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28 de Octubre del 2019
Historias
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28 de Octubre del 2019
Redacción Plan V
Las violaciones a los derechos de los venezolanos detenidos en el paro
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Foto: Twitter María Paula Romo

Esta fue la imagen que difunció la ministra Romo tras la detención de 19 personas, 17 de ellas de nacionalidad venezolana. 

Casi una decena de violaciones a los derechos de los 19 personas, de ellas 17 venezolanas, se registraron el 10 y 11 de octubre pasados cuando fueron detenidos durante el paro. Aunque 15 de ellos fueron declarados inocentes, aún no pueden recuperar sus vehículos que siguen siendo investigados.

El relato oficial: una piedra inamovible 

El jueves 10 de octubre fue uno de los días más críticos durante el paro. Mientras en el Ágora de la Casa de la Cultura manifestantes y dirigentes indígenas retenían a 10 policías y periodistas, a decenas de kilómetros se producía una de las detenciones masivas más grandes contra extranjeros en Ecuador. Ese día fueron aprehendidos 17 venezolanos, un cubano y un ecuatoriano. No se había visto un hecho de tal magnitud solo superado por la detención y repatriación de 114 cubanos en el 2016

El hecho fue rápidamente anunciado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en un momento donde la tesis oficial de un intento de desestabilización aupado por fuerzas chavistas y correístas tomaba vuelo. Es así que en un tuit de Romo a las 11:10 alertó de las detenciones de los venezolanos con “información sobre la movilización del Presidente y Vicepresidente” en su poder. Colgó dos fotografías: una con los detenidos arrodillados y sus manos contra una pared; y la otra con una imagen del 6 de octubre (con esa fecha está grabada la foto) del avión presidencial. En un segundo tuit, publicado a 10 minutos del primero, la funcionaria anunciaba: “Cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país. Lo enfrentamos con la fuerza d la ley, la defensa d la democracia y sin subestimar lo q se encuentra en juego (sic)”. 


Esta es una de las imágenes que sostuvo el argumento de la Fiscalía para la detención de los venezolanos por supuesto complot contra el Presidente y Vicepresidente. 

A las 13:49, Moreno salió en cadena nacional en una entrevista con NTN24 para hablar de los intentos desestabilizadores del correísmo dirigidos por -así lo dijo- “cara dura, cara de tuco” en referencia a Rafael Correa, que según él estuvo en Caracas recibiendo directrices de un “gobierno despótico”. “Tanto un sátrapa como el otro sátrapa están enviando permanentemente los mensajes dando direccionalidad a estos actos de violencia”, dijo el Mandatario. 

Ese mismo día, a las 18.19, en rueda de prensa, la ministra Romo evaluó ante las cámaras la jornada. Sobre los venezolanos informó: “Mientras estaba próximo a aterrizar el vicepresidente de la República, en controles de rutina por seguridad de la llegada, se identificaron personas sospechosas y cuando se empezaron a pedir papeles resultó que algunos de ellos no tenían identificación. Se detuvieron 17 personas, un ecuatoriano, el resto son venezolanos y cubanos, unos por los documentos que tienen y otros no tienen documentos. Es la nacionalidad que tenemos por su dialecto. No tenemos información sobre el registro de esas personas. En su poder había información sobre el traslado del presidente y del vicepresidente. En la audiencia de flagrancia se espera tener más información. En su poder también se encontraron un bate, un tolete y un cuchillo. Todos se movilizaban en parejas, en carros alquilados, tenían una cantidad de aparatos celulares que supera el número de personas”. 

El hecho fue rápidamente anunciado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en un momento donde la tesis oficial de un intento de desestabilización aupado por fuerzas chavistas y correístas tomaba vuelo.

¿Cómo se dio el operativo? El general Hernán Patricio Carrillo, director Nacional de Operaciones de la Policía, dijo que este se ejecutó después de tareas de inteligencia que alertaban de un supuesto atentado contra la caravana presidencial. Diez vehículos y los celulares de los extranjeros fueron incautados. 

Un día después, el 11 de octubre por NTN24, se anunciaba que los venezolanos detenidos serían miembros del colectivo armado “La Piedrita”, que ha sido clasificado como un grupo armado violento y cuyo líder ha sido investigado por homicidios y otros delitos. Una de las entrevistadas en ese reporte fue la diputada venezolana Amelia Belisario, quien exigía al gobierno de Nicolás Maduro por qué esos grupos paramilitares formados en Venezuela también están atacando a los ecuatorianos. “Nada debe sorprender a la región porque así ha actuado Maduro durante años”, dijo la parlamentaria. 

Pero ese mismo día, 15 de los 19 detenidos quedaron libres por no haberse calificado como legal la detención. La mayoría alegó ser conductor de plataformas virtuales como Uber. Los otros cuatro, dos venezolanos, un cubano y un ecuatoriano se les ordenó presentarse periódicamente ante un juez y están siendo investigados por supuesta “asociación ilícita”. 

El fiscal Francisco Novoa contó en la diligencia que se disputo que las motocicletas y los patrulleros de la caravana vicepresidencial permanezcan cerca de una bomba de gasolina hasta que llegue el segundo mandatario a Quito. En ese momento, observan llegar un vehículo marca con cuatro ocupantes en su interior, quienes tenían corte de cabello tipo militar. Esas personas, según la Fiscalía, contaron cuántas personas estaban en la caravana. “Al notar esta actitud inusual me llamó la atención”, dijo el oficial a cargo del operativo. “Acto seguido se visualizó nuevamente al automotor con sus ocupantes realizar la misma acción de observación por segunda ocasión”. Esas acciones fueron calificadas como sospechosas por los uniformados. Los extranjeros fueron detenidos, según se justificó, porque en estado de excepción se debía intensificar la seguridad del vicepresidente. Otras señales “inusuales” que registraron fueron las llamadas constantes que recibían a sus teléfonos y cómo observaban, según los oficiales, la circulación de otros vehículos. 

La siguiente declaración oficial sobre el caso se daría el 15 octubre, cuando las movilizaciones terminaron. De nuevo la ministra Romo se refirió al tema, pero sin dar detalles ni rectificar la información. “una vez que la policía hace su trabajo y pone a alguien a órdenes a la justicia, de ahí en adelante el trabajo es de la justicia”. Con ese argumento evitó pronunciarse sobre la liberación casi inmediata de los extranjeros. “Será la justicia la que en su momento ofrezca más información” y selló el tema. Pero para los venezolanos detenidos fue el inicio de una travesía legal y económica. 

Un día después, el 11 de octubre por NTN24, se anunciaba que los venezolanos detenidos serían miembros del colectivo armado “La Piedrita”, que ha sido clasificado como un grupo armado violento y cuyo líder ha sido investigado por homicidios y otros delitos.

Odio, calumnia e incriminación 

Parte policial contra los detenidos venezolanos. 

Abogados, expertos en derechos humanos y líderes de la comunidad venezolana en Ecuador han cuestionado la actuación de la policía y del Gobierno. El pasado 20 de octubre, el Observatorio de Derechos y Justicia y las organizaciones Venezuela en Ecuador y Acción Jurídica Popular publicaron un informe sobre el caso al que llamaron “falsos positivos”. Durante la audiencia de flagrancia hubo al menos tres violaciones al debido proceso, en su opinión. La primera tiene que ver con la falta de acceso a los documentos. Han denunciado que los abogados tuvieron acceso al parte policial tan solo diez minutos antes de que inicie la audiencia lo que vulneró su derecho al defensa. La segunda irregularidad que encontraron es que en el parte policial se menciona que las 19 personas fueron detenidas por su “actitud inusual”. “Esto no es ni siquiera una contravención, mucho menos constituye delito en el Código Orgánico Integral Penal”, explica el informe. La siguiente violación afectó a las cuatro personas que fueron acusadas por supuesta asociación ilícita. “En la audiencia de calificación de flagrancia, Fiscalía no presentó ninguna prueba en contra de los detenidos; sin embargo, se abrió la instrucción fiscal contra 4 de ellos, sin tener prueba alguna y tampoco sin motivación alguna del por qué escogen a esos detenidos”, agrega el reporte. 

María del Carmen Suyón es abogada de la mayoría de los detenidos venezolanos. 

Pero la abogada María del Carmen Suyón, que defendió a la mayoría de los detenidos, los hechos del 10 de octubre tienen otra explicación. Los venezolanos trabajan en tres plataformas virtuales: Uber, Cabify e inDriver. Sus teléfonos celulares no eran de alta gama, pero al usar aplicaciones tan pesadas tiene más de un celular para cada plataforma. El grupo se quedó en una gasolinera cerca del aeropuerto. ¿Por qué estaban allí esperando? La abogada explica que esas aplicaciones existen una especie de fila virtual para tomar las carreras de la terminal aérea que son apetecidas por los choferes por su costo de alrededor de 20 dólares. Unos estuvieron estacionados y otros comiendo en los lugares cercanos. Otros estuvieron en sus autos esperando el turno como tres de ellos que aún tienen medidas cautelares. Otro de los implicados llegó a poner gasolina y fue involucrado, sostiene la jurista. En ese momento llegó un auto con seis policías, quienes les dicen: ‘policía nacional, bájense de los autos inmediatamente’. Los que no estuvieron en los autos los mandaron a llamar por el número de las placas. Los arrinconaron frente a la pared sin decirles nada.

Al ver que son venezolanos, según la abogada, les hicieron arrodillar, los esposaron con amarres plásticos y a algunos les pudieron las pistolas en la nuca. Fueron insultados con alusiones a su nacionalidad. “Es un delito de odio y de xenofobia impresionante por parte de los señores Policías”, dice Suyón. Fueron llevados en bus y otros en sus propios autos hasta la Unidad de Flagrancia. Sus derechos fueron leídos recién a las 19:10. Esta es otra violación, según la defensora. “Cuando se arresta a alguien los derechos tiene que ser detenidos inmediatamente”. Enseguida los llevan a las celdas sin decirles el delito. El parte policial estuvo a las 10:20 del día siguiente de la detención. “Yo recién pude hablar con ellos 15 minutos antes de la audiencia sin tener el parte en la mano. Un abogado debe saber de qué acusan a su cliente para defenderlo. Técnicamente los dejaron en indefensión”.

Otra violación es el delito que les imputan. “La asociación ilícita es cuando un grupo delincuencial organizado se reúne para cometer delitos de manera permanente. Pero jugar cartas no creo que sea un delito, tampoco lo es estar parqueado en una gasolinera ni comer en un restaurante. Entonces preguntamos cuál es el motivo. Y en el parte dice que fue actividad inusual y por eso no te pueden arrestar”.

Pero hubo otras irregularidades en la audiencia de flagrancia. Según Suyón, se suspendió la audiencia estando a poco tiempo de cumplirse las 24 horas. Solo durante ese lapso se puede calificar el delito en flagrancia. La Fiscalía hizo el pedido para presentar un video de las cámaras de la gasolinera. “Se reanuda la audiencia y no trajo el video sino el peritaje de una cámara fotográfica. No era la prueba que se había mencionado, sin embargo se dio paso aunque en esa etapa no se presentan pruebas. Todos los abogados nos quedamos admirados de ver ese tipo de injusticias”. Dice que hasta hubo pérdida de dinero que había en uno de los autos de un venezolano. “Cuando los esculcan antes de entrar a las celdas a uno de mis defendidos les encontraron monedas. Entonces le dice al policía: ‘¿las monedas hay que dárselas al guardia?’ y le responde ‘no es para mí colación’”.

El lunes 21 de octubre fue la audiencia de juzgamiento directo de los cuatro procesados. La Fiscalía pidió que se difiera por 15 días más hasta que tenga los informes de los peritajes a los vehículos y los celulares incautados. La abogada denunció que los vehículos de los 15 detenidos que fueron dejados en libertad aún están incautados y sigue en los patios de retención. Se les ha hecho la prueba del revenido químico, que permite ver si hay alteración de las placas.  Mientras que los celulares están en las bodegas de la Policía Judicial. “Se les está prohibiendo del derecho al trabajo porque esas son sus herramientas para laborar”. Los venezolanos estuvieron indocumentados durante casi 15 días hasta el 24 de octubre.

En el parte policial se menciona que uno de los detenidos tenía una cámara digital y la estaba “manipulando” “con claras pretensiones de borrar las imágenes”. Según ese documento, había fotos tomadas “desde puntos de vigilancia estratégicos y de larga distancia, registrando imágenes del personal de seguridad, del avión presidencial, de las garitas, de la torre de control, de los accesos del corredor Alpachaca que conecta a la sala protocolar, así como varias fotografías, direccionadas con especial énfasis a diferentes ángulos de la entrada a la sala protocolar. Le pregunté -dice el oficial en el parte- la razón de las fotografías y me supo manifestar, ya en actitud muy nerviosa que él es afín al Gobierno”.

La abogada Suyón explica que el 6 de octubre hubo una marcha a favor del Presidente. “En esa fecha toma fotos del presidente, del avión presidencial y del aeropuerto. El Presidente antes de irse se dejó tomar fotos con las personas, tanto así que la seguridad presidencial permitió que la gente se acercara. Uno de mis patrocinados tenía una foto con el Mandatario. Y todas las imágenes son del 6 de octubre”. La abogada pidió que se revise la fecha de la foto y por eso no cabía la flagrancia, porque no eran imágenes del 10 de octubre, el día que los detuvieron.

Para la experta, dentro de este caso hubo violaciones a la presunción de la inocencia, al derecho al trabajo, delito de odio y hasta calumnias. Las tres organizaciones que emitieron el informe de este caso recordaron que la CIDH ha manifestado su preocupación por prácticas xenófobas contra venezolanos en países extranjeros que se expresan en insultos y abusos de autoridades y particulares. Por eso pidieron a las autoridades investigar y sancionar a los agentes policiales y operadores judiciales que actuaron en este caso. “Y solicitamos a las autoridades del Ministerio del Interior que emitan las disculpas correspondientes”, concluyeron.

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