Modelos de plataformas digitales y “talentos” de pantalla que juegan a ser políticos. Políticos que intentan emular conceptual y discursivamente a los influencers de momento por más grotescos que estos sean. Grupos de amigos que pretenden convencerse a sí mismos y a la ciudadanía de que son partidos y movimientos serios con proyectos de gobierno y no estructuras de papel que se rentan o subastan a quienes más dólares ofrecen. Rupturas e idilios electorales de posible corta duración.

Candidatos que se prefabrican por docenas en la mayoría de las capitales de provincias: algunos son ilustres advenedizos, otros son recordados por las fechorías que hicieron o dejaron hacer, y unos cuantos nuevos (con presencia pública) que se estrenarán formalmente en la política y tendrán el gran desafío de no convertirse en la abominación populista y delincuencial que tanto criticaron. Aunque claro, siempre habrá convenidos que se sientan horados por remozar la imagen de autoritarios y corruptos.

Con todos estos elementos —calco y copia de los anteriores procesos electorales— estamos ad portas de un nuevo engaño colectivo (las elecciones seccionales 2023), que se engendra con la venia de los administradores prorrogados del Estado electoral y sus principales “clientes”: las casi trescientas organizaciones políticas que drenan los recursos económicos del país.

Mientras esto ocurre, algunos nostálgicos todavía buscan la coherencia político ideológica que se les extravió tanto a sus partidos como a sus dirigentes. ¿Primaron los acuerdos por modelos estables, modernos y viables ante las agendas particulares de sus proponentes? Lo dudo. Lo único cierto es que en coyunturas electorales las disyuntivas por los “ismos” quedan relegadas a segundo o tercer plano, al menos, cuando se trata de supervivencias mutuas (de los políticos —ahora candidatos— y los partidos que los promueven) en la escena política y electoral. Esto sin mencionar la pesca a río revuelto por puestos de poder y el beneficio de pasar del anonimato a la fama gracias a la promoción electoral.

Otro ámbito igual de escandaloso tiene que ver con la democracia interna y las denominadas elecciones primaras en las organizaciones políticas, las cuales evidencian el estado de descomposición del sistema de partidos ecuatoriano. No existen procesos estandarizados ni homologados para la elección de directivas y candidatos. El libre albedrío y la audacia de los dueños de los partidos y las élites que los gobiernan son las que interpretan a conveniencia qué es la democracia interna, al operativizar los mecanismos de perpetuidad de sus dirigencias y conformar las listas con precandidatos de su elección. Los resultados preliminares saltan a la vista: partidos y candidatos que frente a la critica de la opinión pública y el escarnio de la sociedad, se ven en la obligación de retirar sus apoyos y declinar sus postulaciones, respectivamente.

¿Los mejores hombres y mujeres integrarán las listas para las distintas dignidades en estas elecciones seccionales 2023? Duele decirlo, pero al igual que en otros procesos electorales, no. ¿Cuál es la experticia de estos candidatos en temas de desarrollo y gobernanza local? ¿Conocen algo sobre descentralización? ¿Las organizaciones políticas que los auspician los han capacitado en estos temas?

Los partidos y movimientos no solo candidatizan —en la mayoría de los casos— a personas que no cuentan con perfiles adecuados para la administración pública, sino que, además, inundan las listas con estas personas y dan la espalda a sus bases, si es que las tienen. ¿Por qué? Porque no confían en un “semillero” que todavía no controlan, pero sobre todo porque subestiman la capacidad crítica de su electorado.

¿Y la legitimidad de las futuras autoridades electas? Ese es otro problema. En un ambiente de fragmentación crónica como el que se vive en Ecuador, no debería de sorprendernos que prefectos y alcaldes sean elegidos con porcentajes inferiores al 30% como ocurrió en el 2019 en Quito.

Así las cosas, este déjà vu electoral —tal como lo estamos viviendo— también traerá consigo problemas de gobernabilidad y con ello, nuevos ultrajes jurídicos y políticos a nuestra democracia. Pero a su vez, trae a escena pública el debate sobre la propuesta de reforma política planteada por el Colectivo Voces por la Democracia, a través de la necesaria e impostergable iniciativa ciudadana de consulta popular.