Ramiro García Falconí, académico de la Universidad Central del Ecuador, ex presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados, cuestiona la acción de ciertos jueces en torno a las acciones constitucionales, como el habeas corpus, y el papel del Consejo de la Judicatura. Estas declaraciones las dio al periodista Miguel Ribadeneira, en el espacio de entrevistas de Radio Democracia. (Ndlr.)

"Siempre se busca a un juez que sea corrupto, con el que se pueda llegar a un pacto, de manera que resuelva la acción constitucional a su favor. No es que están buscando a un juez garantista, al que conozca de derecho constitucional; no, están buscando al juez pillo, al que a cambio de dinero les resuelve a favor. Por eso hemos visto que de manera recurrente se acude a jueces de Quevedo, de Balsas, Montecristi… Todos sabemos quiénes son, menos el Consejo de la Judicatura.

"En esto, no todo el problema es de la Corte Constitucional. Esta, lo que hace es sentar precedentes jurisprudenciales que luego deben ser observados por los jueces a la hora de resolver los procesos constitucionales que se les pone a su consideración. Pero el órgano administrativo disciplinario es el Consejo de la Judicatura.

"Ya no tienen ni siquiera vergüenza, ya lo hacen hasta público. Esta semana el alcalde de Francisco de Orellana, provincia de Orellana, publica alborozado en sus redes sociales que le dieron medidas cautelares en Quevedo, provincia de Los Ríos. Ya ni siquiera guardan las formas. Y los jueces de Quevedo, tan campantes. Son los mismos jueces que en su momento resolvieron a favor de Richard Gómez para que vaya al IESS en representación de los afiliados. O el juez de Balsas, que reintegró los bienes a Daniel Salcedo. O la jueza de Montecristi, que a través de un habeas corpus sacó a decenas de presos con sentencias condenatorias ejecutoriadas. Y no pasa absolutamente nada en el Consejo de la Judicatura.

"Entonces, claro, la Corte Constitucional tiene que establecer —a veces lo hace mejor, a veces no tan bien, podemos tener algunos reparos— una sentencia sobre el tema. A veces creo que es fundamental una reforma legislativa que ponga coto en este tema, porque de lo contrario bajo el argumento de ampliar el marco de garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales, que en teoría suena bien, lo que estamos haciendo es cargarnos esas garantías.

Y eso es terrible, porque son herramientas de protección de derechos. Pero en el momento en que se utilizan inadecuadamente, cuando se las prostituye, porque, insisto, todos estos casos en donde jueces, que saben perfectamente que no tienen jurisdicción alguna, resuelven, lo hacen, primero, porque consideran que el marco jurídico se los permite; segundo, porque consideran que la estructura disciplinaria no les hará absolutamente nada; y, tercero, porque consideran que lo pueden hacer desde una posición de absoluta impunidad.

"Con un marco así, los jueces hacen lo que les da la gana. Jueces de primera y segunda instncia, además, que no han sido evaluados más de diez años. Que, como señala la Constitución, no han sido objeto de evaluación permanente. Todo funcionario público tiene que ser evaluado periódicamente.

"Entonces, jueces que no son evaluados, jueces que tienen un Consejo de la Judicatura que mira para otro lado, y con los que el propio Consejo usa de manera inadecuada las garantías jurisdiccionales. Como resultado, las garantías constitucionales no van a favor de quien las necesita, sino de quien puede pagar, a un juez de otro cantón o de otra provincia para que, tergiversando las garantías, resuelva lo que no tiene jurisdicción para resolver.

"Usan para ello una técnica tramposa que se denomina jineteo de causas. Es decir, presentar una causa en varios lugares, ante diferentes jueces, para ver en cuál resulta. En el caso del alcalde de Francisco de Orellana no le resultó a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y fueron a Quevedo donde les resultó. ¿Será porque en Quevedo los jueces conocen más de derecho constitucional o son más garantistas que en el resto del país? O son una sarta de pillos, donde van a sabiendas de que a cambio de dinero les van a resolver cualquier cosa.

Creo que una conducta como estas amerita una actuación inmediata del Consejo de la Judicatura, que tiene la capacidad de hacerlo. En esto también debiera intervenir el propio Gobierno. Porque el Consejo de la Judicatura dice: no hay denuncia. ¿Y dónde está la Procuraduría General del Estado? ¿Por qué no presenta las denuncias? ¿Por qué el gobierno no lo hace a través de la Secretaría Jurídica, que motiven una acción inmediata de la Judicatura?

En el Consejo de la Judicatura que presidía Gustavo Jalkh. Y muchos de ellos no han sido nunca evaluados. Y claro, han visto su judicatura no como un espacio de servicio a la justicia sino un espacio de enriquecimiento; es decir, es un negocio, un quiosco en el que se venden sentencias. Vemos con desasosiego que no son las estructuras teóricas, no es el marco conceptual lo que determina la posibilidad de ganar un proceso constitucional sino la capacidad de ponerle un billete en la mano a un juez.

"Hay un entramado, una estructura organizada de jueces y abogados que están actuando, no solamente en estos temas constitucionales sino para la criminalidad organizada. No es coincidencia que los jefes de los grupos delictivos coincidan en abogados con los jefes de ciertas estructuras políticas. Son los mismos abogados. Esos sicarios judiciales, que son más peligrosos que el sicario que llega con un rifle, que es peligroso pero tiene una acción limitada; pero el sicario judicial, el que libera a los jueces del narcotráfico, el que causa las masacres, porque muchas de esas liberaciones han causado masacres, ese es mucho más peligroso. Y encima de eso, los ecuatorianos le pagamos el sueldo".