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16 de Mayo del 2016
Ideas
Lectura: 8 minutos
16 de Mayo del 2016
Patricio Moncayo

PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.

Las amenazas a la autonomía relativa del Estado: el caso ISSFA
Con esta estrategia el Gobierno pretende cuestionar la posición de las Fuerzas Armadas con el argumento de que estarían inmiscuyéndose en la política; o sea, permitiendo que sectores interesados “politicen esta situación”, cuando la fuerza del campo administrativo reside justamente en mantenerse independiente de la política así como del poder económico.

El presidente Correa pretende hacer del caso ISSFA un punto de controversia ideológica, soslayando los aspectos constitutivos del Estado burocrático. En efecto, lo que está en juego es la independencia del campo administrativo respecto del poder político. Según Pierre Bourdieu, filósofo francés (1930-2002), el campo administrativo se constituye “como campo de fuerzas y campo de luchas orientadas al monopolio de la manipulación legítima de los bienes públicos”-

En el artículo de El Telégrafo, convertido luego en remitido publicado en los demás medios de prensa, el 15 de mayo del 2016, el presidente Correa pone al ISSFA como un órgano que depende económicamente del Estado, que no pertenece a las Fuerzas Armadas, sino al sistema de seguridad social, que no tiene “patrimonio propio” y que en tal virtud debe someterse a la autoridad estatal. El Directorio del  ISSFA, por tanto, no tiene derecho a reclamar por el Decreto Ejecutivo que anula el contrato de compraventa de los Samanes entre el Ministerio del Ambiente y el ISSFA. La ejecución del débito de 41 millones de dólares ordenado por el presidente trastoca las normas vigentes al respecto. La Procuraduría y la Contraloría emiten informes en base a los cuales el presidente y el ministro de Defensa justifican su decisión. Sin embargo, estos informes son “impugnables jurídicamente”, como con fundamento y conocimiento de causa sostuvo el ex Contralor del Estado, Alfredo Corral en entrevista en Radio Democracia, el 16 de mayo del 2016.

El presidente, en su artículo periodístico,  hace caso omiso de estas razones jurídicas y, apelando a argumentos ideológicos y políticos, le da a su decisión un tinte jacobino. Por eso el título ”El ISSFA no es una república independiente”. Entre esos argumentos leemos que “ciertos altos oficiales en servicio pasivo” estarían actuando como “dirigentes gremiales”, con el agravante, dice, de que “a diferencia de otros dirigentes, tendrían la fuerza de las armas”.

El conflicto, entonces, no es jurídico, sino político.

Con esta estrategia el Gobierno pretende cuestionar la posición de las Fuerzas Armadas con el argumento de que estarían inmiscuyéndose en la política; o sea, permitiendo que sectores interesados “politicen esta situación”, cuando la fuerza del campo administrativo reside justamente en mantenerse independiente de la política así como del poder económico.

Bourdieu señala que en la “difícil génesis de un orden público” se da la “aparición y la acumulación de un capital público” que es objeto de disputa “sobre todo del poder sobre la redistribución de los recursos públicos y los beneficios asociados”. Si el ISSFA es parte del sistema de seguridad social, el control de este sistema es parte de tal disputa. Y en ese marco no cabe hacer abstracción de los principios sobre los que se constituyó el campo administrativo moderno. Uno de ellos es la “prolongación de la cadena de autoridades-responsabilidades” que da lugar a la generación de “un verdadero orden público fundado sobre una cierta reciprocidad en las propias relaciones jerárquicas: el ejecutante es, a la vez, controlado y protegido por los dirigentes; y, por su parte, él controla y protege al dirigente, sobre todo contra el abuso de poder y el ejercicio arbitrario de la autoridad”.

O sea, en el plano “teórico”, en el que sitúa su reflexión el presidente Correa deja a un lado postulados elementales de la ciencia administrativa.  Uno de ellos es que gracias a la “división de trabajo de dominación” el campo administrativo se constituye como “macroorganización”. En ésta, como lo analiza Carlos Matus, experto en temas de planificación y gobierno, no hay una sola cabeza, sino una variedad de “cabezas”, entre las cuales no son pertinentes las relaciones de jerarquía sino las relaciones paralelas; esto significa que un presidente de la República no puede dar directivas a los gobernadores, a los alcaldes, a los jefes de los otros poderes, a las directivas de los partidos políticos y a las dirigencias sindicales y empresariales. Erigirse en la autoridad suprema y única del estado implica extender las relaciones jerárquicas a todos los niveles y no admitir que las “cabezas” de las demás organizaciones del estado también gozan de autoridad en sus respectivos campos de acción en este sentido, el orden administrativo no es piramidal, donde las demás autoridades deben agachar la cabeza y ejecutar las órdenes de la “cabeza mayor”; configura más bien un juego en el espacio macroorganizativo , “en el que conviven varios tipos de poderes y varios tipos de gobiernos”.

La práctica de “Alianza PAÍS” ignora este principio, dado que no existe división de funciones, y entonces, el que una sola cabeza dicte órdenes se ha vuelto acción completamente natural. Algo por el estilo, al parecer, acontece con la Función Judicial. Igualmente, el Ejecutivo trata a los gobiernos autónomos descentralizados con ese mismo criterio. También el presidente olvida que la Fuerzas Armadas, con su profesionalización, hacen parte de dicha macroorganización. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas el presidente no puede dar órdenes a los oficiales, pues a diferencia del régimen feudal, en el Estado moderno, los militares no son vasallos del “príncipe” sino  uno de sus basamentos. La carrera militar se asemeja a las demás carreras de las que se nutre el estado burocrático; de ahí que las universidades son otra “columna vertebral” del estado.

La institucionalidad de un país justamente es el parámetro que regula la relación entre poder político y poder militar en el estado moderno. Así como los militares no pueden desobedecer la Constitución ni el ordenamiento jurídico, tampoco el presidente de la República está autorizado para trastornar el régimen normativo; rota la norma y las leyes ¿sobre qué base se pueden sustentar las relaciones entre los dos poderes? Así como es inadmisible la dictadura militar también lo es la dictadura del poder presidencial.

Un gobierno autoritario busca disminuir el poder de las organizaciones que integran el Estado y debilitar  el poder de las “cabezas” de esas organizaciones, y  establecer relaciones jerárquicas entre todas ellas. Hay, pues, una disputa entre promover relaciones jerárquicas y relaciones paralelas. Un gobierno democrático fortalece las segundas; uno autoritario, refuerza las primeras. Sin duda, el Gobierno, todavía en funciones, actúa como si el estado ecuatoriano no hubiera logrado una maduración técnico-administrativa durante el siglo pasado. 

La democracia ecuatoriana no puede madurar ni consolidarse si se socava el orden público, a través de prácticas que buscan la apropiación privada del capital público.  Al margen de la institucionalidad, quienes integran el Gobierno actual defienden y representan intereses particulares. El estado representa el interés general; la disputa del Gobierno con las Fuerzas Armadas se ubica en la frontera de lo público y lo privado. No parece que el Gobierno se esté jugando por lo público. La venta de los activos estatales, por ejemplo, se inscriben en la privatización de lo público.

[PANAL DE IDEAS]

Fernando López Milán
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