Un presidente necesita un ojo avizor para ver más allá de lo que tiene delante. El informe de la Secretaría Anticorrupción permite visualizar el engranaje institucional en el que es posible que se incube la corrupción, y no quedarse en casos aislados, como el que ha sido motivo de escándalo. Hace un mapeo de las presuntas irregularidades producidas en las empresas estatales estratégicas. Pero no se queda ahí.

El informe investiga prácticas administrativas que pueden pasar desapercibidas por los organismos de control como la Contraloría y por el propio gobierno.  La información recogida por la Secretaría es relevante, no inventada ni fraguada por su autor. En base a ella, Luis Verdesoto arma un modelo de análisis que permite efectuar una gama de investigaciones sobre posibles actos de corrupción.  No le correspondía revelar hechos concretos sino proponer un método técnico para descubrirlos. Es al gobierno al que le compete identificarlos, precisar responsabilidades y sanciones. A la Fiscalía actuar de haber indicios penales. 

El gobierno, con este informe, podía y puede disponer de herramientas para la lucha contra la corrupción. Ésta no es producto solamente de la falta de ética de determinados funcionarios que traicionaron la confianza del Presidente. Hay detrás de esas conductas, formas organizativas que vienen de lejos y que se han mantenido pese a los cambios de gobierno.

Lo que el informe destaca es el imperio de un sistema de baja responsabilidad en la operación de las empresas investigadas.  Éstas funcionan sin controles internos, con directivos sin experiencia o preparación técnica. La existencia de una empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, que centraliza la toma de decisiones; FLOPEC que opera como un monopolio que se traduce en la exclusividad en el transporte naviero de petróleo, crudo y derivados. Hay conflictos interempresariales entre FLOPEC y PETROECUADOR.

El informe detalla los riesgos de este modelo de gestión.  

“El actual modelo de gobernanza de las empresas públicas carece de controles, auditorías o rendición de cuentas necesarios para prevenir, mitigar y sancionar actos de corrupción”, asevera.

Entramos, pues, al campo de la accountability, esto es del gobierno responsable, capaz de dar ejemplo de transparencia en el manejo de la cosa pública. Sin duda, el informe es un paso en esa dirección. Hay quienes sostienen que el estado no puede controlarse a sí mismo y que, por tanto, no cabe una secretaría anticorrupción designada por el Ejecutivo. Un gobierno puede y debe hacerse cargo de sus falencias y actuar eficazmente para enmendarlas. En esto consiste la llamada accountability horizontal que se practica entre las distintas funciones del estado , gracias a los pesos y contrapesos del estado de derecho.     

Que a ello también contribuye la sociedad con denuncias oportunas como las que formula la prensa independiente mediante una investigación igualmente responsable, es evidente. Esta es la accountability vertical. El propio voto de los ciudadanos, que suele ser un premio o un castigo a los gobiernos, hace parte de ella. Pero, por cierto, no es suficiente. Se necesitan organizaciones sociales autónomas, vigorosas y responsables con capacidad para pedir cuentas a las autoridades.    

Cabe, entonces, conjugar el control interno que un gobierno está llamado a ejercer permanentemente, con un control externo, procedente de la sociedad. Ninguno tiene la exclusividad en el control del ejercicio del poder. Este es un mérito del sistema democrático, ausente en los gobiernos autoritarios, concentradores de poder que se parapetan en el hiperpresidencialismo.

“La corrupción”- dice el informe- “puede concebirse como la convergencia de decisiones económicas, individuales o colectivas, en respuesta a señales de mercado”.

Un gobierno está en la obligación de defender el interés público poniéndole a buen resguardo de las señales de mercado y de la “volatilidad y dependencia operacional a los ciclos electorales” Tanto desde el mercado como desde los estamentos políticos se urden arreglos institucionales perjudiciales para el interés público. El informe da pistas sobre estos enjuagues. Escudriñarlos y descubrir actos concretos de corrupción es una tarea que le compete a la Fiscalía y a la Contraloría. La alerta proviene de la Secretaría Anticorrupción. No se pueden confundir los niveles de acción. La trama procesal jurídica es un ámbito que se rige por sus propias normas

En las recomendaciones, la investigación apunta al propósito de rediseñar la organización y funcionamiento de las empresas públicas, modificando las reglas de baja responsabilidad que en ellas imperan. El gobierno tiene facultades para actuar en este campo. También la Asamblea Nacional. Los partidos políticos se enfrascan en prácticas micropolíticas que no llegan a ejercer una real accountability. 

De ahí se desprende la necesidad de cambiar la cultura organizativa derivada de la “configuración institucional histórica” de tales empresas. Sobre esta base el gobierno puede encaminar su gestión hacia una reforma organizativa que incremente su capacidad operativa y que afiance su legitimidad.

Sorprende que el gobierno no haya discutido el informe y haya aceptado la renuncia de Luis Verdesoto como cabeza de la Secretaría Anticorrupción. Como que para el Presidente fuera más cómodo contar con asesores complacientes y adulones que con asesores aguafiestas que no esperan la palmadita en la espalda de su jefe.  

El propio Presidente Lasso sostuvo que los problemas en el área de salud no pueden ser resueltos aisladamente y que requieren de una acción coordinada. Por eso habló, en la entrevista que le hiciera Juan Carlos Calderón, de la necesidad de encontrar un modelo de gestión que institucionalice la eficiencia. El escándalo mediático, al parecer, le distrajo y se dejó llevar por la pugna micropolítica entre gobierno y oposición.