Fue uno de los proyectos bandera de la administración del ex alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Crear en la ciudad de Quito por lo menos 200 centros de cuidado infantil, que permitieran que madres y padres trabajadores tengan dónde dejar a sus hijos durante la jornada laboral. Se los llamó “Guaguacentros” y se los instaló, en su mayoría, en locales particulares en toda la ciudad. La administración del programa quedó en manos del Patronato San José, dirigido por la esposa del ex alcalde, María Fernanda Pacheco. El programa llegó a atender a 8750 niños y niñas.

En la actual administración se sostiene que la idea es buena, por lo que no se piensa cerrar los Guaguacentros. Pero el Concejo Metropolitano anunció que auditará el programa. Según el actual Patronato, hay por lo menos 36 mil niños en situación de vulnerabilidad en la ciudad, de los que el Municipio solo llega a los casi nueve mil del programa. Cerca del 5% de los niños de los guaguacentros son hijos de migrantes, aunque en el Municipio se reconoce que muchos de los inmigrantes en la ciudad no quieren llevar a los niños a los centros de cuidado porque los instrumentalizan para pedir limosna en las calles.

Pero, desde el principio, el programa Guaguacentros estuvo salpicado de polémica. Aunque el modelo ya se implementaba en el país por medio del Gobierno y el Ministerio de Inclusión Social (con el nombre de guarderías comunitarias), Rodas y su administración lo plantearon como una fórmula novedosa: permitir que las personas de los barrios se organizaran y recibieran dinero municipal para instalar los centros de cuidado infantil, que debían atender a por lo menos 40 menores. Las guarderías, que no son dependencias municipales, reciben dinero público para su implementación, con un abono inicial de 14 mil dólares, y siete mil dólares mensuales para su funcionamiento. Entre el abono inicial y los pagos mensuales, cada guardería cuesta a la ciudad hasta USD 98 mil al año. Para 2019, la ciudad necesita por lo menos 14 millones 346 mil 912 dólares para el funcionamiento de los Guaguacentros.

Fórmula mexicana

El esquema no es precisamente original: en 2014 se denunció que Rodas, quien había trabajado como consultor político en México, lo había importado del país azteca junto con la asesoría de Ignacio Muñoz Orozco, un polémico empresario y consultor mexicano, dueño de una cadena de tiendas de ropa, quien fue acusado por la DEA de lavar dinero del Cártel de Sinaloa.

En septiembre de 2014, el medio mexicano Ríodoce publicó la historia titulada “Los Secretos de María Ferré”, en donde relataba un operativo de la DEA en el distrito de la moda de Los Ángeles, contra el empresario mexicano y sus tiendas de moda, llamadas precisamente Maria Ferré. Según relató Ríodoce, “El cateo dio como resultado nueve personas arrestadas en el interior de varios almacenes de ropa localizados en esa zona, además de confiscarse más de 75 millones de dólares en efectivo, presuntamente pertenecientes al Cártel de Sinaloa”.

La polémica foto, supuestamente tomada en Guaguacentro, con un presunto colaborador del narco mexicano. 

Lo que parece una de esas historias de narcotráfico habituales en el norte de México, en especial, en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, llamó la atención de los medios ecuatorianos, cuando Ríodoce mencionó a Rodas y su extraña relación con el supuesto capo de María Ferré: “Un amigo ecuatoriano que había conocido en la SEDESOL (una entidad de Desarrollo social mexicana), Mauricio Esteban Rodas Espinel, ganó en febrero pasado la alcaldía de Quito y lo invitó a colaborar con él en el rubro de las estancias infantiles que en SEDESOL habían tenido cierto éxito”.

El medio mexicano aseguró en 2014 que “Pero no se fue solo. Como el alcalde le dijo que quería construir al menos 200 estancias infantiles en Quito, éste se llevó a la que fue directora de Estancias Infantiles de SEDESOL con Félix Guerra, Johana Cristo y a la subdirectora de la misma área, Gabriela Segura”.

El portal presentaba como prueba una foto del presunto operador del Cártel de Sinaloa con Rodas y su esposa, supuestamente tomada en Quito.

En esa época, voceros municipales descartaron cualquier relación de Rodas y su esposa con el mexicano Muñoz Orozco que, dijeron, nunca fue asesor ni empleado del Municipio durante la administración de Rodas. No dieron ninguna explicación sobre la foto.

Sin financiamiento

Rodas cumplió con lo ofrecido: cuando terminó su periodo, habían 200 centros infantiles en la capital. Pero solo en el último año de su administración, Rodas creó no menos de 79. Las falencias en el manejo de los centros empezaron a salir a la luz con el cambio de administración, cuando el nuevo alcalde, Jorge Yunda, encargó a su hermana, Liliana, la dirección del Patronato.

Es en ese momento cuando se descubrió que Rodas había dejado a su sucesor un programa que, tras un primer análisis, los nuevos funcionarios del Patronato creen que tiene una serie de falencias, empezando por su financiamiento.

Según cifras del Patronato San José, explicadas al Pleno del Concejo Metropolitano, entre el 2015 y el 2019, el proyecto Guaguacentros le costó a la ciudad casi 44 millones de dólares. El dinero para la operación provino de fondos municipales, según explicó el director financiero del Patronato, Luis Caicedo. Según Caicedo, cuando la anterior administración creó más Guaguacentros, lo hizo sin el respectivo financiamiento, puesto que el Municipio trabaja  en 2019 con el presupuesto prorrogado del año anterior, lo que significa que no tiene financiamiento para gastos nuevos. Esto, explicó el funcionario ante el Concejo, provocó que no menos de tres millones cien mil dólares sean necesarios para que sigan operando los guaguacentros hasta diciembre de 2019. Caicedo explicó ante los concejales que 104 guaguacentros no estaban financiados a diciembre de 2019. Durante su exposición, el funcionario sostuvo que la creación de las guarderías sin financiamiento respondió a la necesidad de cumplir con la meta “política” de la anterior administración.

En el Patronato, entre tanto, la imagen de la esposa de Rodas era celosamente cuidada por sus comunicadores. Pero a medida que la aprobación del ex alcalde se fue en picada -a pesar de millonarias campañas de publicidad y en redes sociales- María Fernanda Pacheco empezó a aparecer cada vez menos en público. La pareja dejó de vivir en la Casa de los Alcaldes, en la Plaza de la Independencia, a donde se había mudado al principio de su gestión, para regresar a su residencia particular en el valle de Tumbaco. Rodas, ante sus pobres resultados en las encuestas, declinó intentar postularse para la reelección. El descalabro de SUMA, la fuerza política que lo llevó a la Alcaldía, posibilitó también la sorpresa electoral de Jorge Yunda, un médico, radiodifusor, músico y animalista.

Las fallas ocultas

En el patio de la antigua mansión presidencial de Eloy Alfaro, un pequeño perro negro y mestizo se ha convertido -a tono con el eje animalista del nuevo alcalde- en la mascota del lugar. La casona, ubicada a pocas cuadras de la Plaza de la Independencia y del Palacio Municipal, alberga actualmente al Patronato San José. El paso del Viejo Luchador por el lugar, en donde vivió mientras ejerció la Presidencia de la República, es recordado con su efigie en el centro del patio.

La gestión de los Guaguacentros está actualmente a cargo de Verónica Benavidez, funcionaria de la nueva administración que ha revisado la documentación existente en el Patronato. Y, al hacerlo, encontró varias sorpresas: en primer lugar, no hay en ninguna parte del Patronato un documento que indique si hubo o no algún tipo de planificación para las guarderías. No se sabe, por ejemplo, si se iban a implementar por etapas, con algún tipo de metas o con un cronograma.

“No hemos encontrado un proyecto como tal de la creación de los guaguacentros. Pero intuimos que hubo una planificación por grupos, por lo menos quince, para la creación de los centros”, explica la funcionaria.

Según Benavidez, en el último año de la gestión de Rodas se crearon 79 centros infantiles. Entre enero y abril de 2019 se crearon centros sin financiamiento, pues el presupuesto estaba prorrogado. De esos 79 centros del último año de Rodas, no menos de 21 no tenían ningún tipo de financiamiento. El último centro se creó en abril de este año y entró en funcionamiento en mayo de 2019. El déficit de más de tres millones de dólares que el Patronato había detectado logró ser cubierto moviendo recursos de otros sectores, con permiso del Concejo Metropolitano, explica la funcionaria.

“Es una irresponsabilidad que dejaran centros solo con la mitad del año financiado”, destaca Benavidez, quien aclara que la totalidad de los 200 centros existe físicamente y están en funcionamiento.

La mayoría de Guaguacentros funcionan en locales alquilados en toda la ciudad. 

Otro problema detectado es el de las licencias y las regulaciones. Aunque en el 2014 se estableció que los Guaguacentros debían atender a 40 niños en no menos de 80 metros cuadrados, el Patronato cree que en la última etapa ese regulación no se cumplió de manera efectiva. Por increíble que parezca, el Patronato primero aprobaba los convenios de funcionamiento y luego determinaba si los locales y las personas cumplían con los requisitos. “Después de que se les abría los centros se les pedían los permisos, debía ser al revés”, explica Benavidez. Esa sería la razón por la que muchos centros creados no tienen los permisos. Pero los permisos no los entrega el Municipio, sino los ministerios de Inclusión Social y Educación, que la funcionaria del Patronato admite podría ser confusa y de difícil manejo para las operarias de las guarderías.

Dos personas para 200 centros

Si el Gobierno no daba seguimiento al proyecto, el Patronato tampoco. Apenas dos personas formaban parte del equipo de Niñez que debía controlar los guaguacentros, lo que hacía imposible que se controlara todos los locales de manera efectiva. Para la actual funcionaria, se requieren de no menos de ocho o diez personas para poder gestionar adecuadamente el proyecto, pues debería haber un funcionario por cada 25 centros.

Sobre la presencia de los asesores mexicanos de las estancias infantiles, Benavidez sostiene que no ha podido encontrar ningún documento que certifique la presencia de la misión mexicana denunciada en Sinaloa en 2014. “Entiendo que los mexicanos estuvieron el primer año, pero no tenemos documentos para probarlo”, dijo la funcionaria.

La esposa de Mauricio Rodas, María Fernanda Pacheco (derecha) dirigió el Patronato San José. La hermana del alcalde Jorge Yunda, Liliana (izquierda) está a cargo actualmente. 

Si no había gestión del funcionamiento, el manejo del dinero también tenía dificultades. Seis funcionarios recibían carpetas con los descargos de los siete mil dólares que, al mes, recibía cada guaguacentro. El sueldo de no menos de siete personas y los gastos de la preparación de la comida, debían cubrirse con los siete mil mensuales. Los seis funcionarios tampoco serían suficientes. Si bien llegó a haber una nutricionista que preparó los menús, el Patronato no verificaba si la comida se preparaba y servía de forma correcta en cada uno de los centros. El actual Patronato no descarta que pueda haber habido irregularidades en el manejo del dinero, como por ejemplo que en un centro con 15 niños se haya podido facturar por 40 a la ciudad. De los 200 centros por lo menos 29 funcionan en predios municipales sin que paguen arriendo al Municipio por el uso. Solo un Guaguacentro, el que funciona en un antigua mansión cerca del parque de El Arbolito, es totalmente municipal y con empleados de la ciudad.

“Este proyecto tiene un vicio fundamental, no hay un pilotaje. Cambiaron el modelo de los primeros diez, en donde había una asignación a un grupo de personas, a un segundo modelo en donde hay una sola persona que recibe la asignación. Hubo problemas graves de planificación”, destaca la funcionaria.

Pero Benavidez admite que no hay denuncias firmadas por nadie sobre las supuestas irregularidades del programa de Guaguacentros de los Rodas.

Por lo pronto, la administración Yunda cree que la salida para mantener a los guaguacentros es que las guarderías, hasta 2023, sean parte de la institucionalidad del Municipio y totalmente dependientes de la ciudad, con lo que el esquema actual ya no tendrá vigencia.

Una investigación a fondo

Otras instancias en la ciudad están investigando la situación de los Guaguacentros. En pasado 4 de junio, varias instituciones se reunieron en el Consejo de Protección de Derechos, para analizar la problemática. A la cita asistieron funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de Salud, la Comisión de Igualdad y Género, la Unidad Patronato San José, el Cuerpo de Bomberos de Quito, el Ministerio de Inclusión Económica y Social - Zona 9, el Ministerio de Educación – Zona 9 y Consejo de Protección de Derechos.

El objetivo central de la cita fue conocer la situación de denuncias de posibles maltratos a los niños, que habrían tenido lugar en algunas de las guarderías municipales. Así, en la reunión se analizaron documentos como  el oficio MGD-CMQ-2018-0075 suscrito por el entonces concejal metropolitano de Quito, Mario Guayasamín, dirigido al coronel Roberto Enríquez Chacón, Jefe Provincial de Pichincha de la DINAPEN, donde solicita conocer denuncias por maltrato en  dos Guaguacentros, ubicados en Santa Clara de San Milán y  el Comité del Pueblo.  También se analizó el Oficio 495-CPD-SE-2018 suscrito por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos mediante el cual solicita a la Agencia Metropolitana de Control la inspección en cuanto un local de expendio de bebidas alcohólicas se encuentra a menos de la distancia permitida en el Guaguacentro de El Arbolito. Se discutió tambiém el Oficio 0409-2019-JMPDNA-ZD-0318-2019-1 suscrito por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la zona La Delicia donde se solicita proceso de observancia frente a un caso de violencia en el Guagua Centro Vista Hermosa, ubicado al norte de Quito.

Según una fuente que participó en la cita, “existen indicios de maltratos normalizados en algunos Guaguacentros. Según versiones, las cuidadoras de los niños y niñas les realizan “revisiones físicas” a fin de cerciorarse si van golpeados a los centros y evitar así ser denunciadas por estos hechos. Se presentó una  acción de protección en la Unidad Judicial de la Familia de Mariscal Sucre, en la que se dio a conocer que existen sospechas de otros tipos de violencia (incluyendo violencia sexual). El proceso de esta acción fue detenido por la revocatoria de medidas de protección otorgadas, solicitada por la anterior administración de la Unidad Patronato”, dijo la fuente.

Las distintas instancias municipales analizaron otros aspectos, como “una denuncia por un caso de presunta violencia física presentada ante la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la zona La Delicia, que habría ocurrido en el Guaguacentro Vista Hermosa”, en donde se habría maltratado a varios menores.

Otros aspectos analizados fueron el “Déficit en las porciones nutricionales que se les proporciona a niños y niñas, la carencia de programas de integración con las comunidades,  la infraestructura inadecuada para las necesidades de los niños y niñas”. También se tocó en la cita el problema de la legalización de los centros “no existe información respecto a los procesos de legalización de los Guaguacentros: algunos centros se han legalizado a través del MIES cuando se trata de centros con cobertura para niños y niñas de 0 a 3 años y otros, por el Ministerio de Educación la cobertura es para niños y niñas de 0 a 5 años”.

Para el Centro de Protección de Derechos, las acciones inmediatas que se deben tomar son una auditoría económica y la realización de inspecciones en todos los locales por parte de los Bomberos de Quito. Para fines de este mes, el Centro aspira a tener su propio informe sobre la situación de las guarderías, el proyecto social en el que el ex alcalde y su esposa centraron buena parte de su gestión.

ACTUALIZACIÓN: El concejal Omar Cevallos cuestiona el modelo de Guaguacentros

Foto: Cortesía

El concejal Omar Cevallos solicitó al Patronato San José en julio de 2019 que entregue la documentación de los convenios, las fichas de los niños y los informes técnicos que sirvieron para la aprobación de los guaguacentros. 

En la documentación que obtuvo el concejal, se evidencia que los convenios firmados por el Patronato se hacían todos con un mismo formato, al igual que los informes. En varios casos analizados por el concejal, se puede notar que solamente se cambiaba el nombre del barrio y algunos datos en el convenio que se firmaba.

El concejal tuvo acceso también a las fichas de inscripción de algunos de los niños. Ahí se colocaban algunos datos generales y se adjuntaban certificados de salud, exámenes de laboratorio, carnets de vacunación, entre otros aspectos de salud de los menores. 

En las carpetas también constan certificados de referencias de los padres. Hay varios casos de parejas jóvenes, que tienen trabajos en el servicio doméstico o cuentan con el salario básico. También se puede apreciar casos de colegiales que son madres solteras, o de parejas de jóvenes estudiantes que no han terminado el bachillerato y que no tienen en dónde dejar a sus hijos. 

Para el concejal, quien preside la Comisión de Planificación del Municipio, el Patronato San José se enfocó solo en el programa de Guaguacentros, a pesar de tener otros 16 proyectos sociales. Hasta el 50% del presupuesto del Patronato se estuvo gastando en las guarderías, lo que motivó que el concejal iniciara una investigación. Cevallos cuestiona que se hizo un manejo político y no técnico de los guaguacentros, y que hubo un modelo clientelar que concentraba las guarderías en el sur de Quito. Cevallos cuestiona el uso de los formatos y que los informes técnicos son exactamente iguales. 

Cevallos cree que las realidades sociales en los barrios sin diversas por lo que no se podía utilizar las mismas justificaciones técnicas en todos los documentos. El concejal también cuestiona que el Municipio haya entregado hasta 14 mil dólares para adecuaciones de los locales de las guarderías, y asegura que el Patronato direccionaba a ciertos arquitectos para que realicen las obras. 

Hay denuncias, además, de que había menos niños en algunos locales, que no ajustaban los 40 requeridos, y que habría falsificaciones de los registros para aumentar la cantidad de menores que iban a las guarderías. 

En cada guardería se recibían entre seis o siete mil dólares al mes, pero el concejal cuestiona que el problema radica en el modelo de los convenios, pues no había la obligación de justificar todos los recursos. Así, si las administradoras gastaban menos de los 160 dólares asignados a cada niño, es posible que hayan gastado menos y no se podía controlar. 

Sobre las fichas de los niños, Cevallos sostiene que no hubo un trabajo de verificación por parte de una trabajadora social, que permitiera saber si el programa efectivamente llegaba al tipo de personas que necesitaban.

"Este programa se hizo como una campaña política", destaca el concejal, lo que llevó a Rodas a aprobar 71 guaguacentros en sus últimos meses solo para cumplir su meta. Al no ser un programa técnico, se privilegió lo publicitario por encima de la planificación.