Por los pasillos y despachos de la Asamblea Nacional del Ecuador deambula una creencia inmemorable: el voto del legislador/a es un patrimonio particular. En consecuencia, se usa como cualquier acción que se cotiza en la bolsa de valores.

Para muestra, en el periodo pasado dos legisladores dejaron sus curules tras conocerse que canjearon su voto por cargos y recursos públicos. Uno se encuentra en prisión y otro fugó.

El Artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prohíbe expresamente a los asambleístas la gestión de cargos. También ofrecer, tramitar o recibir recursos del Presupuesto General del Estado y percibir ingresos ajenos a sus funciones. No obstante, hay quienes creen que la Ley es una mera referencia literaria.

Cabe recordar, en este contexto, que el voto de los legisladores/as es a-je-no. Pertenece a los mandantes. En el imperfecto sistema democrático que nos rige, la gente —a través del sufragio en las urnas— entrega una representación a quien se supone tiene la capacidad de tomar decisiones en su nombre.

Eso sí, con la confianza de que actuará procurando siempre el bien común. No obstante, y con honrosas excepciones, tan pronto como pisan la alfombra roja que conduce al Pleno de la Asamblea y experimentan el poder inherente al cargo, esos representantes que en campaña ofrecieron ser la ‘voz de los que no tienen voz’, se convierten en diligentes agentes de bolsa. 

La coyuntura política y económica determinan la oferta y la demanda. En la nueva Asamblea Nacional, el oficialismo tiene apenas 12 de 137 curules. Necesita una mayoría legislativa para procesar las iniciativas legales que se ofrecieron en campaña y son necesarias para la reactivación del empleo.

El Ejecutivo está tentado a negociar por la gobernabilidad. En especial, con los legisladores independientes. Ellos demostraron ser determinantes para alcanzar el número de votos necesarios para elegir a las autoridades del Legislativo.

Si lo hace, y entrega gobernaciones, direcciones provinciales o cargos en ministerios a personas cercanas a los asambleístas, Guillermo Lasso podrá pasar a la historia como el Presidente que ganó una inédita elección, pero que perdió el Gobierno.

El precio de ceder ante el chantaje es alto. Establece una relación de dependencia a largo plazo basada en prebendas. Alimenta el poder de los círculos de corrupción que se forman alrededor de los legisladores, alienta a otros actores políticos a seguir sus pasos y priva al Ejecutivo desconcentrado de tener a las personas más idóneas en cada cargo.

El Ejecutivo y el Legislativo tienen una inédita oportunidad de hacer lo correcto. Eso implica denunciar a quienes creen que el chantaje forma parte de sus funciones, impulsar reformas para acotar los plazos de rendición de cuentas de los asambleístas y usar la tecnología para que los ciudadanos puedan conocer, vigilar y evaluar en tiempo real la labor de sus representantes. 

Si la Asamblea, de forma reiterada e injustificada, obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, siempre queda la salida constitucional consagrada en el Artículo 148: la disolución del Legislativo.