No contento con haber hecho chichirimico a la administración de justicia, el correísmo quiere hoy desbaratar la propia jurisprudencia. Las respuestas del oficialismo para justificar una serie de arbitrariedades en el caso de los fondos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA, lo confirman.

Alexis Mera, secretario nacional jurídico de la Presidencia, acaba de echar por la borda cuatro milenios de teorías del Derecho. Con su metáfora del propietario de un hotel que aplicaría un supuesto “derecho de retención” para quedarse con las maletas de un huésped que se va sin pagar, Mera inventa una figura jurídica que pondría los pelos de punta a todos los juristas del planeta, desde Hammurabi hasta nuestros días. Olímpicamente consagra el imperio de la justicia por mano propia, y reconoce la total ineficacia de la administración de justicia en el Ecuador. Enaltece la imposición de las decisiones, o de los hechos consumados, sobre el Derecho, como cuando los propietarios de una vivienda encadenan al poste el vehículo que se estrelló contra el muro para exigir una justa reparación. El reino de la indefensión.

El presidente de la República también ha puesto su grano de arbitrariedad en este proceso de demolición de la jurisprudencia universal. Cuando sostiene que la realización de un juicio podría determinar la nulidad del contrato entre el ISSFA y el Ministerio del Ambiente, con lo cual el terreno de Los Samanes podría regresar a su anterior propietario, rechaza y desconoce el principio más elemental y fundamental del Derecho: hacer justicia. Es decir, darle a cada quien lo que le corresponde. El mensaje que deja Correa es que la intervención de los jueces solamente puede ser admitida cuando se tiene la certeza de ganar un juicio. Jalisco nunca pierde, y cuando pierde arrasa, como en efecto ha ocurrido en estos años de arbitrariedad judicial instaurada por el correísmo.

Muy al contrario de lo que ha criticado en quienes abogan por el derecho del ISSFA a defender sus intereses, es más bien el presidente de la República quien aplica lo que Cicerón calificó, stricto sensu, como una leguleyada: una maniobra jurídica con apariencia de legalidad. Acaba de resolver la supuesta inconsistencia o irregularidad de un contrato, es decir de un pacto cuyo cumplimiento es obligatorio para las partes, sin que medie una decisión judicial. Por conveniencia o por ignorancia, Correa desconoce que el irrespeto a los pactos es la antesala de la violencia. Si se tomara la molestia de leer aunque sea un resumen de Historia Universal, se percataría de que el instrumento para legitimar la mayoría de las guerras ha sido el desconocimiento de algún tratado, pacto o acuerdo entre naciones.

Y para no quedarse descolado de este concierto de desatinos, Rodrigo Collaguazo, asambleísta alterno de Alianza País, también ha expuesto su idea sobre el relativismo de la justicia. En una entrevista de televisión dio a entender que las elecciones están por encima del Derecho. Dicho de otro modo, insinuó que para reclamar sus derechos, los integrantes del ISSFA primero tendrían que ganar una elección popular. Y remató con su ejemplo de la venta de un anillo de brillantes. Según esta pintoresca visión del Derecho, una persona estafada ya no tiene que acudir a la justicia para planear una demanda, sino que tiene que conseguir un resarcimiento a la brava: si yo creo que alguien me ha cobrado demás por un producto, entonces puedo devengarle ese exceso de alguna obligación que tenga con esa persona. ¡Que viva la arbitrariedad y al carajo la justicia!