El caso de Jorge Glas ha puesto sobre la palestra una condición de la política que debería ser seriamente analizada: las alucinaciones. De una psicopatología individual, estas se han convertido en una conducta colectiva. En efecto, la clase política ha conseguido que una buena parte de la sociedad considere reales cosas que no existen.

Basta señalar las clases de historia que nos impartieron en la infancia para sopesar la dimensión del problema. Durante 40 años nos enseñaron a dibujar el mapa de un país inexistente. Dábamos por hecho que el triángulo geográfico que trazábamos con cándida dedicación correspondía a nuestro territorio y a nuestras fronteras, hasta que nos caía el batacazo de la realidad.

Habría que analizar cuánto de ese trauma nacional incidió en la cultura política posterior. Porque la reiteración de las alucinaciones políticas ha sido permanente. A diferencia de la demagogia, que se refiere a la oferta de promesas falsas y engañosas, las alucinaciones plantean una desconexión con la realidad. Por ejemplo, sostener que existe una refinería en un terreno vacío; o que hubo una revolución ciudadana donde solamente asistimos al saqueo metódico del erario nacional; o que la explotación petrolera abría las puertas del paraíso; o que una ciudad devastada por la inseguridad constituye un modelo para el resto del Ecuador.

Estas circunstancias permiten que las versiones más inverosímiles, a propósito de los acontecimientos políticos, definan el debate público. Hoy, las tres principales fuerzas del pacto por la impunidad se acusan mutuamente de arreglos furtivos que, en algunos casos, datarían de hace varios años. Lassistas, socialcristianos y correístas quieren que nos traguemos las ruedas de molino de que no han tenido nada que ver en la fraudulenta liberación del expresidente Glas. Hasta el ministro Jiménez alucina: ve un habeas corpus donde no hay nada más que un pacto.

Pero la realidad, aunque difícil de establecer en un contexto tan enmarañado, no puede escapar a las evidencias. El pacto que quisieron implementar a inicios del actual gobierno, a fin de repartirse el control de las instituciones del Estado, no fue ningún invento de las mentes malévolas de la izquierda o de los movimientos sociales. Lo más probable es que el tema de la impunidad haya sido parte de las conversaciones entre Lasso, Nebot y Correa, por más que el gobierno se empeñe en negarlo. Al menos, así aparece a la luz de los recientes episodios judiciales. La solicitud de revisión del caso de Alexis Mera ya está en carpeta.

Toca ir más atrás para medio entender la situación actual. El apoyo de los sectores empresariales a la candidatura inicial de Rafael Correa fue un hecho que únicamente no quisieron ver los interesados directos, los incautos o los potenciales beneficiarios de su triunfo electoral. Los fondos para la campaña electoral no cayeron del cielo. Tampoco fueron casuales ni el romance tóxico con el entonces alcalde de Guayaquil ni los gigantescos ingresos del Banco de Guayaquil.

En efecto, la bonanza petrolera de una década permitió un reparto armónico de los recursos públicos entre las élites empresariales del país. El modelito funcionó mientras hubo harta plata. En crisis, las empatías persisten, al menos para repartirse los beneficios judiciales.

Pues sí: el cambio de época fue otra de las tantas alucinaciones nacionales.