Con una carpeta llena de documentos, Edwin Poalacin permanece en el hospital Eugenio Espejo de Quito. Es uno de los familiares que cuida a Juan Olovacha, de 30 años, oriundo de la parroquia Quisapincha, cerca de Ambato. Olovacha fue parte de un grupo de 40 personas que llegaron de esa comunidad para protestar contra el Decreto 883 el pasado 7 de octubre. Pero un día después, en medio de las manifestaciones, el joven universitario fue impactado por un proyectil en su cabeza que le dejó siete perdigones incrustados. Aún sigue hospitalizado y está en estado casi vegetal. Los segundos después del disparo quedaron grabados por videos aficionados. Esas imágenes registran un grupo de personas conmocionadas y médicos que lo llevan primero cargado y luego en una camilla.

Edwin es sobrino de la víctima. Para él y su familia el disparo vino de un arma policial y pide que el caso de Olovacha sea transparentado por el Gobierno y los exalta a decir la verdad. Se refiere a las versiones que ha impulsado el Régimen sobre el caso de su tío. Sobre todo, a las declaraciones del 24 de octubre pasado, en Latacunga, de la secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón. Ella pidió en rueda de prensa parar la desinformación. “¡Por favor!”, exclamó varias veces ante los micrófonos de los periodistas y aseguró: “La Policía Nacional jamás utilizó balas, lo que hubo fueron perdigones de goma. ¡Por favor! Yo personalmente estuve en los hospitales, recibo el reporte dos veces al día, a las 09:00 y a las 21:00”. Y enseguida se refirió al caso de Olovacha: “tiene una altísima inflamación cerebral, está en terapia intensiva, tiene perdigones en la cabeza, tiene un proyectil. ¿Sabe cuál es el diagnóstico del médico de residencia? Que no tiene ninguna arma de dotación militar, que es producto de una escopeta”. Con esa explicación confusa, la Secretaria de Estado quiso abonar a la tesis del Estado de que Policía solo usó material disuasivo y no letal en las protestas. Un argumento que lo sostiene -dijo ella- con el reporte de un médico, quien se adelantó a certificar el tipo de arma que había sido usado en el disparo.

Edwin Poalacin dijo a Plan V que su tío nunca fue visitado por la funcionaria ni por otra autoridad hasta el momento.  Lo que sí ha visto, en cambio, es la presencia permanente de policías solicitando información de su familiar y de otros heridos graves de las protestas que se encuentran en ese hospital. Este es su testimonio de cómo su familia ha buscado respuesta a esta tragedia y la negativa de las autoridades a entregarles documentos e información médica de Olovacha.

‘Mi tío llegó al hospital sin signos vitales’

Soy sobrino del afectado Juan Álvaro Olovacha. Debido al Decreto 883, mi tío vino en representación de la comunidad de Quisapincha. Es estudiante de Economía en la Universidad Técnica de Ambato. Su mayor interés ha sido la Economía Política. Desde el inicio de las movilizaciones, él fue uno de los dirigentes. Es el menor de siete hermanos. Junto con su hermana se encargaba de un micromercado en Quisapincha. Es una herencia de nuestros abuelos. De él dependían mi abuelita y mi tía. Su ideal siempre fue buscar un mejor futuro y por eso estuvo en las movilizaciones. 

Él llegó a Quito el lunes 7 de octubre. Yo estuve en constante comunicación con mi tío. De Quisapincha arribaron a la capital aproximadamente 40 personas. Hicieron una travesía para llegar a la ciudad por los bloqueos en las vías: caminaron y tomaron bus. 

El hecho sucedió el martes 8 de octubre. Eran las 14:00. Estuvo en contacto conmigo por vía telefónica hasta esa hora. Yo me encontraba en Machala. Me dijo que se iba a comer porque se había apaciguado un poco la protesta. Pero a los policías al ver que los manifestantes habían desistido, arremetieron con todo. Ocurrió en la Av. 12 de Octubre y Tarqui. Un policía, presuntamente a menos de un metro, le disparó a mi tío con una Mossberg de uso policial (Plan V consultó, bajo reserva, a dos fuentes especializadas en armas sobre este punto. La primera afirmó que la Mossberg sí es de uso policial, pero la mayoría de esas armas están en desuso en la Policía o existen unas pocas en las unidades de élite, pero en mala condición. La segunda fuente dijo que este tipo de  escopetas son de uso policial y también de las FF.AA., disparan cartuchos calibre 12 mm. tanto de perdigones de metal como de goma) con perdigones de acero. Como fue un disparo a quemarropa, él cayó. Recibió un impacto en la cabeza en la parte superior derecha. En el momento de la explosión salió un poco de masa cerebral. Fue trasladado al hospital Eugenio Espejo sin signos vitales. Allí le pusieron una dosis máxima de norepinefrina al corazón para hacerlo reanimar. Lo operaron de emergencia. Le removieron todo el hueso parietal del lado derecho. Le sacaron siete perdigones de metal de la cabeza y le extirparon un poco de masa cerebral por la afectación que tenía. Luego sufrió un paro cardiaco. Hasta el momento, él ha tenido tres paros cardiacos de hasta cinco minutos. Está afectado completamente. Su lado izquierdo no tiene movilidad. Por la onda expansiva de los perdigones le afectó todo el cerebro. No puede mover su lengua, no puede deglutir. Tiene atrofiado los nervios de la lengua. Entonces producto de eso le tuvieron que practicar una traqueotomía. También le hicieron una gastrostomía porque no puede comer, deben alimentarlo por sondas. 

El joven estudiaba Economía en la Universidad Técnica de Ambato. Vive en Quinsapincha. 

Pero mientras eso pasaba, la familia no sabía nada. El último contacto que tuve con él fue a las 14:00. Vimos videos en Facebook de lo que sucedía. Uno de nuestros familiares dio la noticia que vio un video donde posiblemente era mi tío. Entonces llamamos a un compañero que salió con él a la protesta y nos dijo que en el momento de la trifulca se dispersaron. El grupo tenía un punto de encuentro. A las dos horas se ubicaron en ese punto con la novedad que había 15 personas desaparecidas de Quisapincha. Hallaron a ocho de ellos detenidos, otros estaban heridos. Pero no sabían dónde estaba mi tío. Empezaron a buscar en los hospitales. Un compañero supo que había dos personas como NN y logró identificarlo en el hospital Eugenio Espejo. Él llamó a la familia. El miércoles salieron dos de sus hermanas desde Quisapincha a Quito. Lo hicieron a pie porque las vías estaban cerradas y llegaron a las 23:00 de ese día. Recién a esa hora le pudieron ver. Ya lo habían operado. 

Es triste e indignante. La prensa estatal ha tratado de tergiversar. Los testimonios del Gobierno dicen que él no fue abatido por un arma de la Policía. Sino que se expuso a un disparo de una escopeta artesanal de un manifestante. Esto lo desmentimos porque tenemos pruebas. Aunque no podemos acceder. El hospital no nos permite obtener información de mi tío en documentos. Me acerqué a Estadística de Emergencia para solicitar la historia clínica y me la negaron. Me enviaron donde el asesor jurídico del hospital. Él me dijo que debido al artículo 4 de la Ley (una ley que no les han precisado cuál es) solo el paciente puede acceder a esa información. Pero el paciente, en este caso, no puede hacer nada, está en estado vegetal prácticamente. Nos dijeron que en este caso se necesita un tutor legal y que solo pueden entregar esa información a la Fiscalía en un debido proceso. 

Edwin Poalacin pide que no se estigmatice a su tío y que se investigue la tragedia. 

Se ha tergiversado mucho la información sobre el impacto. Primero dijeron que fue por arma de fuego, luego que no. Pedimos un certificado médico, pero en forma muy superficial dice que se trata de un trauma craneoencefálico. Pero eso puede ser por un golpe cualquiera y no es así. Además, desde el primer día que está en esa casa de salir, llegaron policías a pedir información de mi tío. Van todos los días. Nosotros como familiares estamos regidos a un horario de visitas que es de 12:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00. Después de esos horarios no podemos acceder a información ni a nada. Pero los señores policías vienen a cualquier hora. Pasan a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y les dan información. A uno de ellos le dije por qué tienen que revisar información personal de mi tío. Les pedí que me muestren la orden y que se identifiquen. Ellos me dijeron que no necesitan ninguna orden y que son policías. Les dije que yo sé los protocolos y que deben pedir una autorización a los familiares. Solo dijeron que ellos están cumpliendo su trabajo de llevar información todos los días al Alto Mando. 

Cuando conversé con el asesor jurídico le dije por qué de la misma manera que me niegan la información, debido al artículo 4, no se niega la información a los policías que son más ajeno. El asesor me dijo que no tenía conocimiento de eso. ¿Cómo no puede saber si todo debe estar con órdenes, con autorizaciones? El viernes volví a presentar un oficio. Hablé con mi abogada y ella le dijo enérgicamente al asesor que debo acceder a esa información. Entonces mi abogada le solicitó al asesor que lo que lo que nos dijo oralmente (sobre la negativa de acceso a la historia clínica), nos conteste por escrito. 

En la carpeta de documentos que lleva está la carta al Hospital con la que ha pedido por el escrito la historia clínica de familiar. 

Este es un dolor muy grande. Juan es el último hijo de siete hermanos. Mi abuela empezó a sufrir de la presión. Toda la familia estamos quebrantados. Sentimos una impotencia por no poder hacer nada. El daño está hecho, pero ¿quién se responsabiliza de eso?, ¿quién va a asumir las consecuencias? El Estado se ha lavado las manos de una manera tan indignante. Más que verle así a mi tío, duele cómo está corrompida la justicia de este país. 

Lo que se viene para mi tío es demasiado duro. Tiene que depender de todos. Apenas mueve sus ojos, y un poco su mano y pie derechos. Este fin de semana empezó a mover la boca y la lengua. Los médicos nos han dicho que pese a la gravedad de las lesiones ha respondido mucho mejor de lo que esperaban por sus movimientos. Está más consciente. Le pido que cierre sus ojos si es que me reconoce y él lo hace. Ya dejó la UCI y está en un piso de hospitalización. Pero es algo muy severo y esto va a dañar completamente su vida. Seguro quedará con una discapacidad importante. Estamos asumiendo los gastos de movilización y hospedaje en Quito. Estamos pendientes de la medicina que está por fuera de la tabla que se entrega en el hospital. 

Esperamos que el Estado se haga responsable y diga la verdad de los hechos. Mi tío no es un criminal o un correísta como tratan de hacerlo parecer. Tratan de criminalizarlo y de decir que fue herido por un manifestante, que no hay pruebas. Pero todo está ahí, pero ellos tienen todo encubierto. El Estado está mintiendo. Todos los focos del Gobierno están sobre mi tío porque está en estado crítico y es de los primeros caídos. Toda la prensa está tratando de ocultar esa situación. Se vio en las declaraciones de la señora secretaria de Derechos Humanos quien dice que no podemos hablar si no se sabe del tema, que ella personalmente está investigando sobre el caso de mi tío. Ella nunca ha venido. Ninguna autoridad ha venido, ni nos han dicho absolutamente nada. Queremos que se transparente la verdad.