El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), y la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), durante estos días han comunicado las nuevas disposiciones de ingreso a la universidad pública mediante la prueba Ser Bachiller. Las declaraciones y comunicados de varias carteras de Estado, han girado en lo referente al número de preguntas de la prueba, tiempo establecido, entre otros aspectos de carácter logístico. Sin embargo, nada se ha dicho sobre qué va a hacer el Gobierno para garantizar el acceso de miles de jóvenes a la educación superior mediante estos nuevos cambios.

La prueba Ser Bachiller se desarrollará en los primeros días de marzo y, según fuentes oficiales, tiene inscritos a 375.000 jóvenes, 150 .000 son estudiantes que cursan el último año de bachillerato en la región Costa. Mientras 220.000, equivalente al 60%, son postulantes de varias provincias del país que se graduaron en años anteriores y que no pudieron ingresar a la universidad pública mediante el Examen Nacional de Educación Superior (ENES). Estas cifras permiten colegir que miles de jóvenes se quedaran una vez más fuera de la universidad pública, ya que no existen los cupos suficientes para atender toda la demanda. Las universidades públicas de la región Costa cuentan con aproximadamente 25.000 cupos para primer semestre, frente a los 150.000 estudiantes que cursan el último año de bachillerato y que están inscritos para rendir la prueba Ser Bachiller. Solo de este grupo, 125.000 jóvenes están condenados a quedarse sin estudiar. Sin tomar en cuenta a los 220.000 jóvenes rezagados y que buscan también alcanzar un cupo en el mes de marzo.

En la Universidad Luis Vargas Torres de la provincia de Esmeraldas, durante el 2015 se registraron 5.588 bachilleres y fueron aceptados 1.120 conforme a la capacidad de esa institución. La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) tiene en la actualidad la solicitud de más de 6.000 jóvenes para los cursos de nivelación, cuando su capacidad es de 2.800 cupos. El Gobierno, para justificar su política atentatoria a los derechos de la juventud, ha expresado públicamente que la responsabilidad de fijar la cantidad de cupos para primer semestre es exclusivamente de las instituciones de educación superior; lo que no se señala es que la determinación en la cantidad de cupos para primer semestre se realiza entre algunos aspectos ubicando la infraestructura existente y el presupuesto económico destinado por el Estado.

Es menester recodar que en el 2016, 13 universidades públicas fueron recortadas en su presupuesto. A la institución más grande del país en número de estudiantes, la universidad de Guayaquil, se le recorto 30 millones, a la Universidad de Loja le dieron 2,6 millones menos. El Gobierno se ha preocupado de encontrar políticas y mecanismos que limiten el acceso a la educación superior y no en construir nuevas aulas para que las universidades públicas  puedan brindar más cupos, su capacidad no alcanza para satisfacer la demanda de los miles de bachilleres que buscan un cupo, es por eso que resulta extraño y demagógico escucharle al candidato a la Presidencia del movimiento oficialista la propuesta de construir 40 universidades durante su gobierno, cuando en 10 años, no fueron capaces de repotencializar las instituciones existentes y las cuatro que crearon son de élite.   

Por otra parte y aunque el oficialismo no lo acepte, los cambios que se producen en el ingreso a las universidades (unificación del examen ENES con la prueba Ser Bachiller), es un reconocimiento de los errores cometidos en la aplicación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) para la educación superior que, sin embargo, no son corregidos en lo más mínimo. Son una clara expresión de la improvisación y desconocimiento de la realidad educativa del país por parte del Gobierno. Valdría preguntamos: ¿Han evaluado los distintos funcionarios del régimen las reformas realizadas en su política de acceso a la universidad durante una década  de gobierno?, ¿Han hecho cruces de información entre una y otra?, ¿La prueba Ser Bachiller resuelve el problema del acceso a las universidades públicas?

EL SNNA y el ENES fueron aplicados desde el 2011, desde entonces han transcurrido 9 aplicaciones que han dejado a más de medio millón de bachilleres fuera de las universidades, transgrediendo el derecho humano a la educación. Cuatro años atrás el gobierno señalo que la prueba no puede basarse en conocimientos, sino solo de aptitudes. Hoy afirman todo lo contrario mediante la prueba Ser Bachiller, en medio de una educación que sostiene todavía las desigualdades entre el campo y la ciudad, entre los miles de establecimientos educativos con problemas de infraestructura, frente a las 150 Unidades educativas del Milenio y colegios repotenciados.  Sin duda alguna, el nuevo filtro se llama prueba Ser Bachiller solo que esta tiene un doble objetivo determinar si el bachiller está apto para graduarse y para ingresar a la universidad.