Solo en un país como Ecuador, con una institucionalidad prácticamente descompuesta y legisladores que se ufanan de su genética antidemocrática, se podría consentir —a través de una amnistía sui generis concedida por la Asamblea Nacional “entre gallos y medianoche”— que cualquier persona (de manera individual o en nombre de una organización), por el simple hecho de adscribirse a una determinada tendencia política o ideológica, utilizar una vestimenta en particular o autocalificarse de “luchador social”, adquiera una suerte de “cheque en blanco” para hacer o deshacer con el país como a bien tenga en gana; sin que nadie responda por sus actos, aunque estos auparan, directa o indirectamente, la violencia (revolucionaria para algunos) en octubre del 2019, a causa de las medidas económicas adoptadas por el gobierno del expresidente Lenín Moreno.

El mensaje que la Asamblea Nacional entrega al país y a la ciudadanía es demencial: quien quiera utilizar la violencia como medio para generar caos, destrucción, zozobra, intentos de golpismo, ultraje a mujeres, quema de edificios, amenazas de suspensión de servicios básicos, obstrucción de oleoductos y demás hechos con notorias connotaciones delincuenciales; quedará impune al amparo de una retorcida interpretación del derecho a la resistencia —consagrado en la Constitución de la República—, y las tan sonadas “reconciliación nacional” y “pacificación social” que sirvieron de excusa para salvaguardar la cabeza de la titular del Parlamento, Guadalupe Llori, y a los miembros del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), sujetos a la potencial amenaza de la remoción de sus puestos por los legisladores de la triada: UNES (correísmo), PSC (socialcristianismo) y un sector de Pachakutik afín al Presidente de la CONAIE, Leonidas Iza. Todo con el afán de cooptar la institucionalidad legislativa para propiciar el juicio político contra los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), destituirlos y recuperar su hegemonía sobre esta entidad para apoderarse de los organismo de control del Estado, a través de la designación de autoridades, tal como ocurrió en la época del expresidente Rafael Correa. Es decir, se volvió a utilizar la justicia como moneda de canje para otorgar unas cuantas horas de vida a lo poco que queda de institucionalidad en el país.

Este trueque (institucionalidad a cambio de impunidad) que consagró la amnistía aprobada por la Asamblea Nacional profundiza la crisis de legitimidad que atraviesa el Legislativo y advierte escenarios complejos para el país, pues al meter dentro de un mismo costal a quienes probablemente merecían beneficiarse de este recurso con aquellos que cometieron delitos como secuestro, usurpación de tierras, sabotaje, minería ilegal y otros (sin discriminar previamente las causas); se crea una peligrosa homologación entre activistas sociales, defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, y los violentos que buscaron la desestabilización de la democracia para dar cabida al fanatismo exacerbado de sus ideologías, sin importar incluso que sus métodos se entremezclen con los de la delincuencia común y las estrategias maoístas de combate callejero.

¿Qué cosecha una Asamblea Nacional que por componendas internas convirtió los delitos tipificados en el Código Penal en delitos políticos? Sin lugar a dudas su extinción por la vía constitucional (muerte cruzada). Mientras que los legisladores que con sus votos —a favor o en abstención de lo resuelto— legitimaron la violencia del pasado y la que posiblemente vendrá a futuro, con igual o mayor terror al amparo de la impunidad; merecen la censura política, moral e histórica de los ciudadanos en el próximo proceso electoral.

Pese a ello una cosa es clara. La amnistía es un rotundo agravio a los afectados por los brotes de violencia e inseguridad que vivió el país en las jornadas de octubre de 2019. En consecuencia, no habrá resolución alguna impuesta por una Asamblea Nacional, carente de autoridad ética, que borre por completo de la memoria de los ciudadanos los actos rabiosos contra la vida, la paz, la propiedad pública y privada, que se perpetraron en varias urbes del país en nombre de la “lucha social”, la “defensa de los derechos” y la “resistencia”.