La Organización de las Naciones Unidas (ONU) puso el dedo en la llaga: la represión cometida contra opositores, disidentes, militares y población en Venezuela alcanza la posible comisión de delitos de lesa humanidad, lo que pone en apuros al presidente de ese país, Nicolás Maduro y a sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López y del Interior, Néstor Reverol, como responsables políticos de los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas, la Policía, la Policía Judicial, la Fiscalía, los servicios de inteligencia civiles y militares y hasta los policías es

El derrame de crudo del pasado 7 de abril fue de tipo 3. Es decir es una emergencia ambiental que impacta “a los componentes físicos, bióticos o sociales”, según la legislación ecuatoriana. Es el más grave de su escala. Pero solo tras una acción de protección que plantearon las comunidades –que finalizó con una negativa el pasado 1 de septiembre– y pedidos de información de Plan V, se ha logrado obtener algunas luces sobre las afectaciones del peor derrame de los últimos años en el país.