Si alguien todavía piensa que la política ecuatoriana es un asunto público tiene que ir solicitando su carné de ingenuo. Dos episodios acaban de confirmar cuán distante está el interés colectivo de las decisiones institucionales.

El primero es el periplo de María Fernanda Espinosa por Naciones Unidas y su posterior juicio en la Asamblea Nacional. La ex canciller utilizó recursos del Estado para promocionar una candidatura absolutamente personal. Su presencia en las reuniones de ese organismo ni le quita ni le pone al país, aunque seguramente alimenta su vanidad y su hoja de vida.

Tal vez la señora Espinosa quiera elaborar un nuevo relato a propósito de su reciente trayectoria. Pretenderá convencernos de que su paso por Naciones Unidas es la antesala para convertirse en la nueva redentora nacional. Tal vez no se percata de las particularidades de nuestros procesos electorales. Presentar el cargo internacional que hoy ostenta como referencia para una candidatura presidencial será como presentar un título de golfista para aspirar a presidir la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Nada puede ser más particular que la aspiración personal de María Fernanda Espinosa. Pero lo hace a nombre de un supuesto interés público, como si a los ecuatorianos nos interesara la función formal e intrascendente que hoy desempeña. La señora Espinosa no es Richard Carapaz. Pero a diferencia de este símbolo deportivo, que se ha forjado a pulso y que sí nos representa como país, ella vive cómodamente del erario nacional. Al final de su aventura neoyorquina habrá que calcular cuánto pagó el país por cada martillazo que pegó en la Asamblea de la ONU.

La lógica absolutamente particular que ha primado en este caso se reprodujo en la Asamblea Nacional. Pese a que existían sobradas razones para sancionar a la excanciller, bastó que un reducido grupo de asambleístas lo impidieran. ¿A quién, sino a ellos mismos, representan estos funcionarios públicos? ¿Qué acuerdos y beneficios personales interfirieron en una decisión que, al menos en teoría, debía velar por el interés general del país? Público viene de pueblo, pero parece que el pueblo está completamente ausente de estos negocios entre privados

El segundo episodio es el escándalo del arroz verde. Nada nuevo en nuestra atribulada historia nacional, a excepción de la chambonada de los involucrados. En efecto, ¿a quién –si no fuera por la descomunal desconfianza que se tenían entre ellos– se le ocurre conservar un registro escrito de los aportes ilegales a la campaña electoral?

Lo novedoso tiene que ver más bien con elementos simbólicos. Que los grupos monopólicos financien a los candidatos de la derecha no tiene nada de extraño. Lo sorprendente es que financien a quienes se autodenominan como de izquierda. Porque una de las principales reivindicaciones históricas de la izquierda fue la recuperación del espacio público de la injerencia privada. Dicho de otro modo, la defensa del interés colectivo sobre el interés particular.

El caso del arroz verde demuestra que las decisiones sobre lo público continúan en manos de intereses privados concretos. Y eso ocurre desde los inicios del régimen verde-flex, porque los aportes ilegales datan de las primeras campañas. Toca entonces preguntarse si todavía hay ingenuos que creen que Alianza PAIS fue alguna vez un proyecto de izquierda.