La prensa, particularmente la escrita, colaboró para la restauración de la democracia ecuatoriana en 1979 con la conformación de un espacio público en el que cupieron las voces de quienes estaban de acuerdo con los términos de la reestructuración jurídica en marcha y las de quienes la cuestionaban. Esto permitió que los nuevos actores sociales y los recién incorporados actores políticos pudieran expresarse. La relevancia de este acontecimiento responde a que en la época, la hegemonía en la esfera pública y en la configuración de ámbitos de deliberación política la mantenían los medios de comunicación. En ellos se producía el intercambio de criterios y en ellos se escenificaban las discusiones. En ese tiempo no existían ni la internet ni las redes sociales, ni otras arenas digitales en las que los ciudadanos y las organizaciones pudieran polemizar y promover corrientes de opinión sobre asuntos de interés público, que los actores políticos pudieran considerar para la toma de sus decisiones.

El pluralismo, relativo como el que corresponde a toda obra y actividad humanas, se mostró en las definiciones editoriales que asumieron los periódicos y demás medios de comunicación de entonces. Unos apoyaron el esfuerzo por la reestructuración constitucional; otros lo criticaron e incluso trataron de abatirlo o al menos retrasarlo y lo hicieron por diferentes motivaciones. Algunas de sus razones configuraron las perspectivas que desde entonces se enfrentaron y produjeron la democracia que ahora vivimos.  

A cinco días de que la dictadura militar presidida por el almirante Alfredo Poveda e integrada por los generales Guillermo Durán y Luis Leoro entregara el poder al presidente electo Jaime Roldós, el 10 de agosto de 1979, el columnista Raúl Andrade escribía en el diario El Comercio un artículo que resumía el papel de la prensa escrita en el desarrollo y culminación de la recuperación institucional. “Bases de la democracia” se titulaba su columna del 5 de agosto de 1979, en la página 4 de El Comercio.  En ella, Andrade relievaba el pluralismo y el debate presentes en los espacios de opinión de los periódicos ecuatorianos, por haber plasmado un espacio público de deliberación política y movilizado “una corriente de opinión expresada en cerca de dos millones de votantes que concurrieron a decir ¡‘No’! a la dictadura en las últimas elecciones”.

El articulista, como correspondía a la reflexión de un pensador liberal, civilista y humanista, no aceptaba que el poder militar hubiera sido el que dejó “«sentadas las bases para una democracia permanente» (…). Las bases de una democracia las asienta un conjunto de fuerzas actuantes y vivas, conscientes de que un destino común, en un pueblo que pugna por rescatarlo, no es ni puede ser obra de un grupo de militares que asume por propia o ajena iniciativa la tarea de conducirlo”.

Al cabo de cuarenta años de aquel retorno, podemos advertir la justeza de esa aseveración. Y también la certidumbre de que los militares bebieron de los principios de la democracia.

Hay más. Las palabras con las que Raúl Andrade, en aquel 1979, visualizaba el futuro fueron premonitorias. El escritor estimaba que “en adelante, la mayoría civil del país, no contaminada para suerte suya, ya sabrá a qué atenerse la próxima vez que algún insatisfecho proponga «ir a golpear las puertas de los cuarteles»”. En efecto, aquel convencimiento sobre la necesidad de mantener la democracia se expresó en los avatares de los siguientes años. Nítidamente se evidenció cuando algunos ecuatorianos en momentos de enorme cansancio social, por los desatinos y abusos del correato, suspiraron porque hubiera militares que lo encararan y echaran a su cabecilla de Carondelet. Aquellos anhelos no se concretaron; no suscitaron ni el apoyo civil ni la adhesión militar. Certificaron la prevalencia de los principios democráticos en los ciudadanos y en los elementos de las fuerzas armadas. Aquello entrañaba que, a pesar de las contradicciones y debilidades de la vivencia de la democracia, desde su restablecimiento hace cuatro décadas, su espíritu estaba asentado en el ser de los ecuatorianos.

El proceso que destacaba Andrade descubre la relación entre democracia y libertades de expresión y de prensa, advertidas en la experiencia y práctica del pluralismo, no exento de disputas. Tampoco de contradicciones. Ni de intereses a veces contrapuestos. No todos los periódicos de esa época sostuvieron posiciones editoriales iguales. Más que matices, mostraron enormes diferencias en las formas como encararon la vuelta de la democracia, luego de nueve años de dictaduras militares. No todos los articulistas estuvieron de acuerdo con el planteamiento de los triunviros, aceptados por los dirigentes políticos que se estaban estrenando. Muchos desconfiaban, otros aspiraban a que esa novel democracia repusiera el status quo de la década de 1960. Varios hasta negaban y rechazaban el cambio social global del que Ecuador no podía excluirse, pues ya lo estaba viviendo germinalmente. Esta discusión fue posible porque, hay que reconocerlo, las dictaduras castrenses permitieron con algunas restricciones las libertades de expresión y de prensa, incluso más que un par de gobernantes elegidos por votación popular posteriormente.

La presencia de esos puntos de vista diversos fue crucial para la deliberación pública impulsada por los diarios, como también por los espacios de opinión e informativos en emisoras radiales y en canales televisivos. En unos, con mayor espacio para las posturas renovadoras, con cercanía hacia los principios de la socialdemocracia europea, la inclusión social, la participación ciudadana y el reconocimiento de los nuevos actores sociales que estaban emergiendo con vitalidad. A través de enfoques que demandaba la innovación de los manejos partidarios, y la institucionalización de ciertos principios políticos los ciudadanos pudieron objetar las prácticas de los partidos tradicionales, empeñados durante todo el proceso de reestructuración jurídica, y antes, en obstaculizar toda transformación y renovación que estorbara el mantenimiento de sus intereses particulares inmediatos. En otros, con actitudes más conservadoras, las simpatías fueron hacia el tradicionalismo y sus valores; no apreciaban suficientemente el orden jurídico y la subordinación de algunas prácticas políticas al imperio de la ley. El debate, por supuesto, se mantuvo con las modificaciones propias del dinamismo y del cambio de la realidad, a pesar de los embates hacia las libertades, en diversos momentos de nuestra reciente historia.

El presidente Roldós, en su mensaje inicial del 10 de agosto de 1979 lo destacó: “Buena parte de la aurora que hoy renace en el horizonte la debemos a la opinión pública del país y con ella a los medios de comunicación social. Por principio, antes que por reconocimiento, que también lo consigno, ratifico mi determinación de respetar la libertad de prensa en los términos que democráticamente debe ser respetada toda libertad. Aliento por cierto la urgencia de la responsabilidad compartida en la que la comunicación y la publicidad proyecten la afirmación de valores sustanciales, proscribiendo los que llevan al egoísmo, la superficialidad, el despilfarro y la mediocridad. Debemos estar muy conscientes de que no hay pueblo más fuerte que un pueblo informado y orientado y que un gobierno democrático depende, entre otros factores, de la prensa, pero la prensa no puede depender del gobierno. Sin estas premisas no podrá darse la justicia social ni la democracia participativa”.