El 17 de noviembre de 2004, luego de un taller dirigido por el presidente venezolano, el coronel Hugo Chávez, para sus colaboradores, salió a la luz un documento titulado “Diez grandes objetivos estratégicos”, también conocido como “La nueva etapa. El nuevo mapa estratégico”. El segundo de esos objetivos, definidos como mandatos, fue el de “articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional”.

Aquel trazo se justificaba en la nominación de los medios de comunicación y de los periodistas como actores políticos, a raíz del golpe de estado de abril de 2002 en Venezuela. Entre los objetivos específicos de aquel mandato destacaban dos: los encaminados a diseñar, promover y difundir los logros del proceso chavista y los tendientes a divulgar y procurar la identificación de la población con la ideología de la revolución bolivariana. Chávez consideraba que así luchaba contra la acción imperial de los EEUU y contribuía a la “hegemonía comunicacional” a favor de sus ideas. Otra justificación del jefe de Estado era la misma que desde la década de 1970 esgrimían las dictaduras latinoamericanas: la democratización de la comunicación y de la información; una frase que significaba el control estatal a la producción de contenidos. Nada nuevo, por supuesto.

Con una mirada ex post, aquella fue la primera piedra que inauguró un conjunto de acciones enmarcadas para garantizar la impunidad de la corrupción desde el estado, en los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Un ejemplo es el caso del lavado de dinero, denunciado desde 2011 por el periodismo de investigación ecuatoriano.

Pero regreso al 2004. Una de las herramientas recomendada para alcanzar aquellos propósitos del mandato 2 fue la “creación de grupos de formadores de opinión, comunicólogos e intelectuales para contribuir a conformar matrices de opinión favorables al proceso”. Es decir, para propagandear en favor del chavismo, sin que importara ocultar, falsear, agrandar, minimizar o tergiversar. Otro de los aparatos usados fue el de integrar las estrategias de “publicidad y comunicación institucional”: convertir todo en propaganda, en otras palabras. ¿Qué alcances tuvo ese dispositivo enunciado con tal descaro? Enormes. Sus consecuencias las seguimos viviendo al cabo de varios años. ¿En donde más se lo replicó? En Ecuador, sin duda alguna.

Lo reseñado en la nueva etapa surgió por las creencias de Chávez, que le llevaron a abrazar “hasta la alucinación” la pretensión de controlar la sociedad a través de los medios de comunicación, por considerar que era el mejor modo para concentrar el poder y cancelar la política, como lo señala el periodista Boris Muñoz. Chávez y sus seguidores latinoamericanos del socialismo del siglo XXI estaban y varios siguen convencidos que las realidades sociales, políticas y económicas se limitan a los hechos que divulgan los medios informativos, bajo el supuesto de que estos las diseñan, con prescindencia de lo fáctico.

¿Por qué tales estrategias iniciaron la caminata hacia la corrupción de estado en los países gobernados por los amigos de Chávez y de su sucesor? Por la permanente desacreditación de las denuncias divulgadas en los espacios informativos de la prensa, que desactivó en mucho el control social. Las tramoyas ideadas desde 2010 fueron conocidas en Ecuador ya en 2011 por las publicaciones de la revista Vanguardia, reseñadas y actualizadas en Plan V. Esas investigaciones revelaron irregularidades en algunas ventas a Venezuela, con participación de ecuatorianos y venezolanos. Ese año algunos responsables alertaron de tales anomalías a los directivos de las oficinas de control. Pero varios de ellos justificaron las operaciones y les restaron importancia. El artilugio que permitió esas maniobras fue el sistema SUCRE al que adhirieron Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela desde 2008. Este mecanismo era anunciado y enunciado -propagandeado conforme el precepto del mandato 2- como una medida para desplazar al dólar. Se lo presentaba como una estrategia ideológica en procura de soberanía, para ocultar su eficacia para el lavado de dineros, como posteriormente quedó demostrado.

Como las primeras exportaciones resultaron bien para sus autores, los dispositivos de lavado de dinero se popularizaron y se expandieron. Una de las muestras es el caso del empresario Alex Saab, acusado en EEUU, y cuyas operaciones en Ecuador están siendo investigadas por el asambleísta Fernando Villavicencio. 

Los aportes para esclarecer el pasado, quitarle las corazas que la propaganda colocó sobre la realidad, es una contribución del periodismo de investigación. Este mantiene plena vigencia y es indispensable su ayuda para impedir que la impunidad de las corrupciones auspiciadas desde las esferas estatales se perpetúe.

@consualbornozt