El 30 de julio de 1943, durante la ocupación nazi, la justicia francesa dispuso la ejecución de una lavandera acusada de haber abortado. Se le aplicó una ley de 1920. El gobierno títere –y profundamente cristiano– del mariscal Petain aceptó la ejecución. Treinta años después, el 20 de diciembre de 1974, la Asamblea Nacional francesa aprobó la ley de despenalización del aborto. 

Para ese entonces, países como Inglaterra, Holanda y Suiza contaban con legislaciones que permitían a las francesas adineradas practicarse un aborto con solo hacer un rápido viaje de ida y vuelta. Algo parecido a lo que ocurre en nuestro terruño con quienes tienen posibilidades económicas.

La aprobación de la mencionada ley contó con el apoyo decidido del gobierno de turno. Lo sorprendente es que era presidente Valéry Giscard D’Estaing, católico practicante y conspicuo representante de la derecha. En sus memorias, relata un episodio que debería ser elevado a cátedra sobre lo que significa asumir la condición de estadista en una república moderna.

Frente a lo que él sintió como una reprobación por parte de los papas Paulo VI y Juan Pablo II, les respondió: “Yo soy católico, pero soy presidente de un Estado laico. Yo no puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos, sino velar porque la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa. Juzgo legítimo que la Iglesia demande a los que practican su fe que respeten ciertas prescripciones. Pero la ley civil debe ser compatible con el estado real de la sociedad. No se trataba de aprobar el aborto, sino de transferir a la responsabilidad individual una parte de lo que era, hasta entonces, la ley colectiva. Cada uno debería respetar los imperativos de su conciencia o de su fe, pero no decidir por los demás”. 

Con esta medida se le devolvió a la sociedad y a la política una decisión que estuvo demasiado tiempo confiscada por el fundamentalismo religioso. Se reafirmó la noción de laicismo, es decir, la separación de las creencias religiosas de las leyes. Laicismo, ese concepto fundamental de la Revolución Alfarista que, luego de un siglo, no logra cuajar en la idiosincrasia nacional.

El Ecuador es un Estado laico. Toca repetirlo hasta el cansancio. No obstante, existen sectores que, a propósito de la última aprobación del Código Orgánico de la Salud, han desempolvado la ley de Concordato expedida por García Moreno, con la que se consagraba la confesionalidad del Estado ecuatoriano. En buen romance, la potestad de la Iglesia católica para normar la vida pública de los ciudadanos.

Al parecer, los ecos de la Santa Inquisición retumban en el imaginario de estos grupos sociales inconformes con la libertad de las mujeres. En el fondo, abogan por la sumisión más que por la moralidad. Controlar los cuerpos es un mecanismo eficaz para controlar a la sociedad. 

En este punto, viene al caso recordar la respuesta que me dio monseñor Alberto Luna cuando le consulté sobre ciertas políticas institucionales a propósito del uso de métodos anticonceptivos. “En ningún lado dice que los curas tengamos que meternos entre las sábanas de las parejas. Lo único que se puede pedir es que las decisiones sobre la planificación familiar las tomen personas responsables y debidamente informadas”. Suficiente.