Es la segunda ocasión, en menos de un mes, que los transportistas en Quito amenazan con suspender el servicio público en la capital. Aunque Quito pasó a semafóro amarillo y la gente en las calles ha aumentado, los buses de transporte operan con restricciones en cuanto al número de pasajeros y de unidades que pueden poner en circulación.

En las principales avenidas del centro norte de Quito, como Colón, Amazonas, Juan León Mera, Patria o 12 de Octubre, la presencia de los buses es menor a lo habitual. Algunos de ellos circulan con muy pocas personas, mientras los asientos tienen letreros que impiden sentarse juntas a las personas y los choferes se han blindado en una especie de cápsula protectora, hecha con plástico transparente. Se estima que los 3000 buses que rodaban en la capital, están operando solamente entre 600 y 800. Pero el grueso de quienes se están movilizando en la ciudad en bus lo hacen en los buses privados, pues la flota municipal tiene un alcance muy limitado. 

Lo mismo ocurre en la zona de las universidades, en las inmediaciones de la Escuela Politécnica Salesiana, la Universidad Católica y la Salesiana, pues los centros de estudios han cerrado sus puertas y el habitual trajín de los estudiantes ha desaparecido. Los buseros siguen cobrando 0.25 centavos, que es la tarifa que se mantiene en Quito desde hace más de una década, y lo hacen en efectivo, lo que ha motivado sus protestas. 

Buseros se declaran en pérdida

La "advertencia" del gremio se reiteró esta semana. En una rueda de prensa, Jorge Yanez Romero, vocero de los transportistas, dijo que los buses privados creen haber perdido desde que se cambió el semáforo y se volvió a la circulación no menos de cuatro millones de dólares. “De la evaluación que hemos realizado se ha determinado que los buses están trabajando con una capacidad limitada que no llega ni al 50% de lo que las unidades hacían antes de la emergencia. Un bus diariamente transportaba 965 pasajeros, y ahora solo se transporta 330 usuarios,”, explicó Yánez Romero. El dirigente dijo que aunque hay menos pasajeros como consecuencia de las restricciones de operación  y de que muchas personas no están saliendo a las calles en Quito, ellos siguen teniendo sus gastos fijos, como son el salario del chofer y el ayudante, el combustible y otros insumos, pues aunque sea con menos gente, el bus sigue rodando.

De casi mil personas al día antes de la peste, los buseros recogen ahora a 300, según explicaron.

Yanez agregó que han pedido a la Secretaria de Movilidad del Municipio de Quito que busquen una solución para su situación. Recordó que el alza de pasajes están pendiente desde la época del ex alcalde Mauricio Rodas, quien no llegó a tomar nunca una decisión. En esa época, un informe señalaba que el pasaje podría subir a 0,38 de dólar, recordó, pero esto no fue tratado por el anterior Concejo. “Este informe tiene un estudio técnico y está vigente, y no se lo trató por temas político electorales, pero que la actual administración podría retomar el debate y aprobarlo”, dijo el dirigente. 

Y dio un plazo de ocho días al Concejo para que tome alguna decisión, pues, de lo contrario, no piensan salir a laborar. El retiro será paulitano, dijo el dirigente. 

Flota municipal cubre solo al 14% de la demanda

Según datos del Municipio, se estima que por lo menos deberían salir a la calle en un escenario normal por lo menos 429.040 trabajadores registrados, 197.966 informales y 452.879 ciudadanos. Pero con las restricciones del semáforo amarillo, se estima que solamente estarían saliendo a la calle cerca de 586.267 usarios de transporte en buses, lo que significa no menos de 1.172.535 viajes (dos por persona). De estos, la flota municipal puede movilizar apenas al 14%, según el Municipio, mientras que el grueso de los quiteños debe circular en los buses privados. 

Pero en el Concejo el tema no se trató durante esta semana. El último informe presentado sobre la situación del transporte en la capital, por parte de la Secretaría de Movilidad, tiene fecha del 2 de junio de este año.

Sobre la bioseguridad, la Secretaría formulaba tres criterios:

"Es fundamental evitar la actividad del intercambio monetario para el pago del servicio de transporte público (monedas, billetes, boletos), para lo cual se deberán buscar los mecanismos que sean necesarios para adoptar este requerimiento. En tal sentido, el servicio gratuito a los usuarios (“tarifa cero”) debe ser resuelto por la Administración Municipal". Sin embargo, esto no ha encontrado salida alguna hasta el momento.

El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, confirmó que se seguirá usando efectivo hasta nuevo aviso, pues la posibilidad de usar algún tipo de medio electrónico de pago aún está distante. Sobre el servicio gratuito, que iba a significar un subsidio de por lo menos 200 dólares al día a cada bus y no menos de ocho millones al mes del presupuesto quiteño, el Concejo sí se pronunció y lo negó. 

La flota municipal solo podría atender al 14% de la demanda total de las personas que están saliendo.

"Las medidas de bioseguridad deben ser aplicadas con absoluta responsabilidad conforme los protocolos que para el efecto se establezcan, tanto para las unidades de transporte como de las condiciones de abordaje y descenso de los pasajeros, de tal forma que deberá realizarse de manera separada; y, la disposición de los elementos propios de bioseguridad personal (al menos el uso de la mascarilla)", dijo la Secretaría, que se ha dedicado a tomar la temperatura y a controlar el uso de mascarillas en las paradas, sobre todo, del transporte municipal capitalino.

"En los sitios de espera (paradas, terminales), se deberá cumplir con la medida de distanciamiento social definidas por la autoridad respectiva (COE-N), dijo también la Secretaría a principios de mes. Si bien hasta el momento se mantienen las controles de distancia en algunas paradas, sobre todo en las municipales, videos de usuarios de redes sociales dan cuenta de que algunos buses privados llevan demasiada gente y no respetan las medidas de distanciamiento.

Aunque el Municipio tiene su propia flota de buses, el grueso de las personas que se están movilizando en la ciudad lo hacen en el transporte privado: "se determina que la flota de transporte de la EPMTPQ podrá transportar 140.400 pasajeros (viajes) por día, lo que significa que la diferencia de la demanda total a atender será de 804.344 pasajeros que deberán ser atendidos por la flota de las operadoras privadas en los servicios urbanos, combinados (interparroquiales) y rurales". Es decir, si los operadores privados dejan de salir, la posibilidad del Municipio de atender el transporte de la población serán muy limitada.

El estudio presentado a principios de mes indicaba que para que la ciudad pudiera garantizar el funcionamiento del transporte público por tres meses, serían necesarios por lo menos 21 millones de dólares de subsidios.

Otras opciones que la Secretaría de Movilidad presentó ante el Concejo tienen que ver con la masificación del uso de la bicicleta, aumentar la velocidad operacional del transporte público por medio de carriles exclusivos, la segmentación de actividades y horarios y que las empresas provean de transporte a sus trabajadores.  En lo referente a las ciclovías, la Secretaría sostuvo que habría que habilitar por lo menos 63 kilómetros de ellas. Algunas operan ya en algunas avenidas, como la Amazonas, uno de cuyos carriles ha sido convertido en ciclovía.

El Municipio está creando ciclovías emergentes que permitan el uso de la bicicleta en las calles. 

Un problema sin salidas a la vista 

Pero, ¿qué hacer para solucionar el problema? La Secretaría de Movilidad presentó ante el Concejo dos opciones: o subir la tarifa para los usuarios o lograr que el Municipio subsidie el transporte en la ciudad, sea por medio de financiar la tarifa cero o por medio de compensaciones. La mayoría de los concejales, tanto del bloque correísta cuanto los que se definen como no correístas, se muestran escépticos sobre que pueda lograrse un acuerdo en esos temas. 

Ninguna de las dos medidas tiene un apoyo claro, hasta el momento. Para el concejal Omar Cevallos, integrante de la Comisión de Movilidad del Concejo, es evidente que los ciudadanos no se van a recuperar en los próximos meses de la crisis económica provocada por la pandemia, por lo que ve "muy díficil" que se suba la tarifa de transporte en Quito. El concejal cree que los transportistas deberían actuar igual que los otros negocios de la ciudad, que están asumiendo la merma de ventas sin buscar un subsidio municipal.

"El transporte público debe colaborar para que la tarifa se mantenga", dijo el concejal, quien cree que no se puede suspender el servicio de transporte público pues está expresamente prohibido. Sobre la no aprobación de la tarifa cero, el concejal explicó que la ciudad sufrirá una importante reducción en su presupuesto tanto por la reducción de tributos cuanto por las asignaciones del Estado que se van a reducir. "El presupuesto general del Municipio se va a reducir en no menos de un 30% y habrá que priorizar aspectos como el combate a la pandemia", lo que hace difícil también que el Municipio pueda pagar subsidios como se propone desde el sector. "Todos tenemos que ayudar para ayudarle a la ciudad a salir adelante", explicó el concejal. 

El tema podría se tratado en la próxima sesión del Concejo, convocada para este martes, aunque los buseros han dado un plazo de entre ocho y 15 días para que se logre alguna solución.