Aunque las obras del Metro de Quito continúan, la Contraloría General del Estado (CGE) hizo público un examen especial de ingeniería realizado a la Fase Uno del Metro, que une las estaciones ubicadas en La Magdalena, al sur de la ciudad, con El Labrador, en el norte. El examen especial analizó el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 2012 y el 20 de mayo de 2016.

El examen, que fue aprobado por la Contraloría el 13 de abril de 2017, detalla algunas de las caractarísticas de las estaciones y la línea del metro, que deberá unir el terminal terrestre de Quitumbe con la zona norte de la ciudad, así como algunos de los barrios más poblados del sur con el hipercentro capitalino.

Según el detalle del examen, el metro y todas las obras complementarias en su primera fase están presupuestados en no menos de USD 1500 millones, si bien el monto examinado por el examen técnico de la CGE alcanza los USD 92 millones, en especial, en rubros de construcción y fiscalización.

Las obras en las estaciones fueron recibidas en enero de 2017 por el Municipio de Quito.  Foto: La Hora

El 22 de enero de 2016, según relata la CGE, se suscribió el acta de recepción definitiva y recepción del contrato, con un pago de más de USD 90 millones a la contratista, que es el consorcio Odebrecht-Acciona.

Más de USD tres millones más se pagaron a la empresa Caminosca por concepto de fiscalización de la misma obra.

Los cuestionamientos de la CGE

Pero la CGE realizó una serie de cuestionamientos a la forma en la que se ejecutó el contrato entre la Empresa Metropolitana de Obras Públicas y el consorcio Odebrecht-Acciona, así como con la fiscalizadora, la empresa Caminosca. 

En primer lugar, la Contraloría dijo que hay una controversia sobre el pago a las contratistas de un valor por el uso de las escombreras. Toda la tierra y material que sale de las excavaciones de las obras del metro es trasladado y depositado en cuatro escombreras de propiedad municipal, según destaca la Contraloría.

Por lo menos 325 mil metros cúbicos de escombros han sido removidos de los distintos sitios en donde se realizan las obras.
Según la Contraloría, a pesar de que el vertido de todo ese material se realizó en sitios de propiedad municipal, el Municipio pagó a la contratista un valor estimado en por lo menos USD 584 297,63.

En su conclusión al respecto del pago por el “canon de vertido”, la Contraloría precisa que “la Empresa Pública Metro de Quito autorizó el uso de instalaciones públicas para ejecutar ese rubro, por lo cual, la contratista estaba exenta del pago del “Canon de vertido" que tiene un costo directo de 1,35 USD por m3; en consecuencia, se generó un pago a favor del contratista por el citado rubro que suma 584 297,63 USD sin que haya representado un egreso para la empresa constructora; a pesar de contar con el criterio motivado de la fiscalización y del Administrador del contrato para que se instrumente el mecanismo legal para modificar ese rubro”.

En otro tema, la Contraloría también cuestionó que la empresa Caminosca, que obtuvo un contrato complementario para la fiscalización de obras adicionales en la Estación de El Labrador, haya recibido un pago mayor al inicialmente acordado.
Al respecto señala que “el Gerente de Infraestructura de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, en calidad de Administrador del contrato, al recomendar la suscripción de los contratos complementarios 1 y 2 de fiscalización, considerando costos “Hombres-mes”, superiores a los establecidos en el Acta de Negociación del contrato principal, inobservó los artículos 85 de la LOSNCP y 34 del Reglamento General; por cuanto la consultora Caminosca S.A. incluyó en los costos “Hombres-mes”, costos directos misceláneos y gastos generales, beneficiándose injustificadamente de 387 145,92 USD, en perjuicio de los intereses de la EPMMQ”.

En varios puntos de la capital hay cierres de vías como este relacionados con las obras del Metro. 

Las fallas estructurales

En 2013, durante la construcción de la Estación de La Magdalena, se pudo determinar, por medio de exámenes con equipos sónicos, que varios de lo pilotes principales que sostienen la estación tenían fallas estructurales. Según pudo determinar la CGE, en los cuatro pilotes principales hubo fallas de diversa magnitud en el concreto que se había colocado.

Según relata la Contraloría en su informe, la Estación cuenta con “cuatro pilas pilote soportan la losa de cubierta y forjados intermedios de 1,5 m de diámetro con camisa de chapa de 12 mm en la zona de fuste de pila dentro del ámbito de la estación y un diámetro de 2,5 m en la zona de empotramiento en el terreno bajo la estación”.

Al respecto, la CGE concluyó que “la compañía ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., contratista de la construcción de las obras del contrato para la “Construcción Fase 1 de la Primera Línea del Metro de Quito: Estaciones La Magdalena y El Labrador”, en la construcción de la estación La Magdalena, ejecutó las cuatro pilas-pilote con deficiencias técnicas de diversa magnitud, lo que refleja que no realizó un adecuado proceso constructivo de los rubros contratados, originando la ejecución de trabajos adicionales de reforzamiento de esos elementos estructurales a su costa y responsabilidad; lo cual genera incertidumbre en el comportamiento estructural de las pilas pilote”.

Aunque el informe consigna que se dieron algunas soluciones técnicas al problema de los pilotes, que fueron aceptadas por la Empresa Municipal de Obras Públicas, no deja de expresar si inquietud por tal hallazgo.

Los pagos al IESS de Caminosca

En otro hallazgo del informe, la Contraloría señala que Caminosca no pagó al IESS los aportes de sus empleados en la fiscalización de manera adecuada.

Así, el informe precisa que “del análisis a la información proporcionada, se evidencia que CAMINOSCA S.A. realizó los aportes al IESS de sus trabajadores, considerando un sueldo diferente al negociado con la EPMMQ; no canceló aportes al IESS por los trabajos efectuados por el Director Técnico, mientras que los sueldos cancelados al Director General de Proyecto y al Fiscalizador de La Magdalena, son inferiores a los establecidos en el acta de negociación, en tanto que el sueldo del Fiscalizador de El Labrador, es superior. Los sueldos del resto del personal, presenta variaciones mensuales y todos los valores pagados son inferiores a los contratados”.

Aunque Caminosca le cobró al Municipio por lo menos USD 6135 por el sueldo del director general del proyecto, en la planilla del IESS consta que dicha persona realmente ganó un 40% menos. Lo mismo ocurrió con todos los demás miembros del equipo fiscalizador de Caminosca, que declararon en la Seguridad Social un valor menor del que se dice en el contrato con el Municipio que iban a ganar.

Otro ejemplo es el del chofer mensajero, que supuestamente iba a ganar por lo menos USD 970 al mes, pero que declaró al IESS apenas USD 330.

Según la Contraloría, Caminosca admitió la diferencia, pero sus explicaciones no fueron aceptadas: “Los argumentos presentados por la consultora se orientan a demostrar que los sueldos a base a los cuales se negoció el valor del contrato de fiscalización, son sueldos dirigidos a establecer un valor final del contrato, puesto que, la consultora no paga efectivamente dichos sueldos a su personal técnico, administrativo y de apoyo, lo cual es un contrasentido, puesto que la consultora ofertó, negoció y le contrataron con salarios que debía pagar a los trabajadores y al no abonar a los trabajadores los sueldos completos negociados, la firma consultora se estaría beneficiando de los mismos”.

La Contraloría concluyó que “la consultora Caminosca S.A., inobservó el numeral 17.01 de la cláusula décima séptima “Legislación aplicable” del contrato, al no presentar el detalle de los aportes efectuados a base del salario negociado del personal que participó en la fiscalización; no obstante que incluyó la certificación de no estar en mora en sus obligaciones al IESS, en tal razón se ha originado un pago injustificado a la consultora por la suma de 560 079,87 USD, por cuanto canceló valores inferiores a los establecidos en el acta de negociación, en 402 692,91 al personal técnico principal, en 112 346,44 al personal técnico auxiliar y en 45 040,52 al personal administrativo”.