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16 de Noviembre del 2014
Ideas
Lectura: 7 minutos
16 de Noviembre del 2014
Natalia Sierra

Catedrática de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Quito 

Alianza País: un mercadillo político de ofertas, clientelas y amenazas
En este mercadillo político, el Gobierno afirma que toda manifestación de resistencia que quiera hacer el pueblo, ante las políticas que impulsa, serán consideradas como actos de desestabilización de la democracia. Me pregunto ¿qué democracia?

Definitivamente Alianza País ha convertido al Gobierno de la Revolución ciudadana en un mercadillo de ofertas, clientelas, chantajes y amenazas.

La práctica política gubernamental que Alianza País ha impuesto en el Ecuador está liquidando la democracia representativa, no se diga la democracia participativa y directa demanda por el pueblo ecuatoriano. Toda la política de gestión estatal, que se supone debe garantizar lo establecido en la norma constitucional y principalmente en lo referente los  derechos de los ciudadanos, desde criterios de igualdad sino de equidad y justicia, ha sido reducida a un mercadillo en el cual se intercambian “favores”, según los supuestos establecidos por los funcionarios de Alianza País. No es para nadie un secreto que el criterio de gobernanza del actual régimen es la lógica maniquea de "mis amigos y mis enemigos".

Obviamente, las organizaciones, colectivos o individuos que reciben los favores del Gobierno son los que éste considera "sus amigos", es decir los que se someten y aceptan su proyecto político sin cuestionarlo. Al contrario, aquellos que son críticos a las políticas gubernamentales por considerar que afectan, de una u otra manera, sus derechos son declarados "enemigos del régimen" y por lo tanto sujetos a todo su poder castigador.

En esta lógica maniquea, los que definitivamente se han convertido en los enemigos del régimen son todos aquellos sectores afectados, de forma directa, por la política económica, social, cultural  y ambiental puesta en marcha por el Gobierno de la Revolución ciudadana. Estamos hablando de los sectores indígenas y campesinos violentados por los proyectos extractivistas en toda su agresiva intervención: petróleos, minas, hidroeléctricas, transgénicos, agronegocios, etc; los sectores estudiantiles afectados por la reforma educativa general que, a pretexto de su mejoramiento vía meritocracia, han sido excluidos del sistema de educación pública y condenados al desempleo; las mujeres y diversidades sexuales que han sido maltratadas por la ideología conservadora que dirige el Gobierno;  los trabajadores golpeados en su derechos laborales a nombre de la revolución laboral;  todos aquellos que han sido insultados y humillados públicamente por “atreverse” a cuestionar la política autoritaria del gobierno; las madres que defienden el derecho de sus hijos a protestar sin que esto signifique encarcelamiento, juicio, castigo público y además perder su legítimo derecho a la educación o a educarse en la institución que han escogido;  los periodistas que han investigado y denunciado irregularidades en el funcionamiento de la administración del Estado, todos los defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales que han acompañado las luchas sociales; los ecologistas perseguidos, difamados e insultados por defender la naturaleza;  en fin, todos los sectores sociales que por sus luchas históricas posibilitaron que Alianza País sea gobierno.   

Es un hecho evidente que estos sectores sociales, antes de ser convertidos en enemigos públicos del régimen,  han sido chantajeados y amedrentados públicamente para abandonar sus posiciones críticas.

Para evidenciar este perverso mecanismo del poder basta hacer mención a dos últimas declaraciones de  funcionarios del régimen:

"Por más que padres de familia hagan huelga de hambre, por más que imploren, no hay que violentar la normativa... es parte del proceso de enseñanza... la responsabilidad"  (…) hay otros casos donde se destruyó la propiedad privada y amerita una sanción más severa como la separación del plantel" (…) Si no se aplican sanciones por las protestas violentas, nunca habrá aprendizaje", por lo que anticipó que se sancionará como corresponda a cada estudiante".

Cito las declaraciones del Ministro de Educación, en las cuales no es difícil identificar el chantaje y el amedrentamiento dirigido a cualquier estudiante que intente siquiera manifestar su resistencia. Queda clarísimo que el que quiera educación tiene que disciplinarse hasta el sometimiento, de esta manera la educación deja de ser un derecho y se convierte en un “favor”, una concesión del régimen al “buen comportamiento”.

“Carlos Marx Carrasco mostró su orgullo y agradecimiento por ser parte del proceso de integración de la primera reunión de la CUT. (…) dijo que una de sus metas era formar esta organización. (…). “Queremos trabajar con ideales y aportes para mejorar el sistema de salud y estamos dispuestos a fortalecer la CUT”, aclaró en relación a supuestas convocatorias de paro general proveniente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

Ni que decir de estas declaraciones del Ministro de Relaciones Laborales, con las que deja claro que  trabajadores son los “buenos”, por supuesto los que aceptaron hacer otra organización “amiga” del Régimen, obviamente, como dice, serán los favorecidos.  Al mismo tiempo configura a los “malos” trabajadores enemigos del régimen, quienes lo único que quieren es “crear violencia y conflictividad (…) cualquier pretexto es bueno para calentar las calles”. De esta manera se intenta deslegitimar una legítima acción de protesta en base a un velado chantaje que busca persuadir a la población de apoyar la movilización social.       

En este mercadillo político, el Gobierno afirma que toda manifestación de resistencia que quiera hacer el pueblo, ante las políticas que impulsa, será considerado como acto de desestabilización de la democracia.

Me pregunto ¿qué democracia?  ¿Acaso la democracia mercantilizada que exige renunciar a unos derechos por obtener otros? Como si los derechos fuesen mercancías que se exhiben en la vitrina de la política pública para ser compradas con obediencia y sometimiento. Lo único que parece quedar claro es que la democracia en Ecuador está en extinción, como ya lo denunció el colectivo Yasunidos, y en su lugar se instaura un mercadillo de ofertas políticas en el cual la mano visible del régimen decide, según convenga a su estabilidad, quienes tiene derecho a los derechos y quienes no.

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