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9 de Junio del 2020
Historias
Lectura: 16 minutos
9 de Junio del 2020
Susana Morán
Los wao deberán esperar la atención del Estado porque Romo no estuvo convocada a una audiencia
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Los dirigentes waorani Nemonte Nenquimo y Gilberto Nenquimo, junto con otros líderes waorani, durante la rueda de prensa virtual que se llegó a cabo el 21 de mayo de 2020 para informar sobre la emergencia de la COVID-19 en sus territorios. Foto: Mitch Anderson / Amazon Frontlines

 

Las comunidades waoranis pidieron medidas cautelares por la falta atención en la emergencia de la COVID-19. Es la primera nacionalidad indígena en demanda al Estado por la pandemia. Pero la jueza Delicia de los Ángeles Garcés declaró la nulidad de todo el proceso porque no fue convocada la ministra María Paula Romo, como delegada del Presidente al COE Nacional. Incluso funcionarios del Ministerio de Ambiente pidieron las cautelares para ellos mismos. Mientras que los líderes indígenas mostraron su indignación por las afirmaciones de los funcionarios de “escritorio”.

La discusión fue acalorada entre demandados y demandantes. Los primeros son cinco instituciones estatales. Los segundos, las comunidades waorani de la Amazonía ecuatoriana. Los abogados de los demandados hicieron gestos de felicidad. Mientras que los demandantes no se explicaban lo que estaba pasando. Eso ocurrió al final de la audiencia virtual de medidas cautelares que solicitó este pueblo indígena al Estado ecuatoriano. La jueza de Pichincha, Delicia de los Ángeles Garcés, decidió este lunes, 8 de junio, declarar la nulidad de todo el proceso por una falla en el pedido de los waoranis.

Esa falta, según la jueza, fue haber dirigido la demanda contra el vicepresidente Otto Sonnenholzner como delegado del Presidente ante el COE Nacional, cuando esa designación corresponde a la ministra María Paula Romo desde el 30 de marzo pasado. Ella no fue convocada, y por lo tanto, se alegó que eso causaba indefensión para una autoridad del Gobierno. “No es culpa de nosotros”, afirmó la magistrada.

María Espinosa, una de las abogadas de los waoranis, señaló que Sonnenholzner fue nombrado como delegado de Lenín Moreno mediante un decreto. Pero no existe un documento similar para el caso de Romo, cuya designación aparece en un acta del COE. La Vicepresidencia envió un escrito con esta observación este lunes, cuando la audiencia empezó el viernes pasado. Para la jurista este fue un acto de mala fe pues pudieron notificar a la jueza con el cambio mucho antes. “Esto lo que muestra es un interés estatal de dilatar el proceso y que está motivando a la jueza tomar decisiones que carecen de un sustento legal”.


El 24 de abril, Gilberto Nenquimo y Nemonte Nenquimo ingresaron a su territorio ancestral con trajes de bioseguridad para informar sobre los riesgos de la COVID-19. Foto:  Mitch Anderson / Amazon Frontlines.

Las defensas de las comunidades pidieron a la jueza que su decisión se base en la naturaleza de las medidas cautelares. Este es un recurso que permite evitar o cesar violaciones de derechos mediante una orden rápida de un juez. Las medidas fueron presentadas el 20 de mayo y la audiencia se convocó para el 5 de junio. Entonces una espera mayor podría empeorar la situación del pueblo waorani que hasta el momento registra un fallecido y 23 personas con síntomas de COVID-19.

Los waoranis son el primer pueblo indígena que demanda al Estado por la falta atención en esta emergencia sanitaria para ellos y los pueblos no contactados. Han denunciado trabas y lentitud por parte del Ministerio de Salud relacionadas con asuntos de formalidad. Han recordado que esta nacionalidad ya cuenta con protocolos de atención que deben ser aplicados por Salud para evitar más muertes en su población que alcanza las 5.000 personas, asentadas en las provincias de Orellana, Pastaza y Napo. Su memoria inmunológica es reciente y la de los pueblos no contactados es desconocida, por lo que un brote de este tipo puede ser fatal.

El primer fallecido fue un pikenani, como se llaman a los abuelos en waorani, en la comunidad de Bataboro. No ha sido el único que ha enfermado. En la comunidad Miwaguno, que está cerca de la petrolera PetrOriental/Andes Petroleum, otro pikenani también se contagió del virus. Salud lo trasladó a un hospital para que recibiera oxígeno. La familia se opuso a que lo sacaran de su comunidad por el temor de que en caso que falleciera, el Estado lo entierre en otro lugar.


Arriba. Un pikenani en su casa de la comunidad de Nemonpare, en Pastaza. Abajo, dos pikenanis en la misma población amazónica. Fotos: Amazon Frontlines /Martín Kingman

Pero en la audiencia, los funcionarios hicieron énfasis en los derechos del Estado y ante la ausencia de Romo, o de su representante, solicitaron la nulidad de todo el proceso durante el cual las comunidades waoranis mostraron su indignación por las afirmaciones de los funcionarios de escritorio.

El mundo waorani visto desde el escritorio

“Ustedes solo han estado en la mesa ni siquiera han visto la realidad en el territorio”, dijo enfadada Nemonte Nenquimo, histórica líder de las mujeres waoranis. Cuando intervino en la audiencia, alzó su tono de voz y deslegitimó las versiones de los funcionarios que nunca han pisado territorio wao. Por ejemplo, dijo que le daba tristeza que Salud asegurara que ha estado vigilante del bienestar de los waoranis durante la emergencia. Manifestó que no hubo medidas oportunas para su pueblo y más bien ella, a través de los concejos de sus ancianos, prohibió el ingreso a las comunidades para evitar contagios. Contó que ellos han enviado documentos y mensajes de Whatsapp a Salud para que se acerquen a sus territorios.

Marcelo Ocaña, procurador judicial del ministro de Salud, Juan Carlos Zeballos, dijo que esa cartera de Estado ha atendido a los waoranis, por ser un grupo doblemente vulnerable. Aseguró que se expidió un protocolo para la atención de los pueblos en aislamiento voluntario y que están por sacar otro protocolo para los pueblos indígenas de todo el país. Su realización ha tomado varios meses. La normativa, dijo, está acorde a la comunidad y su realidad. Citó un informe de la Coordinación Zonal 2 de las poblaciones waoranis de Napo y Orellana, del 3 de junio pasado, que asegura que los territorios fueron atendidos de manera oportuna.  Según ese reporte, se han tomado 185 muestras para COVID en más de 15 comunidades waoranis. “No ha existido ninguna limitación para que los servicios de salud estén garantizados”. Pidió a las comunidades no usar el término etnocidio como un simple enunciado.


El 19 de abril, miembros de comunidad waorani usaban gel antibacterial para enfrentar la pandemia, en la población de Shell, Pastaza. Foto Mitch Anderson / Amazon Frontlines

Pero Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad Waorani (NAWE), tiene otra versión sobre la actuación de Salud. Afirmó que él alertó a ese Ministerio de los síntomas que tenían los waoranis, pero que los informes de los subcentros eran muy pobres. Contó que se concluyó que se trataban de resfriados, gripes y amigdalitis. Nemonte agregó que con ese diagnóstico, los waoranis siguieron haciendo mingas y caminando por sus territorios, lo que provocó que avancen los contagios.

Gilberto Nenquimo negó que Salud haya advertido el riesgo. “Las pruebas (para COVID) fueron adquiridas por gestión mía”, afirmó el dirigente y agregó que las obtuvo gracias a redes amigas. Reconoció la labor de los médicos, pero cuestionó que los subcentros no tengan medicinas y menos oxígeno.

Las organizaciones waorani denunciaron que la jueza Delicia de los Ángeles Garcés declaró nulidad de la medida cautelar sin referirse con claridad desde qué etapa del proceso aplicara la misma. Verbalmente otorgó 24horas para completar la medida.

El líder wao manifestó que efectivamente Salud trasladó a algunos pacientes a otras casas de salud, pero él tuvo que asumir los costos del retorno de su gente a sus comunidades. “Lo que hacen es planificar, pero luego dicen que no hay recursos para mover canoa ni comprar gasolina”. Sobre los protocolos cuestionó que no hayan sido adecuados a la cultura waorani. Negó que Salud haya hecho campañas de prevención. “Mientras los directivos del COE tenían libertad para transitar, yo no tenía libertad para transitar”. Dijo él se tuvo que aislar por 15 días para circular por las comunidades. El dirigente afirmó que ha sacado de sus propios recursos para cumplir con las necesidades básicas de sus habitantes.

Su pueblo sin garantías de alimento, no podían aislarse. “Yo convoqué a los ministerios”. Nemonte confirmó que gracias a las gestiones de la dirigencia lograron que el Gobierno entregue kits alimenticios. “Una miseria que nos dan, un poquito de arroz, nosotros nos alimentamos con pescado, cosas más grandes, ese arrocito para un día”. La dirigente, sobre todo, increpó a los funcionarios de Ambiente cuando se refirieron a la nueva carretera que se abrió en el Yasuní (ver el siguiente apartado).


Líderes waorani distribuyeron alimentos como parte de las ayudas humanitarias que ellos han gestionado con el apoyo de la campana “Fondo de Acción de Emergencia Indígena”. Foto: Mitch Anderson / Amazon Frontlines

La Secretaría de DDHH aseguró que han hecho un seguimiento exhaustivo del ingreso a las zonas intangibles, específicamente para evitar el ingreso de turistas extranjeros. Afirmó que ha hecho materiales comunicacionales en lengua wao terero para informar a las comunidades a través de la radio y de redes sociales. Pero la defensa de los indígenas recordó que ellos no tienen luz eléctrica menos acceso a internet, y los waoranis elaboraron primero sus propios productos y los imprimió para su gente.


Niñas waorani leen un folleto informativo sobre los propios protocolos de las nacionalidades amazónicas de Ecuador, creado por las organizaciones indígenas. Foto Mitch Anderson / Amazon Frontlines

¿Carretera o acceso ecológico?

Según el documento de las medidas cautelares, las comunidades waoranis aseguran que las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano han seguido sus actividades en el área del Yasuní, poniéndolos en grave riesgo. Así como la explotación maderera. Sobre todo se refieren a la apertura de lo que aseguran es una nueva carretera de 2,2km al sur de la plataforma Tambococha B, en el Bloque 43, en el corazón del Parque Nacional Yasuní. Además el Ministerio del Ambiente, aseguran los demandantes, ha dado licencia a la empresa estatal Petroamazonas para la apertura de tres plataformas petroleras más 10, de las cuales Ishpingo B generaría un impacto directo al área de protección de los pueblos indígenas aislados.

Según la demanda, las imágenes satelitales muestran la construcción de esa carretera. “Desde el inicio del estado de emergencia, el 15 de marzo, fecha en la que aún no se generaba desbroce en ese sector, hasta el 6 de mayo, ha provocado 2,2km de penetración en la selva amazónica, lo que habría requerido una gran cantidad de movimiento de trabajadores, maquinaria y materiales”.


Miembros del pueblo waorani durante un viaje en canoa a lo largo del río Curaray en el ancestral territorio waorani, n Pastaza. Foto Jeronimo Zuniga / Amazon Frontlines

Nathalie Bedón, abogada del Ministerio de Ambiente, mencionó que tanto el acceso ecológico, como se refirió a la carretera, así como las plataformas petroleras están distantes de las comunidades. La jueza le consultó si los trabajadores se han hecho exámenes para COVID y respondió que sí se han hecho pruebas rápidas, pero no habló de contagios. Sin embargo, minutos antes, un funcionario de Salud confirmó que hay dos casos de contagio en la petrolera Repsol YPF que están en territorio waorani.

Bedón dijo que lo primero que se hace en el acceso ecológico es un trazado de las líneas y de los márgenes y que se hace una reubicación de la fauna. En caso de áreas ecológicamente sensibles, por ejemplo, se hace un variantes de la obra para cuidar el medio ambiente, según dijo otra funcionaria.

Gilberto Nenquimo cuestionó la falta de atención oportuna a su territorio. Dijo que él viene de una cultura en la que si se dice ‘lo hago’, se debe hacer a más tardar mañana.

Para la abogada de Ambiente no existe ningún riesgo para los waoranis la presencia de una petrolera. Lo explicó así: “Los accionantes mencionan que por la actividad petrolera, las comunidades se pueden contagiar de COVID y ese sería el peligro grave e inminente, pero señora jueza de lo que hemos podido ver de los mapas que hemos presentado, esto carece de asidero jurídico y fáctico por cuanto la plataforma más cercana que se ha construido hasta el momento está a 23 kilómetros de la comunidad waorani más cercana. Si la OMS nos ha dicho que el contagio se da por la cercanía de las personas es inverosímil, señora jueza, que el virus vaya a trasladarse 23 kilómetros para contagiar a la comunidad. Las estaciones son cerradas”.

Pero Nemonte explicó a la jueza que los waoranis caminan muchos kilómetros, que no son pueblos enjaulados. Afirmó que hizo consultas sobre las balsas, pero ninguna autoridad contestó si debían circular o no. Para ella, el primer contacto se dio en las zonas donde hay actividades petroleras y las vías que conectan esas instalaciones con las comunidades. “Eso quiere decir que nuestros pikenanis están en riesgo su vida. Eso quiere decir que nuestros hermanos taromenani están en riesgo la vida.  Los waoranis, los taromenane caminamos por kilómetros, por 18 horas para búsqueda de comida, para traer nuestro alimento”.


Familia waorani en su casa, en Nemonpare, Pastaza. Foto Amazon Frontlines / Nico Kingman

Darío Cueva, otro abogado de Ambiente, manifestó que no hay ningún riesgo. Dijo que es necesario diferenciar entre carretera y acceso ecológico. Más bien aseguró que las medidas cautelares deberían ser para Ambiente y sus técnicos. “Para que no sea amenazados a su vida” y para que puedan cumplir con sus trabajos. Afirmó que los dirigentes waoranis son los que supuestamente amenazan a sus comunidades. Pero Nemonte le respondió de manera enérgica: “Eso no debe hablar, nosotros estamos protegiendo a nuestro pueblo, eso el Gobierno tiene que respetar”. 

El representante de Petroamazonas también se unió a sus colegas funcionarios. En el Bloque 43 no existe carretera alguna, dijo y para él esta discusión ya se aclaró cuando se construyó la primera parte del acceso ecológico. Ahora ejecutan una segunda parte y que está fuera de la zona intangible. Aseguró que esta obra tiene la autorización de Ambiente. Calificó de malintencionada la intención de los demandantes al decir que se aprovechó la pandemia para continuar con esa construcción.

La audiencia molestó a los dirigentes waoranis, quienes buscan con las medidas cautelares que el Ministerio de Salud ingrese a 11 comunidades en las que hay casos sospechosos y extender la atención al 100% de la población wao. Piden además que se doten a todos los subcentros y centros de salud cercanos a las comunidades con equipamiento de bioseguridad, termómetros, oxímetros de pulso, oxígeno y medicamentos relacionados para la atención de cuadros respiratorios. Que los habitantes en cercos epidemiológicos y aislamiento tengan acceso a alimentación y a elementos de bioseguridad, que guarden pertinencia cultural. Pero estas aspiraciones quedaron truncadas porque una Ministra de Estado no fue convocada para defender los derechos del COE Nacional. 

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Los wao deberán esperar la atención del Estado porque Romo no estuvo convocada a una audiencia
 


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