La polémica por la construcción del Metro de Quito no se detiene, mientras las obras no avanzan. Debido a que los costos del Metro sobrepasaron ampliamente los calculados por el ex alcalde Augusto Barrera, la administración de Mauricio Rodas se vio complicada en la búsqueda de financiamiento y en una renegociación con el consorcio que presentó la oferta más baja, con el propósito de poder financiar la segunda fase del Metro.

Esta incluye la construcción de los 22 kilómetros de túneles y 13 paradas de la primera línea, que unirá el sector de la Villaflora, al sur de Quito, con El Labrador, ubicado en los predios del antiguo aeropuerto capitalino, al norte. 

La falta de fondos obligó a reconsiderar tanto los costos cuanto las formas de financiamiento, pero el Municipio obtuvo el aval del Estado para un endeudamiento internacional más amplio. Hasta tanto, las estaciones al norte y sur de la línea permanecen cerradas, a la espera de que se inicien las perforaciones del túnel. Estas atravesarán por debajo del Centro Histórico, pues está previsto que haya estaciones tanto en la Plaza de San Francisco cuanto en la del Teatro. 

Hace pocos días, el procurador común del consorcio conformado por las empresas Ansaldo-Impregilo-Herdoiza Crespo, Gerard Clarens, dirigió una carta al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, a la Corporación Andina de Fomento y al Banco Europeo de Inversiones, en la que protestó por la decisión del Municipio que dirige Mauricio Rodas de renegociar directamente con el consorcio que presentó la mejor oferta, conformado por la empresa española Acciona y la brasileña Odebretch.

Al parecer, el consorcio representado por Clarens se jugaba su última carta, pues este 30 de octubre vencía el plazo para la adjudicación y para poder realizarla el Municipio necesita la conformidad de los organismos internacionales de crédito.

No obstante, el alcalde Mauricio Rodas anunció el 27 de octubre la adjudicación de la obra, cuyo costo final ascendió a 2009 millones de dólares. 

Según el procurador, el Municipio capitalino habría cometido una serie de irregularidades al no permitir que sus representados también participen de la renegociación directa o, por lo menos, declarar desierta la licitación y convocar a una nueva.

En la carta, fechada el 18 de septiembre pero recibida en las delegaciones de los organismos multilaterales en el país recién el 21 de octubre, se alega que los organismos internacionales de crédito, que financian parte de la obra de la Fase Dos del Metro capitalino, deberían intervenir ante la decisión del Municipio de renegociar solo con el consorcio que presentó la mejor oferta, pues se estarían violando las propias normas fijadas por los bancos internacionales para este tipo de proyectos. 

Según los denunciantes, aunque la normativa del Banco Inteamericano de Desarrollo (BID) establece que es posible negociar directamente con la empresa que ha presentado la mejor oferta, la negociación que estaría llevando adelante el Municipio más bien produciría un aumento de los precios de la Fase Dos. 

Para el procurador del consorcio, al estar los precios de las ofertas en un 50% más altos que en los pliegos, se debió de plano llamar a una nueva licitación. También se alega que la Empresa Metro de Quito estaría violando el "principio de igualdad" frente a los otros proponentes. Para el consorcio, la oferta presentada por la sociedad entre españoles y brasileños constituiría una "oferta temeraria" al tiempo que precisan que la cotización de las obras civiles de la oferta cuestionada seria mayor en cerca de 40 millones de dólares a la presentada por ellos. Según el procurador, en la actualidad, la oferta renegociada con la sociedad española-brasileña sobrepasa los costos propuestos por ellos, al tiempo que se han eliminado aspectos importantes, como son la implementación de subestaciones eléctricas y un sistema integrado de recaudo, así como una modificación de las dimensiones de las estaciones y un cambio en la forma en la que deben ser construidas, y una reducción en los costos de la obra civil que se produce porque los escombros que se saquen de la enorme perforación serán colocados ahora en el propio Parque Bicentenario.

Todas estas modificaciones, alcanzarían los USD 1941 millones, cuando se había anunciado en la administración de Barrera que la obra no podría costar más de 1500 millones, de los USD 750 millones provenían del Presupuesto General del Estado. Así las cosas, el consorcio Ansaldo-Impregilo-Herdoiza Crespo insiste en que se le invite a participar en un nuevo proceso, pues según ellos, están en condiciones de presentar un nuevo presupuesto con valores más económicos.

El  impacto de Lava Jato

El escándalo que tuvo lugar en Brasil, en donde la Fiscalía de ese país investiga a la empresa Odebrecht por supuestos pagos ilegales y violaciones legales en varios contratos dentro del país y en el exterior, también ha tenido impacto en esta polémica.

El ex diputado por Loja y militante del desaparecido PRIAN de Álvaro Noboa, Freddy Bravo, también dirigió una carta a los organismos multilaterales de crédito en donde hace una relación sobre la magnitud del escándalo en Brasil y la forma en la que el consorcio conformado por la española Acciona y Odebrecht podría verse afectado. 

En una carta que el político, quien fue también cercano al ex vicepresidente Alberto Dahik, dirigió tanto a los organismos internacionales de crédito cuanto a la prensa internacional, pide que se impida que la Odebrecht continúe en la licitación: "ustedes están en la obligación de objetar las negociaciones con el Consorcio Acciona-Odebretch e impedir su participación en el proceso de contratación como lo exigen las bases, disponer que se sanee el proceso y se efectué un nuevo estudio de las tres ofertas restantes, tomando en consideración la eliminación de los rubros que ha determinado la entidad licitante y tratar de ganar el tiempo perdido en este intento fallido (por bien del país) de consolidar un Metro pro corrupción".

En el mismo sentido se pronuncia Gerard Clarens, quien sostiene que es "inconcebible" que se pretenda adjudicar la Fase Dos del Metro capitalino solo a Acciona, para evitar cualquier implicación legal de los procesos que se siguen contra Odebretch en su país. El procurador recuerda que en la bases se había establecido que si las empresas participantes tenían juicios pendientes, no iban a poder concursar. No obstante, el escándalo en Brasil y las detenciones de los ejecutivos brasileños ocurrieron después del inicio del proceso de la Fase Dos del Metro.

Para Clarens, es evidente que la renegociación ha servido más bien para aumentar el precio que para disminuirlo, e inclusive la ató a un nuevo préstamo del Banco de Desarrollo del Brasil, por USD 251 millones, que está condicionado a la participación de la empresa brasileña. 

Al terminar sus argumentos, Clarens amenaza con tomar acciones legales por un posible "fraude" en contra de la Empresa Municipal. tanto en el país cuanto en instancias internacionales. 

A pesar de estos pedidos, la obra fue adjudicada al consorcio hispano-brasileño, según anunció el alcalde Mauricio Rodas.