Back to top
17 de Julio del 2017
Historias
Lectura: 14 minutos
17 de Julio del 2017
Redacción Plan V
La movilidad en Quito no logra salir del trancón

El transporte en buses en Quito recibió en los últimos dos años una compensación municipal que alcanza los USD 45 millones, sin mejoras significativas en el servicio. 

 

Las recientes medidas municipales con relación al transporte público ponen en evidencia, para dos críticos al alcalde Mauricio Rodas, una gestión deficiente con relación a la movilidad en la capital. Mientras los buses piden un alza de pasajes, por lo menos ocho mil taxistas han sido legalizados, y hay sospechas de corrupción en las cooperativas, donde habría un mercado negro de cupos.

Amenazas de paro, pedidos de subida de pasajes y un proceso de regularización de taxis que no convence. Mientras tanto, la movilidad en la capital parece no salir del habitual trancón. Este es el panorama que dos críticos de la gestión del alcalde metropolitano, Mauricio Rodas, tienen sobre la forma en la que la administración de Rodas está manejando el tema del transporte público en Quito. Al mismo tiempo, no se acaba de instalar en la ciudad el debate sobre la mejora del sistema de taxis, que encuentran en aplicaciones como Uber o Cabify un nuevo paradigma. Mientras en Guayaquil se optó por simplemente blindar al taxista tradicional y prohibir las aplicaciones, en Quito aún no se toman decisiones al respecto. 

Los reparos del Observatorio de Movilidad

El abogado y activista Gustavo Buendia, critica las decisiones del alcalde Rodas. 

Cristóbal Buendía es abogado, y dirige el Observatorio Ciudadano de Movilidad de Quito. Considera que no se justifica de ninguna manera el aumento de pasajes que han planteado las transportistas. Ello se debe a que la calidad del servicio no mejora, a pesar de que desde febrero de 2015 la ciudad ha pagado cerca de USD 45 millones a los transportistas por medio de una compensación. Buendía explica que, de una encuesta realizada por la Universidad Central, se ha podido determinar que la mayor parte de los usuarios no percibe una mejora en el transporte. Por lo menos el 90% de los usuarios estarían en contra de la supuesta mejora del servicio. Buendía sostiene que es posible que los costos de operación pueden haber aumentado, pero la calidad del servicio no ha mejorado. De ahí que esté en contra de cualquier incremento en el valor del pasaje. 

Según una encuesta realizada por la Universidad Central, se ha podido determinar que la mayor parte de los usuarios no percibe una mejora en el transporte en Quito. Por lo menos el 90% de los usuarios estarían en contra de la supuesta mejora del servicio.

La compensación municipal, destaca Buendía, se paga en base a parámetros que no tienen ninguna incidencia con la calidad del servicio, pues se cancela la compensación por no exceder límites de velocidad, por barrer el bus, por detenerse en las paradas, y otros aspectos que ya constan en la Ley de Tránsito. Por ello, dice el activista, no se justifica por cumplir esas normas el pago de una compensación monetaria. 

Propone, en su lugar tres criterios: que haya una métrica de los tiempos de viaje de los usuarios, que la comodidad de los buses se calcule en no más de cinco personas por metro cuadrado de bus y en tercer lugar la seguridad. A ello se debe sumar un nuevo modelo de gestión, pues Buendía rechaza la existencia de lo que califica como una "mafia": las supuestas empresas de transporte que no son tales, sino que cada accionista en es un dueño de bus, en que cada bus es un negocio y en donde la explotación, en especial de los conductores, se hace evidente. 

El activista cree que debe formalizarse las relaciones laborales de los choferes, ya que ganan a "destajo" el diario, además de trabajar doce o trece horas al día. Con estos tres indicadores, dice Buendía, podría mejorar la calidad del transporte, y se debe empezar por eliminar la compensación, que, en su criterio, es ilegal, pues es un subsidio a particulares. También cree que se debe generar una nueva normativa para la concesión del transporte público en la ciudad, y que se debe robustecer un esquema realmente empresarial en el manejo del transporte. 

Por su lado, el sistema municipal de transporte también tiene falencias, pues genera gastos por cien millones de dólares y apenas la mitad por ingresos. Esto, dice Buendía, se debe a un esquema de operación que también es ineficiente, y los costos los terminan pagando los ciudadanos. Cerca del 50% de la demanda de transporte en la ciudad lo maneja el sistema municipal, que no cubre la periferia de la ciudad. Para Buendía, todas las decisiones de Rodas pasan por el cálculo político y no por razones técnicas. En esa línea, criticó la legalización de más de ocho mil taxistas basado en lo que cree es un informe con "enormes deficiencias". Rodas, dice, no ha logrado desarrollar la institucionalidad municipal, y hace todo a "sustos y a brincos" en el tema de la movilidad.


Una gran cantidad de taxis se concentran en el centro de la capital, mientras no hay servicio en la periferia. 

Sobre el proyecto de los "Quitocables" cree que no tiene ningún asidero técnico, que no es sustentable financieramente, y que habría otras opciones de transporte. Insiste en que se trata de las motivaciones políticas y propagandísticas de Rodas más que de una solución técnica. 

Para Buendía, el proyecto del Metro de Quito no va a representar una solución significativa, pues solo atenderá el 15 por ciento de la demanda, es decir, cerca de 400 mil pasajeros al día, cuando hay tres millones 700 mil viajes al día en la capital. Cerca del 40% del territorio de la ciudad está fuera del Metro, en especial en el norte y los valles. No obstante, si se considera un enfoque más amplio, que articule todos los medios de transporte, con un solo boleto o tarjeta, sobre la base del metro, podría ser el fundamento de un sistema realmente integrado. 

Recordó que el transporte público es un servicio público, que podría ser privado por iniciativa privada, pero rompiendo la visión artesanal de la gestión del transporte que se mantiene en la ciudad. 

El proyecto del Metro de Quito no va a representar una solución significativa, pues solo atenderá el 15 por ciento de la demanda, es decir, cerca de 400 mil pasajeros al día, cuando hay tres millones 700 mil viajes al día en la capital.

Con relación a los taxis en la ciudad, Buendía cree que el manejo por medio de cooperativas, en lugar de un esquema empresarial, así como la concentración de los taxis en el centro de la ciudad, evidencia que el servicio de transporte en taxis tiene una regulación precaria. Si bien se entrega habilitaciones a los choferes, los permisos de operación son de las cooperativas, lo que está generando un mercado negro de cupos. Esto se debe, dice, a que se rigen por una antigua Ley de Cooperativas con 60 años de vigencia. 

La capacidad de regular de manera técnica por parte del Municipio no está siendo cumplida, dice Buendía, quien afirma que debe haber mayores exigencias en el servicio de transporte en taxis, como mayor capacitación y normas de seguridad. Cuestiona la nueva ordenanza aprobada recientemente, que, en su opinión, solo fue el cumplimiento de un compromiso de campaña de Rodas con el gremio de taxistas. "Se legalizó la venta y el tráfico de cupos en Quito, y el requisito es infringir la Ley, haber trabajado de manera informal desde 2014. Es oprobiosa esa norma, algo que no tiene parangón", dice Buendía. 

El uso de aplicaciones como Uber, Cabify y otras, en criterio de Buendía, no debería ser satanizado, pues de alguna manera crea un esquema de competencia que obligaría a mejorar al taxismo tradicional. El activista cree que no se puede calificar como piratas e ilegales a los transportistas de las aplicaciones, pues sostiene que se trata de un alquiler de un vehículo con conductor, lo que no sería lo mismo que un sistema de transporte público. 

Denuncias de mercado negro de cupos en taxis

El concejal Carlos Páez recibió denuncias de un mercado negro de cupos. 

Por su parte, el concejal (Alianza PAÍS) Carlos Páez Pérez, relata que a su oficina llegaron denuncias sobre un mercado negro de cupos en las cooperativas de taxis, en donde se estaría cobrando hasta ocho mil dólares para que las cooperativas acepten a nuevos socios. "Hubo un desfile de gente pobre que vino a denunciar esos cobros, me dijeron que es mentira, pero hay un boletín firmado por Carlos Brunis, dirigente de los taxistas de Pichincha, donde se anuncia de manera ilegal que hay seis cupos. El señor Brunis aclaró que los cupos no están de venta. Se debe prohibir que las operadoras de taxis califiquen a los aplicantes, eso debe hacerlo la autoridad municipal. Las operadoras son como un club, tienen un capital social, pero no se les va a cobrar por eso ocho o nueve mil dólares. Se debe priorizar la calidad del servicio", dice Páez. 

El concejal denuncia amenazas en redes sociales e inclusive una marcha en su contra por parte de los taxistas, pero defendió lo que calificó como un "reclamo justo y legítimo" de la ciudadanía sobre el servicio de taxis. 

En las recientes elecciones legislativas, Carlos Brunis fue candidato a asambleísta de Pichincha, por la circunscripción dos, distrito centro sur, por la alianza CREO-SUMA del alcalde Rodas, pero no logró una curul en la Asamblea. 

Sobre el debate por el uso de aplicaciones, como Uber y Cabify, Páez dice que es una modalidad de transporte que no está en nuestro marco legal. El tema, dice el concejal, está en pleno debate en todas las ciudades del mundo, y hay aspectos que permiten mejorar la calidad del servicio como evidencian este tipo de aplicaciones. Sin embargo, defiende que el servicio se siga prestando por medio de trabajadores autónomos que obtienen su ingresos de esa forma, pero cree que se debe insistir en elementos de calidad. 

El concejal Páez defiende que el servicio se siga prestando por medio de trabajadores autónomos que obtienen su ingresos de esa forma, pero cree que se debe insistir en elementos de calidad.

Sobre la regularización, cree que se debe atender el problema, pues no descarta que se trate de un problema social y económico de falta de trabajo. La mala calidad del servicio de taxis, dice, y la ausencia de control han afectado la regulación de los taxis. Destaca también problemas como la falta de uso del taxímetro, que no haya servicio en las zonas alejadas del centro y que no se respeten las tarifas, por lo que en la reciente ordenanza se incluyó que la Secretaría de Movilidad del Municipio debe evaluar a las operadoras. También propone plataformas tecnológicas y aplicaciones que permitan evaluar la calidad de la carrera, así como obligar al cumplimiento de planes de mejora. 

Páez sostiene que hay una mala gestión en el transporte público, pues se pretendió un alza de tarifas sin poner en el tapete el tema de la mejora del servicio en buses. Cuestiona también el gasto de USD 45 millones en la compensación cuando no se ha comprobado que las operadoras de transporte público han mejorado sus servicios. El concejal cree que no hay una política pública clara y asegura que se deben negociar los contratos de operación de los buses, con compromisos tanto del Municipio cuanto de las operadoras. Los actuales documentos son "demasiado genéricos" y no han afrontado temas como la calidad. Cuestiona también que no se han implementado soluciones tecnológicas para la caja común de los buses y un sistema de recaudo centralizado. 

Cambios en la mentalidad de los usuarios y los transportistas son necesarios para enfrentar el tema, dice Páez. "Se está poniendo plata en saco roto, deben hacerse cambios estructurales", dice el concejal, quien cree que la prestación del servicio debe mejorar en términos de calidad. Para ello, propone una visión integral, pues no se puede reducir el tema a la discusión por la tarifa. 

"Los transportistas deberían amenazarnos con respetar las paradas y no corretear en la vías", ironiza el concejal, quien rechaza cualquier amenaza de paro del gremio del volante en la capital. 

 

 

 

 

 

[RELA CIONA DAS]

Centro Histórico: así fracasó el "barrio diplomático"
Fermín Vaca Santacruz
El regreso de Patricio Zuquilanda
Las falencias de los Guaguacentros de Mauricio Rodas salen a la luz
Redacción Plan V
Quito, una ciudad amigable con las personas
Fernando López Milán
Quién es quién y quién llevó a quién en el Municipio de Yunda
Fermín Vaca Santacruz
GALERÍA
La movilidad en Quito no logra salir del trancón
 

[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

El poderoso abogado de Ramiro González
Margoth Escobar, el pulmón incansable
Redacción Plan V
Margoth Escobar, el pulmón incansable
Redacción Plan V
La bronca de los abogados

[MÁS LEÍ DAS]

Los mineros de Buenos Aires: "la Policía nos extorsionaba"
Redacción Plan V
Juliana Campoverde: crónica de un juicio que tardó siete años
Susana Morán
Los siete indicios de "microfraudes" y cómo pudieron afectar las elecciones
Redacción Plan V
El chef Andrés Román va de shopping por San Blas
Redacción Plan V