El presidente Lasso acaba de sobreponer su condición de banquero a la de estadista. Sus observaciones a propósito de los plazos establecidos en la propuesta de ley del aborto remitida por la Asamblea Nacional tienen demasiadas similitudes con las consideraciones puestas en práctica por cualquier gerente de una institución financiera: estirar en beneficio propio las normas. En concreto, pagar la tasa mínima al ahorrista y aplicar la tasa máxima al deudor.

Poco importa que esta lógica afecte a la economía del país o a los bolsillos de las familias. Las convicciones personales de un banquero implican priorizar las utilidades de los accionistas del banco. Los impactos sociales de sus decisiones son efectos secundarios de su negocio. Por eso, justamente, se metió al mundo de las finanzas.

Las convicciones personales de Lasso respecto del aborto operan de la misma manera. Frente a los límites establecidos por la sentencia de la Corte Constitucional, él se decanta por los mínimos posibles.

Si no podía oponerse por completo, porque eso implicaba desdecirse de su discurso a propósito del respeto a la institucionalidad, al menos tenía que bloquear con sofismas el acceso a un aborto seguro para las niñas, jóvenes y mujeres violadas.

Los dilemas de conciencia de un banquero pueden resolverse por varias vías. Por ejemplo, argumentar que la esencia del capitalismo es la acumulación de riqueza; o que es una obligación precautelar los dineros de los ahorristas; o que administrar un banco es muy diferente a realizar acciones de caridad.

¿De qué manera resolverá Guillermo Lasso sus dilemas de conciencia como presidente de un Estado, cuando se reporte la muerte de niñas violadas que decidieron practicarse un aborto clandestino? Porque en este país el aborto seguirá siendo una alternativa desesperada como consecuencia de la precariedad de la vida y de la sexualidad de miles de personas.

No obstante, el veto parcial al proyecto de ley del aborto tampoco le resuelve al presidente Lasso sus dilemas ideológicos. Por lo pronto, ya le saltaron al cuello los grupos provida, que ven en el veto una traición a los sacrosantos principios de la moralidad más retrógrada.

Pero esa ambigüedad presidencial tiene un tufo inocultable a viveza criolla. En la práctica, vuelve inviable la ley, porque la llena de requisitos, restricciones y objeciones insuperables. De este modo, Lasso pone una distancia insalvable con los grupos proaborto, al mismo tiempo que intenta reivindicarse con los grupos provida. Que la ley no funcione sería, en cierto sentido, un logro para estos últimos.

Mientras tanto, la sociedad sigue a la deriva, arrastrando una tara que, en pleno siglo XXI, no solo es una vergüenza, sino una infamia.