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3 de Octubre del 2017
Ideas
Lectura: 11 minutos
3 de Octubre del 2017
Gonzalo Ortiz Crespo

Escritor, historiador, periodista y editor. Ex vicealcalde de Quito. 

Aciertos y fallas en las siete preguntas de Lenin
Las preguntas centrales decididas por el Gobierno van en la dirección de desmontar el correísmo, recuperar la institucionalidad y, sobre todo, impedir que Correa pueda volver a gobernar. Sin embargo, las preguntas le van a quitar piso a Correa, aunque se queden muy cortas en el tema ambiental.

Habría sido ingenuo pensar que la consulta popular iba a cambiar toda la nefasta herencia de la década de Correa. Pero en el amplio abanico de propuestas que organizaciones y ciudadanos había planteado al presidente Moreno, cerca de 3.000 según se conoce, las preguntas centrales decididas por el Gobierno van en la dirección de desmontar el correísmo, recuperar la institucionalidad y, sobre todo, impedir que Correa pueda volver a gobernar.

La mayor carencia es la no derogatoria de las reformas constitucionales de 2015, pero la pregunta más importante va directamente a impedir que Correa pueda ser reelegido. En efecto, se había argumentado por parte de una de las asambleístas incondicionales de Correa, que si se prohibía la reelección indefinida eso no le afectaría, porque no puede haber retroactividad en la ley y que eso solo regiría para el futuro.

Pero la redacción que se ha escogido es muy inteligente y salva ese escollo: “Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015?”.

Con ello no se establece ninguna norma retroactiva, sino que se elimina una norma posterior y recupera el texto original de Montecristi, bajo cuyas normas fue reelegido Correa en 2014 (tercera vez que el pueblo lo eligió en las urnas, segunda y final bajo la Constitución de Montecristi). La decisión del pueblo, con el sí en el referendo planteado por Moreno, es que nadie pueda ser reelegido más de una vez, y por lo tanto Correa, que ya lo fue, no puede volver a presentarse a elecciones presidenciales.
Por cierto, en el texto de esta pregunta hay un problema gramatical, que en derecho constitucional no se puede dejar pasar: electo no es lo mismo que elegido ni reelecto es lo mismo que reelegido. Electo no es una forma verbal, es un adverbio y se refiere a la condición de una persona que ha sido elegida en las urnas pero aún no se posesiona: Lenin Moreno fue “presidente electo” entre el 2 de abril y el 24 de mayo. Hoy ya no es presidente electo; es presidente. Por lo tanto, el texto debe corregirse y decir “puedan ser reelegidas”.

Esa, segunda en el pedido a la Corte, es la pregunta clave de la consulta. La primera también es importante, pues coincide con el pedido de miles, quizás millones de ciudadanos, ahítos ya de tanta corrupción: “¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la constitución de la República del Ecuador, para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?”. Este es un planteamiento que lo hicimos desde la campaña electoral. Lo llamamos la muerte civil, y Wilma Andrade y la Izquierda Democrática, incluso, presentaron ya en la Asamblea, hace dos meses, un proyecto de ley al respecto. Se llama “Ley de lucha contra la corrupción. Gobierno de honestos” y desarrolla, con claridad y contundencia, en 20 artículos (el documento tiene en total 18 páginas, con la exposición de motivos y los considerandos) un sistema completo para hacer realidad estas aspiraciones.

En la tercera pregunta, Moreno apunta a destituir a los actuales miembros del engendro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y nombrar un CPCCS transitorio. Aunque en la cadena nacional dijo que él quería que los integrantes de este organismo sean elegidos por voto popular, esto no está en la pregunta (al menos no lo está en los textos que salieron de la comunicación a la Corte Constitucional). En la pregunta solo se habla de destitución de los actuales y de que los nuevos integrantes transitorios tendrán el poder de remover a las autoridades. Esto es demasiado poder: podrían despedir al Procurador, al Fiscal, al Contralor, a los superintendentes, al Defensor del Pueblo; podría mandar a su casa a todos los vocales del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Y no sabemos cómo ni quién los va a nombrar.

Repasemos la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con enmendar la constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos?”

Aquí el temor es que se convierta en lo que fue durante el período de Correa: un ente manipulable para nombrar a aquellos que el actual presidente quiera. Y no porque Moreno sea más democrático se puede confiar ciegamente en él: el tema es institucional no personal.

Por eso, la pregunta está mal formulada y debe corregirse, si es que quieren que sean elegidos por voto popular. Eso debería decirlo taxativamente la pregunta, además de señalar qué organismo, entidad o cargo va a nombrar a los miembros sustitutos, en el período de transición.

Y, en lo de fondo: sin duda es importante deshacer el actual CPCCS pero habiendo el Congreso ¿por qué crear un nuevo cuerpo fiscalizador y elector por voto popular? Con todo, la democracia es mucho mejor que la manipulación. Si es que el temor es que suprimir al CPCCS implicaría un cambio en la estructura del Estado, para lo que se necesita Asamblea Constituyente, se podía haberlo dejado con la única función de promover la participación popular, como propuso la Plataforma de Derechos Humanos y Lucha contra la Corrupción en las sugerencias enviadas a Moreno.

La pregunta para enmendar la constitución para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes es encomiable. Los tratados internacionales a los que ha adherido el Ecuador confirman que existe un derecho superior de protección y tutela a los niños, niñas y adolescentes víctimas y que los Estados deben atender. Ya es hora de adecuar nuestra legislación a estos tratados vigentes, como ya lo han hecho otros países (hace pocos meses, Argentina, por ejemplo).

Por supuesto que la derogatoria de la Ley de Plusvalía es importante, aunque el mecanismo previsto es bien engorroso: Moreno deberá enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de ley con el carácter de económico urgente, 15 días después de proclamados los resultados. Es decir, que, como temprano, la Ley de Plusvalía estará derogada en marzo del próximo año… Esto podría haberlo hecho Moreno directamente, pero tal vez no confía en tener una mayoría en el Congreso.

Lo más flojo de la consulta son las dos preguntas ambientales. Lo del Yasuní es una auténtica decepción. En vez de dar por terminada la explotación del campo ITT reduce el área de 1.030 ha a 300 ha., donde ya se está explorando, desbrozando, destruyendo ese lugar megadiverso que deberíamos proteger. A su vez, la adición de 50.000 ha a la zona intangible, que ya tiene 758.000 ha, resulta poca cosa y gesto demagógico.

Alguien decía que es probable que el Gobierno no desee enfrentar a los concesionarios en cortes internacionales cerrando los pozos y retirando la maquinaria, por las obligaciones contractuales. Esto es parte de la inefable “mesa servida”, que más bien implica manos atadas para el actual Gobierno.

Tampoco convence la enmienda constitucional que prohíbe “sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos”. Ya la Constitución lo prohíbe; el avance, “el único avance” como dice el ecologista Eduardo Pichilingue, es quitar la excepción de que podía permitirse “por interés nacional”.
Quedaron fuera muchas otras cosas. No se recogieron las aspiraciones consustanciales a la democracia de derogar la absurda definición de “la comunicación como servicio público”, la Ley de Comunicación y su funesta Superintendencia. Tampoco se dice nada del decreto 16 y los demás decretos restrictivos de la capacidad de organización de la sociedad civil. Ni de devolver a la ciudadanía el derecho impulsar consultas populares. Ni de devolver a la Contraloría las funciones que se le quitaron, al IESS los fondos que le birlaron y a los trabajadores los derechos que les arrebataron. Tampoco se aborda el desmontaje del Estado policial, la reforma del Sistema Nacional de Inteligencia y la supresión de la tenebrosa Senain. Estas son cosas por las que todos los ciudadanos debemos seguir luchando para que Moreno cumpla su palabra de dictar los decretos y enviar las leyes para eliminar el estado autoritario.

En resumen: la consulta es una base importante para construir un país democrático, que pasa por desmontar la condición esencial del autoritarismo e impedir que Correa retorne al poder. El sí ciudadano debilitará totalmente a Correa y al grupo de fanáticos de Alianza País. Con Glas en la cárcel y con Correa sin posibilidad de reelección, los Patiño, Hernández y similares y las Pabón, Solís, Carrión, Aguiñaga, Ribadeneira, Buendía y más ovejas del redil verdeflex se quedarán sin pastores y sin hierba para pastar.

Desmontar el correísmo, paso por paso. Ahora hay que apoyar la consulta y construir una plataforma popular amplia que permita seguir en la lucha para borrar las demás aberraciones que quedaron de la década nefasta.

[PANAL DE IDEAS]

Carlos Arcos Cabrera
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