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12 de Agosto del 2021
Historias
Lectura: 26 minutos
12 de Agosto del 2021
Susana Morán
Waoranis: ¿Qué debe cambiar en la justicia tras el fallo de la Corte Constitucional?
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Los waoranis procesados en 2013 nunca entendieron por qué estuvieron en la cárcel. La Corte afirma que esa medida es contraria a su cosmovisión cultural. En la imagen se encuentran en una de las audiencias de juzgamiento. Fotos: Cortesía de Jorge Yeti

 

A la Corte Constitucional le tomó siete años y necesitó nuevos jueces para que llegara a la conclusión de que la prisión preventiva de 7 waoranis en 2013 vulneró los derechos de estos indígenas. Mientras tanto, ¿cuántas matanzas más se han producido y qué ha hecho el Estado para prevenirlas?, se preguntan expertos. Se estima en más de 100 las muertes entre waoranis y pueblos no contactados.


En diciembre de 2013 llegó a la Corte de Justicia de Orellana el pedido de hábeas corpus para siete waoranis detenidos semanas antes por supuesto genocidio. En la audiencia, los magistrados conocieron que los indígenas tenían cédula de identidad, constaban en el padrón electoral y pertenecían -en algunos de los casos- a la religión católica. Esos fueron suficientes motivos para que los jueces concluyeran que los waoranis habían pasado por un proceso de culturización y que el uso de aquellos documentos o el ejercicio de una religión implicaba que ya se habían ‘occidentalizado’. Por lo tanto, los jueces no reconocieron las garantías que tienen estas comunidades en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT, que dice: “deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros”.

Ese fue uno de los episodios que más impactó a Andrés Acaro, abogado de los siete waoranis procesados y quien ha seguido de cerca el trámite en la Corte Constitucional que derivó en una histórica sentencia a favor de los pueblos de reciente contacto, como los waoranis, que se hizo pública el pasado 9 de agosto. La Corte establece que no podrá dictarse una orden de prisión preventiva a personas indígenas de reciente contacto si previamente las los juzgadores no han cumplido los parámetros que se desarrollan a partir del principio de interculturalidad.

Todo comenzó cuando los primeros días del mes de marzo de 2013, cerca del poblado conocido como Yarentaro, en la provincia de Orellana, la pareja de ancianos waorani Ompore Omehuai y Buganei Caiga fueron atacados y muertos con lanzas por un grupo de indígenas en aislamiento Tagaeri Taromenane. En respuesta a este hecho, familiares de los ancianos asesinados ingresaron al territorio de los Tagaeri Taromenane, y dieron muerte a un grupo de ellos y extrajeron a dos niñas de tres y seis años quienes fueron posteriormente integradas a los grupos familiares waorani.

El 27 de noviembre de 2013, el Juez Segundo de Garantías Penales de Orellana, a petición de la Fiscalía, inició el trámite de la causa por delito de genocidio y ordenó la prisión preventiva contra siete waoranis de la comunidad Dikaro. Acaro visitó a los indígenas en el Centro de detención provisional en El Coca antes de ser trasladados a la cárcel de Sucumbíos. “Los siete estuvieron en un área de 5m por 5m, con calor y escasa alimentación porque la Policía no tenía esa responsabilidad, el Ministerio de Justicia no aparecía. Fue una experiencia traumática para ellos. Decían que (querían) matarse porque ese no era su mundo. Tenían una expresión de tristeza y eso nos hizo prever que algo estaba sucediendo”.

“¿Por qué estamos en cárcel?”, le preguntó uno de ellos a Jorge Yeti, dirigente waorani que estuvo al frente de la defensa de sus compañeros. Él es de la comunidad Dikaro, cantón Aguarico, de Orellana. “Los waoranis nacimos libres en nuestro territorio. Ellos no saben qué es cárcel”. Yeti explica que en el mundo waorani si alguien mata, el familiar de este debe tomar venganza. Esa es la forma de conseguir la paz o restablecer el orden en su cultura, como lo explica también la Corte. “Para los ancianos, que pasaron del aislamiento al contacto, el mundo de la cárcel es un lugar donde se muere, ellos piensan que al entrar se muere”, recoge la sentencia.


Los waoranis junto a sus abogados en la audiencia del 14 de agosto de 2019. Ese día se conoció la sentencia contra los indígenas: trabajo comunitario por cuatro años. Foto: Cortesía Jorge Yeti

El abogado Acato recuerda además que, en 2013, la presión que ejercía el Gobierno sobre la justicia era decidora. Acaro pidió la revisión de la prisión preventiva contra sus defendidos al juez Segundo de Garantías Penales de Orellana, el mismo que había ordenado su encarcelamiento. Tras esa revisión, el juez dispuso la libertad de los indígenas. Pero un día después fue destituido. “Entonces los jueces no se arriesgaban a emitir resoluciones con perspectiva intercultural”.

El 4 de diciembre de 2013, el abogado Acaro solicitó un amparo de libertad a favor de las personas waorani procesadas porque la Fiscalía no habría sustentado la solicitud de la prisión preventiva y no habría tomado en cuenta los derechos de este pueblo indígena. El 13 de diciembre de 2013, la Corte Provincial de Justicia de Orellana negó esa solicitud al considerar que “los actos punitivos realizados por el pueblo Huaorani, se encuadra perfectamente en el delito de genocidio”. La Fiscalía luego reformuló su acusación y cambió el delito a homicidio.

El 13 de febrero de 2014, Acaro y el defensor público de Orellana Alexis Costa González presentaron una acción de hábeas corpus en favor de los waoranis detenidos. Los juristas argumentaron que los waoranis al estar habituados a la vida en la selva, cultura, costumbres e incluso alimentación de su comunidad, las condiciones de la cárcel de Sucumbíos estaban afectando a la integridad física y psicológica de estos indígenas. La audiencia se llevó a cabo el 6 de marzo de 2014 en la Corte Provincial de Justicia de Orellana, que negó ese pedido.

Siete años después, la Corte cuestionó esa resolución judicial. Para sustentarse, ordenó realizar peritajes antropológicos jurídicos. De acuerdo a esos estudios, la privación de la libertad es contraria a sus costumbres y su percepción varía en función de la diferencia generacional y el grado de contacto con la sociedad mestiza occidental. Pero así los waoranis tengan mayor interacción con la sociedad mestiza occidental, siguen siendo un pueblo de reciente contacto.

¿Por qué el encierro afecta tanto a los waoranis? La Corte lo explica así: “Dentro de la comunidad es importante que la persona se encuentre activa y trabajando, de tal modo que las sanciones dentro la cultura Waorani son comprendidas como la intensificación de sus labores. Por el contrario, la privación de libertad se percibe como una forma de inactividad que no corrige, sino que los hace proclives a adoptar hábitos que no son propios de su cultura y que van en detrimento de sus valores”.
“Si bien la privación de la libertad es una medida prevista por la normativa penal en el sistema jurídico ordinario, en el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, esta no siempre es comprendida y asumida como una respuesta adecuada o consecuencia lógica ante la infracción de una norma”, afirma la sentencia.

En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la causa fundamentó su pedido de prisión preventiva porque los waoranis no habían presentado un arraigo social, laboral, familiar. Además, dijo el fiscal, el domicilio de los indígenas estaba localizado en la comunidad de Dikaro y Yarentaro de difícil acceso, lo cual imposibilitaba un adecuado control sobre cualquier medida alternativa a la prisión preventiva. También que los procesados podrían en cualquier momento en caso que se dicte una medida distinta a la prisión preventiva internarse en la selva definitivamente, imposibilitando su comparecencia al proceso penal.

La comunidad waorani de Dikaro se encuentra en el cantó Aguarico, de la provincia de Orellana. A esa población pertenecen algunos de los procesados. Foto: Cortesía Jorge Yeti

Esos argumentos del fiscal carecieron de toda consideración intercultural, afirma la Corte. Pedir que los indígenas justifiquen un arraigo -sostuvo- es desconocer la cultura waorani y las diferencias culturales de los wao como miembros de pueblos de reciente contacto.

El código “matar con lanzas”

Según los peritajes, los waorani han estado durante décadas sujetos a fuertes, constantes y diversas presiones y al cambio cultural, debido a las incursiones en sus territorios por parte de diferentes actores externos como las petroleras, los madereros, etc.

La Corte explica que los waoranis se organizan mediante grupos familiares denominados ‘nanicabos’, los cuales realizan alianzas entre sí mediante matrimonios, e integran unidades regionales que ocupan un territorio en el cual comparten recursos, permitiendo así la autosuficiencia de cada grupo familiar.

En este sistema, los grupos familiares con los cuales no existen lazos de parentesco o alianzas matrimoniales son percibidos como enemigos o potenciales enemigos. En este contexto el “matar con lanzas” es un mecanismo de separación e identificación de un grupo respecto a los que perciben como enemigos, según los peritajes.

Este patrón de venganza y muerte entre grupos familiares -dice la sentencia- está ligado a la movilidad estacional y generacional para la caza y pesca, característico de algunos pueblos de la cuenca amazónica. El código guerrero expresado en la muerte con lanzas se activa en situaciones específicas como la venganza por el asesinato de un familiar, el no regreso de un pariente que salió de cacería, acciones de un chamán en contra de un miembro del grupo, e ingreso de extraños al territorio.

Los peritajes explican que, al producirse estas situaciones, la guerra y la venganza constituyen mecanismos sociales y simbólicos para lograr el equilibrio nuevamente, para reintegrar el orden. Quienes se niegan a vengar a sus muertos incluso a su vez son atacados. La venganza es parte del sistema normativo de estos pueblos, pues incluso se impone de forma coactiva, sostienen.

La sentencia de la Corte agrega que bajo esta dinámica cultural articulada a conflictos territoriales agudizados por la actividad petrolera y maderera se han producido durante años ataques y matanzas entre indígenas aislados y de reciente contacto, así como entre indígenas aislados y colonos, misioneros, trabajadores de madereras y petroleras, y otros actores externos que son percibidos por estos pueblos como invasores y enemigos cuando incursionan en sus territorios.

Los jueces deberán hacer interpretaciones interculturales

La sentencia del hábeas corpus llegó a la Corte Constitucional en 2014, pero le tomó siete años y necesitó nuevos jueces para que el trámite concluyera. En su resolución del pasado 21 de julio, pero hecho público este 9 de agosto, la Corte establece que cuando personas indígenas interponen un recurso de hábeas corpus, los respectivos jueces, cortes, y defensores públicos deben tomar en cuenta las diferencias culturales de dichas personas y sus comunidades.

La Corte señala la necesidad de un diálogo intercultural que sea respetuoso de la autonomía indígena y sensible de las diferencias interculturales. Además, debe contribuir a una adecuada coordinación entre los sistemas de derecho propios de los pueblos indígenas y el derecho estatal.

“Esta interpretación intercultural es aún más relevante en los casos de miembros de pueblos de reciente contacto o que involucren a miembros de pueblos en aislamiento puesto que en tales casos las diferencias culturales exigen además atender a la especial protección y respetar la restricción absoluta de contacto que la Constitución dispone de forma mandatoria”, sostiene.

La Corte enfatiza que la autoridad judicial debe considerar los hechos y circunstancias de cada caso y procurar, como primera alternativa, el diálogo intercultural directo, lo cual puede llevarse a cabo a través de visitas, diálogo con autoridades indígenas y la comunidad u otros mecanismos de interrelación. Además, remarca que la interpretación intercultural no debe limitarse a las traducciones o peritajes dentro de una causa. La Corte cuestionó que esto no se haya hecho en el caso del hábeas corpus solicitado por los waoranis en 2014.

La Corte señala la necesidad de un diálogo intercultural que sea respetuoso de la autonomía indígena y sensible de las diferencias interculturales. 


Se estima que existen alrededor de 2.000 waoranis y viven en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza. Es la población indígena ecuatoriana que más reciente contacto ha tenido. Un grupo misionero estadounidense los localizó por primera vez en 1958. Foto: Picture-alliance wildlife

Los jueces Constitucionales Karla Andrade y Ramiro Avila resaltaron, en su voto concurrente, que uno de los retos más difíciles y urgentes que debe cumplir el Estado para reducir la conflictividad en el territorio wao es la coordinación, cooperación, articulación interinstitucional y políticas públicas formuladas de manera intercultural y participativa.

Respecto a la prisión preventiva, los dos jueces señalan que “la privación de libertad de personas waorani agrava el conflicto y pone en riesgo a personas ajenas a su cultura, que podrían incluso ser operadores y operadoras de justicia”. Por esa y otras reflexiones, los magistrados Andrade y Avila consideran que la Corte debió disponer únicamente medidas no privativas de libertad como medida cautelar para las personas miembros de los pueblos en aislamiento y de reciente contacto. En su resolución, la Corte dice: “la excepcionalidad de la medida privativa de libertad… se ve revestida de un resguardo especial… y debe ser observado de manera más estricta”.

Para estos dos jueces, prohibir la privación de libertad para estas comunidades no es una medida que promueve la impunidad, pues se les puede aplicar otras medidas en diálogo con las autoridades de estos pueblos. Además, resaltan, la prisión preventiva no es una pena y por lo tanto los implicados gozan de la presunción de inocencia.

“La prisión preventiva no forma parte del derecho propio de los pueblos en aislamiento y en reciente contacto. Aún en casos de excepcionalidad, como establece la sentencia, estaríamos frente a una imposición cultural inaceptable en un estado plurinacional, misma que además constituiría un acto lesivo contra la dignidad del individuo afectado por la medida y del pueblo al que pertenece”, manifiestan.

Ambos esperan que la obligación de la sentencia para los jueces de realizar algunas actuaciones previas como el diálogo intercultural, no se conviertan en un ‘check list’ para cumplir de manera formal estos requisitos y que finalmente termine en la aplicación de la prisión preventiva.

Luego del análisis, la Corte además concluyó que, en el caso concreto, se vulneraron los derechos a la libertad y a la integridad personal en su dimensión cultural, los cuales no fueron tutelados de manera adecuada por las autoridades judiciales que conocieron la acción de hábeas corpus.

El máximo organismo constitucional del país dispuso, entre otras medidas, que la Secretaría de Derechos Humanos, en coordinación con el Comité de Seguimiento y Monitoreo, elabore un plan con medidas concretas a fin de asegurar el respeto de la autodeterminación de los pueblos indígenas de reciente contacto y el principio de no contacto de los pueblos en aislamiento, Tagaeri y Taromenane. También ordenó la traducción íntegra de esta sentencia y de los peritajes realizados a los idiomas waoterero, shuar y kichwa, y la promoción de su contenido.

 


El Parque Nacional Yasuní es la casa de los waoranis y de los pueblos no contactados como los Tagaeri Taromenanes. Los conflictos territoriales de estos clanes se han agudizado por la presencia de las petroleras y los madereros ilegales. Foto: Picture alliance / WILDLIFE

Las consecuencias poco contadas

Para el abogado Andrés Acaro, estos episodios sembraron una mayor desconfianza de las comunidades waoranis con el mundo occidental.

Para explicar la importancia de esta sentencia, Acaro pone un ejemplo. Afirma que hay hombres waoranis que han estado detenidos por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos. Pero a los 30 días son liberados porque no tiene capacidad de pago. Estos procesos no existen en el mundo waorani, explica.  Eso no quiere decir que a estos indígenas no les importe la alimentación de sus niños. Pero tienen otras formas de proveerlos, agrega el jurista. Afirma que situaciones como estas suceden en toda la Amazonia.

“Esta sentencia viene a modular y forzar a los jueces para que exista un diálogo con los dirigentes de las comunidades, para que ilustren a la justicia occidental cómo imponer un castigo ejemplar, que sea asimilado por los jóvenes waoranis y sepan que hay cosas que no se deben hacer”, considera.

La misma Corte resolvió que los delitos que tengan que ver con muerte de personas lo resuelve la justicia ordinaria. “Lo que estamos diciendo es que para la aplicación de las sanciones tiene que acudir a su par, que es la justicia indígena, no en el juzgamiento sino en la aplicación de la sentencia”, dice el jurista.

Luis Xavier Solís, asesor jurídico de la Fundación Alejandro Labaka, afirma que los waoranis también han sido detenidos por vender huevos de tortuga charapa para comprar algún alimento como arroz. Cree que la sentencia es un paso importante, pero debía avanzar más.

“Esta sentencia viene a modular y forzar a los jueces para que exista un diálogo con los dirigentes de las comunidades”, Andrés Acaro, abogado de los waoranis procesados.

Dice que la matanza de 2013 fue una más de las tantas que ha existido en el Yasuní. Esta institución ha vigilado el proceso legal contra los waoranis y ha denunciado las presiones de la industria petrolera sobre estos territorios indígenas, así como la ausencia del Estado. “Hay por lo menos una centena de muertos entre waoranis y pueblos en aislamiento”.

Cuando los abuelos waoranis fueron asesinados en 2013, la Fundación hizo un llamado al Estado ecuatoriano para que tome medidas con el fin de evitar más asesinatos. Pero eso no ocurrió y se produjo la matanza de Tagaeri Taromenane. “Aún existe responsabilidad del Estado sobre lo que ha pasado. El número de muertes no son pocas”. Lo único que se ha hecho, añade el abogado, es sancionar a los waoranis bajo el derecho ordinario o interculturalmente. El 15 de agosto de 2019, en total 10 waoranis fueron sentenciados a 200 horas de trabajo comunitario durante cuatro años en poblaciones cercanas a su hogar, y a la construcción de chacras (sembríos) y de casas tradicionales waorani.

“Los verdaderos responsables no han sido sancionados. No ha habido una investigación a fondo, sobre qué pasó en estas matanzas, quiénes estuvieron en esta falta de diligencias y qué han hecho para impedir nuevas matanzas”, dice Solís, quien agrega que uno de los aprendizajes de los waoranis, después de los hechos de 2013, es no avisar lo que hacen. “Ya no usan el estilo guerrero, donde cuentan sus hazañas de guerra, sino ahora es el silencio. Desde el 2013, ¿qué más habrá pasado?, ¿cuántas matanzas más se habrán realizado?”. Manifiesto que la industria petrolera está muy dentro de los territorios de la zona intangible.

“Ojalá las autoridades judiciales que se mencionan en la sentencia tengan la dignidad de ir a las comunidades de Dikaro y Yarentaro, que fueron criminalizadas en 2013 y decirles que su detención -por cerca de un año- fue ilegal e injusta”, pide Solís a manera de reparación para este pueblo. “No se puede esperar más años para que ellos sepan que sufrieron arbitrariedades”.


                             

“La Corte reconoce el conflicto complejo que existe en la zona”

PlanV envió un cuestionario con preguntas a la Corte Constitucional sobre su sentencia y estas fueron sus respuestas.

¿Por qué es importante esta sentencia para los pueblos indígenas, específicamente para los de reciente contacto y no contactados?

Esta sentencia es importante para los pueblos indígenas porque establece que para la efectiva protección de sus derechos deberá aplicarse el principio de interculturalidad a los derechos y a las garantías constitucionales y que en todo proceso jurisdiccional se deberá posibilitar un diálogo intercultural, a fin de interpretar las normas y comprender los hechos y conductas.

Si bien el principio de interculturalidad ya estaba reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, la sentencia establece una serie de parámetros para su aplicación práctica, dirigida a las y los juzgadores, de manera especial para los que conocen hábeas corpus. De esta manera, la Corte observa que la diferencia cultural que viven los pueblos de reciente contacto determina adoptar criterios de análisis diferenciados a fin de no incurrir en vulneraciones de sus derechos y buscando que la excepcionalidad de la prisión preventiva que manda la Constitución y la ley sea efectivamente una realidad.

En el caso de los pueblos no contactados, la Corte reconoce el conflicto complejo que existe en la zona y a partir del principio de no contacto y autodeterminación establece parámetros para reducir la conflictividad y asegurar la existencia de dichos pueblos. El Estado no puede ser indiferente ante esa conflictividad y debe tener un rol preventivo claro. La sentencia además deja claro que por el principio de no contacto, reconocido en la Constitución, no se puede dictar una medida cautelar privativa de libertad en contra de los miembros de los pueblos en aislamiento.

¿Cuáles son los principales cambios que deberá adoptar la justicia ordinaria y el Estado en general para cumplir esta sentencia?

Principalmente debe asegurar el diálogo intercultural previa la adopción de una medida cautelar privativa de libertad. Esto supone relacionarse en condiciones de igualdad y dialogar con las autoridades de las comunidades de los pueblos de reciente contacto para determinar formas alternativas a la prisión preventiva y que puedan cumplirse en su territorio acorde a su propio derecho y costumbres como lo dispone la Constitución. Esto deberá ser analizado caso a caso, dependiendo de las circunstancias específicas y de las particularidades que presenta la comunidad o nacionalidad indígena.

Desde una mirada estructural, la Corte estableció criterios para la prevención de la conflictividad, entre los cuales se destaca el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a sus territorios por parte del Estado y demás actores que realizan actividades en la zona, el fortalecimiento de coordinación entre justicia ordinaria e indígena y el mejoramiento de las condiciones de privación de libertad de personas pertenecientes a pueblos indígenas. Para ello, entre otras medidas, dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, en coordinación con el Comité de Seguimiento y Monitoreo, elabore un plan con medidas concretas a fin de asegurar el respeto de la autodeterminación de los pueblos indígenas de reciente contacto y el principio de no contacto de los pueblos en aislamiento, Tagaeri y Taromenane. 

A escala regional, ¿existe alguna otra sentencia que establezca que no podrá dictarse una orden de prisión preventiva a personas indígenas de reciente contacto si los juzgadores no han cumplido parámetros que respeten el principio de interculturalidad?

Cortes en Latinoamérica han reflexionado sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular la Corte Constitucional de Colombia que ha sentado algunas bases sobre la relación entre la sociedad no indígena con los pueblos indígenas, por ejemplo, la sentencia T-515-16 en temas de privación de libertad. Sin embargo, no se registra alguna específica respecto de pueblos indígenas de reciente contacto y privación de libertad.

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