a través de redes sociales o por correo. Una fue sobre los bonos en la pandemia, otra sobre los bonos para Galápagos y una más sobre los hogares gerontológicos. Taiano y sus viceministros dieron más cifras y negaron desatención. Su discurso, sin embargo, olvidó una crisis insostenible que ha echado raíz desde el año pasado: cientos de organizaciones que atienden a sectores vulnerables -que reciben fondos del MIES- han estado impagas por meses y ahora, en el 2021, con todas las deudas encima están en inminente riesgo.

El verdadero corazón del MIES

Desde hace cinco meses, la Fundación Alas de Colibrí no puede cubrir los pagos de sus educadoras y personal técnico y, desde hace dos meses, la alimentación para las adolescentes de su casa de protección. Desde 2012, por su hogar han pasado 250 adolescentes víctimas de trata de personas, explotación sexual, prostitución forzada y violación. Algunas han llegado embarazadas y han sido atendidas en esta institución que trabaja todos los días del año. Allí las menores reciben atención sicológica y retoman sus estudios para tener la posibilidad de un nuevo proyecto de vida tras la violencia.

Uno de los trabajadores de la Fundación Alas de Colibrí en la visita a un hogar de una familia migrante. 

Esta organización, así como otros 5.240 proyectos a escala nacional, dependen en gran parte de los recursos del MIES. De hecho, este Ministerio llega a los sectores más vulnerables a través de estas organizaciones que trabajan en desarrollo infantil, protección especial, atención de personas adultas y con discapacidad.

Los técnicos han seguido laborando, pese a no recibir sus sueldos por más de cinco meses. Las organizaciones han pedido préstamos para cubrir sus necesidades.

En cada una de estas áreas, el MIES también tiene sus propios centros, pero en tres de ellas las instituciones de la sociedad civil las superan en número. Por ejemplo, en protección especial (donde están las menores y mujeres que han sufrido violencia) hay 11 unidades administradas directamente por el Ministerio y 262 por organizaciones sociales, según los datos oficiales de esa cartera de Estado.

Cada año, las organizaciones firman un convenio donde se establecen las fechas de los desembolsos. El año pasado estos acuerdos debieron firmarse en marzo, pero según organizaciones radicadas en Quito, se retrasaron. No firmar un acuerdo significa no recibir los recursos para el pago del personal y para cubrir otros rubros vitales como la alimentación de los grupos vulnerables que atienden.

Esta redacción conoció el caso de las instituciones que trabajan en la capital. Hasta el momento, el MIES solo ha firmado 27 de 160 convenios. Pero de esas 27 organizaciones ninguna ha recibido los recursos. Es decir, su personal está impaga desde hace cinco meses. Pero hay otros casos, como Alas de Colibrí, donde el MIES aún no le cancela valores pendientes del 2020.

En Quito, desde hace cinco años, estas organizaciones crearon una red de cooperantes para fortalecer su trabajo. Ahora son 54 miembros. Tiene un grupo de vocería que representa a las diferentes áreas: discapacidad, desarrollo infantil, acogimiento, erradicación del trabajo infantil, entre otros. Aproximadamente el 50% de su presupuesto viene del MIES, pero trabajan también con fondos de autogestión y de cooperantes nacionales e internacionales. Con estos últimos recursos han sobrevivido durante el año de la pandemia.

El MIES tiene 11 centros propios para protección especial. Mientras que las organizaciones administran 262 proyectos, según las cifras oficiales. 

El Estado es el primer responsable en garantizar los derechos de las personas más vulnerables, sostienen los miembros de este grupo de vocería. Las organizaciones de la sociedad ayudan a esa responsabilidad. Pero el MIES tiene pocos servicios directos para estos grupos, explica Daniel Rueda, presidente de la Fundación Alas de Colibrí. Las organizaciones son las que han asumido esta labor.

“Nos ven como proveedores de servicios”, agrega Rueda. Ese es un problema porque -dice- los pagos se retrasan por muchos meses. En 2020, las educadoras de los centros de desarrollo infantil estuvieron impagas por casi un año. Las casas de acogimiento estuvieron en la misma situación por seis meses.

En Quito, más de un centenar de organizaciones que atienden a niños, niñas, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad no han recibido los recursos del MIES en cinco meses. 

“No somos contratistas sino cooperantes”, manifiesta Patricia Mena, de Finesec, una ONG que trabaja con personas con discapacidad desde hace 25 años. La fortaleza de las organizaciones está en su experiencia, en su equipo técnico y en su infraestructura que pone al servicio de estos sectores, afirma. El MIES recurre a los cooperantes para poder ejecutar su política pública.

Los profesionales de estas organizaciones reciben entre 400 y 800 dólares mensuales. “Y si usted no recibe por cinco meses su sueldo hay una notable precarización de las condiciones de vida de los técnicos”, añade Rueda.

Mayor burocracia en tiempos de crisis

PlanV conversó con cinco representantes de la red de 54 organizaciones. Todos coinciden en que desde el año pasado hay más burocracia y más trámites. En la pandemia, las organizaciones quisieron usar el presupuesto destinado a alimentación para comprar kits alimenticios. Pero el MIES les exigió que estas adquisiciones se hicieran a través de compras públicas.

El MIES estableció los alimentos que deben ir en el kit, pero no todas esas especificaciones coinciden con las registradas en el portal de compras públicas. Han pedido capacitaciones, pero para ello necesitan la certificación presupuestaria, un documento que no tienen si no se firma el convenio.

El nuevo proceso, aseguran, en muchas de las instituciones no se pudo cumplir y debieron devolver los valores que no pudieron ejecutarse. Eso, para Patricio Raza, fue haber negado el derecho de alimentación a los grupos vulnerables. Él dirige el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Cultural del Ecuador (INEPE), que atiende a 120 niños menores de 3 años en desarrollo infantil integral.

Las organizaciones cuestionan que gastos como el internet y las computadoras no puedan ser asumidos por el Estado en esta época de pandemia. 

Pese a no contar con recursos, las organizaciones no han parado en esta pandemia. Han visto cómo las familias usuarios de sus servicios han caído en una mayor pobreza y las organizaciones no han podido responder a esas necesidades, como la entrega de los kits de alimentos.

El mayor reclamo es la falta de lineamientos claros. Estos, dicen, fueron recién conocidos por las organizaciones y no tiene claridad cómo ejecutar el 100% los recursos.

Cada año, las organizaciones deben gestionar una beca integral. Este es un fondo que establece el MIES para usarlos en cinco rubros: alimentación, educación, salud, recreación y movilización. En ocasiones, explican, logran por autogestión conseguir alimentos. Entonces esos recursos pueden ser usados en esos cuatro ítems. Algo que debería ser renovado sin mayores trabas burocráticas, cada año es una lucha, dice Jacqueline Valencia, Asociación Solidaridad y Acción (ASA). “Cada técnico interpreta a su forma”.

“Hay una política pública más o menos definida, pero sin presupuesto, lo cual la vuelve inejecutable”, dice Mena.

Las 27 organizaciones que han logrado firmar el convenio en este 2021, además, se encontraron con una novedad. Este año, solo a partir de julio próximo podrán usar los fondos para comprar los kits alimenticios para las familias.

De las cifras a la realidad

El ministro Taiano, en su rendición de cuentas, dijo que en esta administración se amplió la red de protección social, la mayor en la historia del Ecuador. Habló, sobre todo, de los bonos emergentes que se dieron durante la pandemia. Por ejemplo, según él, el bono de protección familiar ha beneficiado a 950.000 familias. También lanzó la gran cifra de 1.359 millones como inversión, de los cuales se ejecutó el 91.97%.

Según los datos que mostró en su informe, en 2020, más de 252 millones fueron invertidos en centros de desarrollo infantil, de adultos mayores, de personas con discapacidad, y en lugares de protección. Eso es el 18% del total del presupuesto del MIES. ¿Qué problemas hay para los desembolsos?, ¿por qué los grupos prioritarios no son los primeros en atenderse?, ¿por qué se va del cargo sin firmar los convenios?, ¿cuál es la situación a escala nacional?, son algunas preguntas que se quedaron sin respuesta porque el equipo de Comunicación de Taiano no atendió los pedidos de entrevista de PlanV.

Las cifras del ministro Taiano y de sus viceministros no cuentan lo que sucede al interior de estas organizaciones. En Finesec el gran sacrificio ha sido dejar de entregar kits de alimentos. Atiende a 160 familias de personas con discapacidad. Patricia Mena, su directora, dice que un gran número de personas con discapacidad perdieron sus trabajos en la pandemia y necesitan de esa ayuda. Además, su organización ha tenido que recurrir a préstamos para cubrir los sueldos del personal. “No podemos dejar de pagar planillas porque eso pone en riesgo legal a la organización y en riesgo laboral a los trabajadores”. Llevan impagos cinco meses.

Por la misma situación pasa la Asociación Solidaridad y Acción (ASA). Acoge a 30 niños, niñas y adolescentes que por estar en una situación grave de vulneración de derechos han sido retirados de sus familias. También tienen a ocho menores en acogimiento familiar. Jacqueline Valencia, representante de esta organización, cuenta que 13 de sus técnicos son financiados por el Estado. A esta organización le ha tocado acudir a donaciones. También han solicitado créditos a sus proveedores para cubrir la alimentación de los niños que, por los muchos años de trabajo, les dan ese apoyo. “Pero para ellos también es insostenible”.

La Fundación Tierra Nueva se dedica al desarrollo infantil de 290 niños y niñas y atiende a 390 personas con discapacidad. De su personal, 45 personas que son pagados por el MIES, montos que ahora la Fundación está asumiendo, manifestó su representante, Elizabeth Pinos. Estas atenciones las realizan por teletrabajo y eso implica una situación adicional para las educadoras.

Con recursos de autogestión, las organizaciones de la sociedad civil han logrado mantener los servicios más básicos de sus centros de acogida. Pero eso ha implicado que su personal no reciba sueldos. 

Patricio Raza, de INEPE, relata que las educadoras de su institución dan clases virtuales a niños menores de tres años. Son jefas de hogar y su situación es crítica por la falta de salarios. Además, deben cubrir los costos del internet y ser madres y educadoras de sus propios hijos al mismo tiempo.

Esos gastos no están cubiertos por el Estado. Las casas han tenido que invertir en internet y computadoras para las clases virtuales. El MIES, explican, da una ficha de costos y si una organización se gasta en algo más tendrá que pagar de sus recursos. Por ejemplo, los servicios de internet, movilización y equipos de bioseguridad no están incluidos en esa ficha de costos.

Daniel Rueda resume la situación: “Deberíamos ser los primeros sin recibir recursos. ¡Por Dios! Estamos haciendo trabajos sobrehumanos para poder atender los servicios. Ha habido un irrespeto a las organizaciones”. 

Un ministro desconocido

Taiano llegó al MIES en septiembre pasado. Fue el cuarto ministro en ocupar ese cargo durante el gobierno de Lenín Moreno. Reemplazó a Iván Granda, quien renunció por motivos personales en plena pandemia. Taiano, en su rendición de cuentas, dijo que hubo canales de comunicación con la ciudadanía todos los días del año para recoger aportes y sugerencias. Pero esos canales no llegaron a las organizaciones ejecutoras de gran parte de la política de atención social. De hecho, en la entrevista, los representantes afirmaron que nunca lo llegaron a conocer. Pero este trato distante no es reciente. Según comentaron, desde hace años el MIES no dialoga con estas instituciones que tienen décadas de experiencia en la atención a los más vulnerables. En su criterio, la nueva estructura del Ministerio ha vuelto inoperante los procesos. Casa adentro es cuestionado por su trato desigual y poco empático hacia quienes dice atender. Hacia afuera, el MIES -llamado como el “corazón” del Gobierno- se ha convertido en uno de los dos ministerios que ha apelado la sentencia de Furukawa, que condena a esa cartera de Estado y otras entidades por la esclavitud moderna de 123 trabajadores afrodescendientes, los más vulnerables por décadas.