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26 de Julio del 2021
Historias
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26 de Julio del 2021
Redacción Plan V
Los momentos judiciales clave en la caída de Jorge Yunda
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Los últimos momentos de la administración de Yunda se vivieron en los edificios judiciales del norte de Quito.  Foto: Manuel Novik /PlanV

 

El ex alcalde tuvo que abandonar el cargo, aunque aún está a la espera de una resolución judicial y no se descarta que busque llegar a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

La remoción del cargo del ex alcalde Jorge Yunda ha sido un proceso político y judicial con varias complicaciones. Ante la derrota en el Concejo, en donde una mayoría de concejales logró su remoción, Yunda apeló a la justicia ordinaria, presentando una serie de recursos que demoraron su salida de la Alcaldía. Finalmente, Yunda tuvo que abandonar el cargo, aunque aún está a la espera de una resolución judicial y no se descarta que busque llegar a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los pedidos de remoción contra Yunda

Para el 26 de abril de este año, Yunda ya tenía tres pedidos de remoción en agenda. Dos de ellos prosperaron en la Comisión de Mesa del Concejo, se trató de los pedidos de Quito Unido y el Frente de Trabajadores por la Dignidad.

La Comisión de Mesa estaba formada por el entonces vicealcalde Santiago Guarderas y los concejales Morales, Sandoval y Ledesma. Los colectivos aseguraban que el alcalde estuvo envuelto en despilfarro de recursos, incumplimiento de ordenanzas o resoluciones de los GADs y el incumplimiento injustificado de disposiciones legislativas que garanticen la participación ciudadana.

El pedido de Quito Unido, liderado por Marcelo Hallo, fue retirado en una polémica sesión donde había sido invitado para exponer su denuncia. Hallo alegó un acuerdo de ciertos concejales para blindar al alcalde. Algunos concejales dijeron haberse sentido burlados y sorprendidos. Como Luis Reina que dijo que se “ultrajó la figura jurídica de la participación ciudadana”.

La denuncia que finalmente canalizó el Concejo para ejecutar la remoción fue la presentada por Carolina Moreno del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. El 2 de junio el Concejo votó a favor de la remoción del alcalde con 14 votos a favor, 6 abstenciones y 1 en contra.

La denuncia que finalmente canalizó el Concejo para ejecutar la remoción fue la presentada por Carolina Moreno del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. El 2 de junio el Concejo votó a favor de la remoción del alcalde con 14 votos a favor, 6 abstenciones y 1 en contra.

Tres instancias judiciales decisivas

Tras conocerse la decisión del Concejo, Yunda elevó una consulta al Tribunal Contencioso Electoral cuestionando la legalidad de la resolución.

La defensa alegó cuatro inconstitucionalidades en el proceso de remoción. La primera, que se necesitaban 15 votos para alcanzar una mayoría y no 14 a favor.  Según la defensa de Yunda, se debía incluir en la votación a la alterna de Guarderas, que estaba directamente implicado en la moción. También alegaron que el fallecido concejal Mario Granda no había firmado la carta que debía autorizar la participación de su alterna, debido a que estaba grave por covid.

Por otro lado, sostuvieron que no hubo un secretario titular en algunas sesiones que trataron sobre la remoción, y que fueron moderadas por uno de los concejales. Por último, la defensa del alcalde sostuvo que sí se cumplió con la participación ciudadana de Quito, pero de forma telemática por la pandemia.

Posteriormente, el tribunal desestimó estos argumentos. Ratificó el pedido de remoción por unanimidad con 5 votos a favor. Es decir, concluyó que el pedido de remoción se enmarcaba en la ley y no poseía inconstitucionalidades como alegaba la defensa del alcalde.

El abogado Juan Francisco Román explica cómo se pudieron desestimar algunos de los argumentos, “si bien realizaron sesiones de participación ciudadana, nunca hicieron una convocatoria abierta. Los mecanismos de selección de la gente no fueron transparentes”. Una de las principales razones que motivaron las denuncias de los colectivos sociales fue la falta de participación ciudadana que el alcalde debía garantizar.

Luego de este episodio, Santiago Guarderas dio una rueda de prensa donde, si bien no asumió oficialmente, ya habló sobre su plan para la ciudad. En este punto inició un escenario confuso en el Concejo.


Santiago Guarderas se posesionó luego de revocarse una medida judicial a favor de Yunda.  Foto: El Universo

Ya que todavía no se oficializaba el cambio de mando, Yunda continuó dirigiendo las sesiones municipales. Algunas de las cuales, no obtuvieron quórum. Tras dos sesiones suspendidas los concejales se vieron presionados para asistir. Las jornadas se tornaron en disputas entre concejales y alcalde, y el orden del día quedó relegado.

Paralelamente, Yunda interpuso una acción de protección en contra del informe presentado por la Comisión de Mesa. En su defensa alegó que se vulneró el derecho a un juez imparcial, ya que los miembros de la comisión fueron parte de la votación por la remoción. La jueza Belén Domínguez consideró que existió esta vulneración y acogió la acción. 

Según el abogado constitucionalista André Benavides, “el informe de la comisión no es vinculante con la mayoría obtenida por el Concejo para la remoción del alcalde”. Es decir, que el informe solo tiene capacidad de sugerir una acción del Concejo.

Según el abogado constitucionalista André Benavides, (foto) “el informe de la comisión no es vinculante con la mayoría obtenida por el Concejo para la remoción del alcalde”. Es decir, que el informe solo tiene capacidad de sugerir una acción del Concejo.

Para el jurista Román, la defensa de Yunda ingresó la acción de protección “sin ninguna razón” al departamento de violencia intrafamiliar, de la cual fue sorteada la jueza Domínguez. Tras la sentencia, el Concejo de la Judicatura encontró irregularidades en el proceso llevado a cabo por la jueza Domínguez. Esto fue llevado a Fiscalía, quién allanó las casas y oficinas de los jueces y los asistentes a cargo del caso. Entre otras medidas se solicitó monitorear los patrimonios de la jueza y del alcalde.

En un tercer eje de defensa, Yunda solicitó medidas cautelares que fueron concedidas por el juez Carlos Soto. La medida tuvo un efecto de suspensión de la remoción mientras no se haga efectiva la resolución de la Corte Provincial de Pichincha.

Recursos que se empiezan a agotar

El 19 de julio en el Complejo Judicial Norte se dio la audiencia que debía dar continuidad o rechazar las medidas cautelares otorgadas a favor de Yunda. En las afueras del complejo se congregaron sobre todo ciudadanos en contra del alcalde. Unos pocos ciudadanos que apoyaban su gestión abandonaron rápidamente el lugar. Un cerco policial se había formado, pero ese día no fue necesario.

Yunda había asistido sin abogados y abandonó la audiencia. Lo hizo por la puerta de atrás del edificio. Pero un grupo de ciudadanos llegaron, lo insultaron y agredieron su auto. La audiencia continuó y terminó por rechazar las medidas cautelares que suspendían el pedido de remoción.

Esa misma noche Santiago Guarderas se posesionó como alcalde en el Salón del Concejo. Mientras tanto Yunda declaró en su cuenta de Twitter, “He conocido de la revocatoria de medidas cautelares otorgadas a mi favor. Una vez notificada la sentencia interpondré los recursos que me asiste la ley. Ante cualquier intento de tomarse la alcaldía solicitaré medidas de ejecución”.


Yunda tuvo que abandonar el Complejo Judicial por una puerta lateral ante protestas en su contra. Foto: El Universo

Este viernes se dio la audiencia en la Corte Provincial de Pichincha que según los juristas consultados por este medio tiene efecto solo sobre el informe de la comisión. La Corte emitirá una sentencia en los próximos días. Ante esto, Yunda podría presentar una acción extraordinaria más o ir a instancias internacionales. No en vano, su defensa alegó desde el principio que el caso de Yunda era similar al ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fue destituido por la Procuraduría de su país, lo que fue finalmente censurado por la Corte Interamericana, que condenó a Colombia por el hecho. 

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