Sobre Furukawa, las historias son interminables. La semana pasada un grupo de trabajadores de esa empresa, de capital japonés, salió para dar su testimonio. Lo hicieron cojeando o con muletas. En la rueda de prensa que dieron lloraron y temblaron. Su indignación no podía ser más visible. Pues contar sus vivencias y mostrar sus cuerpos cortados o deformados por el uso de las máquinas desfibradoras son sus principales herramientas para exigir sus derechos que les han sido negados por décadas dentro de las haciendas de Furukawa.

Patrocinio Cortez, James Cuajiboy y Diego Tobón eran los ‘canjeables’. Se los llamó así porque Guacho los pidió a cambio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, el equipo periodístico de diario El Comercio. Ellos fueron detenidos en un operativo en la frontera cuatro meses antes del secuestro de los periodistas. Pero el intercambio nunca se dio y el desenlace fue fatal: el asesinato de los comunicadores se confirmó el 13 de abril de 2018.

Según informa el Ministerio de Salud Pública, 15,6% de las muertes maternas en Ecuador se deben a abortos realizados en condiciones de clandestinidad. Aproximadamente 2000 niñas menores de 14 años dan a luz anualmente en el país. A pesar de estas cifras, Ecuador se suma a una larga lista de países subdesarrollados que mantienen al aborto como un acto ilegal, en contraste con los países más desarrollados.

¿Se pudieron haber alterado algunos indicadores sociales en el Ecuador durante la última década con consideraciones políticas? Esta es una de las inquietudes que un grupo de investigadores, agrupados en torno a la Plataforma por el Derecho a la Salud, una organización no gubermental que trabaja en la problemática, se ha propuesto investigar. La reciente publicación del estudio Mortalidad materna en el Ecuador, una mirada crítica, de autoría de Hugo Noboa Cruz, cuestiona la verdad oficial en cuanto a cifras.