Desde el 3 de junio, Quito está en semáforo amarillo. El promedio diario de contagios en la ciudad en lo que va este mes subió a 93. Mientras que durante todo mayo el promedio fue de casi 76 casos diarios. Por totales, Quito inició mayo con 1405 casos, pero para el 25 de junio superó la barrera de los 6.000 hasta llegar a los 6.049 contagios. Es decir, en casi dos meses el número total de contagios en la ciudad aumentó en un 330%.

La alerta la dio hace un mes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef): en Ecuador persiste el riesgo de muerte diaria de seis niños menores de 5 años, adicionales al promedio, si no se asegura el acceso a alimentos y servicios esenciales de salud.

Mientras aumenta la presión sobre los países para aliviar las restricciones de bloqueo ante la pandemia, organismos internacionales instan a los gobiernos a aplicar medidas que prevengan y controlen el contagio de la COVID-19 en los lugares de trabajo. Entonces surgen las preguntas: ¿Es seguro salir a trabajar?, ¿qué pasa si me contagio en el empleo?, ¿qué garantías me dará mi empleador? Escucha COVID-19, un conflicto de derechos laborales.

Un elefante en la sala del que el Gobierno no quiere hablar. Mientras los casos en Quito aumentan y los medios reportan la falta de camas ante el aumento de enfermos en la capital, el Gobierno abandonó la actualización de sus portales estadísticos puestos en línea para, supuestamente, ayudar a los alcaldes y ciudadanos a tomar decisiones informadas sobre la pandemia. El país se mantiene a la cola en la región en un indicador internacional que se ha popularizado: el número de pruebas diarias por cada mil habitantes.