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2 de Marzo del 2021
Ideas
Lectura: 7 minutos
2 de Marzo del 2021
Luis Córdova-Alarcón

Es profesor agregado de la Universidad Central del Ecuador, experto en Derecho Internacional y Ciencia Política. 

Anatomía de las pandillas carcelarias
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Acostumbrados a mirar las apariencias, ingenuamente pensamos que la pacificación de las cárceles y la reducción de homicidios en las calles es señal del fortalecimiento del Estado de derecho y la autoridad estatal. Cuando en realidad la autoridad criminal se expande sigilosamente entre nosotros.

La masacre del #23F en las cárceles del Ecuador a puesto sobre la mesa dos temas vinculados, pero distintos: las condiciones de vida de las personas privadas de libertad y la presencia de poderosas pandillas carcelarias que ejecutaron la masacre. En torno al primero, hay muchos diagnósticos. La mayoría están relacionados con el problema del hacinamiento y, en general, del inexistente sistema de rehabilitación social. Pero respecto al segundo tema hay una densa bruma que impide ver lo que ocurre dentro de las cárceles.

Este artículo aporta al análisis de las pandillas carcelarias. Siguiendo el trabajo de Benjamin Lessing (2010, The Danger of Dungeons. Prisons gans and incarcerated militant groups), argumentaré que la acción estatal es la variable crucial para explicar la consolidación de las pandillas carcelarias en los presidios, su propagación por el sistema penitenciario y la proyección de su poder fuera de las cárceles. Además, mostraré cómo estas dinámicas originan serios dilemas de política pública que deben afrontar los decisores gubernamentales.

Las pandillas carcelarias pueden ser nativas (cuando nacen dentro de la prisión) o externas (cuando son extensiones de grupos criminales ya existentes en la sociedad). En ambos casos proveen protección a sus miembros y castigo a sus rivales. Imponen ciertos códigos de conducta que los identifica, garantizan el flujo de mercancías ilícitas y cobran “impuestos” dentro de los presidios. Todo esto ante la ausencia de un sistema de rehabilitación social y por la acción colusoria de agentes del estado (policías, celadores, jueces, etc.) que participan de los mercados ilícitos, dentro y fuera de las cárceles. En ese ecosistema de corrupción y criminalidad las pandillas imponen su orden político y social.

El problema se agrava cuando las pandillas carcelarias son el brazo operativo de Grupos Criminales Organizados desde afuera (por ejemplo, carteles de la droga). Este es el caso de “Los Choneros”, una banda criminal que se expandió en Ecuador al servicio de carteles mexicanos de la droga. A medida que el Estado encarceló a sus miembros, en un intento por neutralizar amenazas individuales a la seguridad pública, también les proporcionó incentivos y medios para organizarse colectivamente al interior de las cárceles. Así, lo que empieza como una política punitiva exitosa –durante el gobierno de Rafael Correa–, en el mediano plazo se convierte en un serio desafío para la seguridad pública y del Estado –en el gobierno de Lenin Moreno–.

El problema se agrava cuando las pandillas carcelarias son el brazo operativo de Grupos Criminales Organizados desde afuera. Por ejemplo, carteles de la droga

Una vez dentro del recinto carcelario, los pandilleros se reorganizan y pugnan por controlarlo. Un componente clave –señala Lessing– es la extensión con que las pandillas pueden distribuir beneficios (tales como asignación de celdas, trabajos y contrabando) y castigos entre los internos. Paradójicamente, cuando un avezado criminal es condenado a cumplir largas penas tiene más incentivos para militar y fortalecer las pandillas carcelarias a las que pertenece. En consecuencia, la política punitiva de “mano dura” –tan aclamada por ciertas élites– se vuelve contraproducente al interior de las cárceles. Con el tiempo esas pandillas se tornan resistentes y logran consolidarse.

¿Cómo se expanden las pandillas a varias cárceles dentro del mismo sistema penitenciario? Lessign afirma que el canal de propagación más común es el traslado de reclusos de su cárcel de origen a otra prisión. Pero también puede ocurrir a través de la liberación y re-encarcelamiento de presos. Algo de esto ha ocurrido los últimos días. Las autoridades gubernamentales han informado del traslado y reubicación de más de 200 privados de libertad. En el corto plazo, la medida puede resultar efectiva y tal vez se pacifiquen las cárceles, pero en el mediano plazo provocará un efecto adverso, así lo demuestra la investigación de Lessign.

Por último, está la proyección del poder de las pandillas carcelarias más allá de sus muros. Es decir, su capacidad para controlar, coordinar e influir en actores que se encuentran fuera de las prisiones. El caso más paradigmático para el Ecuador es el de William Humberto Poveda Salazar, alias “El Cubano”, condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de la ex directora de la Penitenciaría del Litoral, Soledad Rodríguez. Como se lee en este informe de PlanV (https://redirect.is/en6dip7), «fue el privado de libertad con los negocios de narcotráfico más grandes del Ecuador. Era vox populi dentro de las cárceles —contó la misma fuente— que él estaba a cargo de los negocios de alias Gerald o mejor conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano, el primer connacional que ha sido extraditado a EEUU». El 11 de abril de 2019, alias “El Cubano” fue decapitado e incinerado dentro de la cárcel Regional de Guayaquil, iniciando un ciclo de violencia criminal que alcanzó su cenit en la masacre del #23F.

Es precisamente esta capacidad de proyectar poder lo que transforma a las pandillas carcelarias en una amenaza a la seguridad del Estado. En un trabajo más reciente Lessign (2017, Counterproductive punishment: How prison gans undermine state authority) aborda este problema y demuestra empíricamente que las respuestas estatales comunes al crimen, como arrestos masivos y sentencias más severas, pueden aumentar la influencia de las pandillas carcelarias en las calles. Cuanto mayor sea la probabilidad de encarcelar a los miembros de las pandillas que operan en las calles, mayores serán los incentivos para que establezcan y mantengan “buenas relaciones” con los líderes de las pandillas carcelarias. Ya que si llegaran a prisión tendrían garantizada cierta protección y socorro. En definitiva, el poder punitivo del Estado tiene efectos indeseados cuando se trata de enfrentar a grupos criminales organizados.

Esta breve anatomía de las pandillas carcelarias nos muestra la complejidad del problema que enfrenta el Ecuador. Invita a pensar en las relaciones de poder que se tejen con los hilos del crimen, la corrupción y, sobre todo, del desconocimiento de este fenómeno. Acostumbrados a mirar las apariencias, ingenuamente pensamos que la pacificación de las cárceles y la reducción de homicidios en las calles es señal del fortalecimiento del Estado de derecho y la autoridad estatal. Cuando en realidad la autoridad criminal se expande sigilosamente entre nosotros.

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