No todos los corsarios eran tan despiadados como se los pinta. Muchos de ellos eran leales y honorables súbditos de algún monarca. Este simplemente les concedía un permiso especial para andar atacando barcos mercantes y saqueando pueblos. A diferencia de los piratas, los corsarios estaban protegidos por una formalidad jurídica que los mantenía dentro de la legalidad. No solo contaban con la anuencia de la autoridad, sino con su reconocimiento público.

El permiso, denominado patente de corso, era un documento oficial, en muchos casos suscrito de puño y letra del rey o la reina. El propósito de esta curiosa y nada santa asociación era aportar a las finanzas públicas con una parte considerable del botín y, de paso, golpear las finanzas de los países agredidos.

Esta forma legal de piratería se asentaba en un argumento de peso: la razón de Estado. En un momento de la historia donde las guerras no concedían cuartel y los conflictos amenazaban con la propia existencia de los Estados, todo aquello que se hiciera para impedir el sometimiento a una potencia enemiga estaba justificado. El bien superior de la nación podía concederse estas licencias para violar la ley y atropellar todos los derechos imaginables.

La existencia de un justificativo superior, casi sagrado, anida detrás de todo régimen autoritario. Únicamente así es posible sostener un discurso que justifique la arbitrariedad y que asegure la adhesión de las bases sociales. En no pocas ocasiones, este argumento ha servido para minimizar o relativizar los crímenes más atroces. Pero la perla de las ilegalidades suele ser la corrupción.

Alianza PAIS se inventó el libreto del “proyecto” para justificar el uso ilícito y la apropiación indebida de los dineros públicos. Se trató de una entelequia muy bien adobada por una retórica pomposa y grandilocuente, que encandilaba a los profanos y tranquilizaba a los escogidos.

El paraíso revolucionario que supuestamente se estaba construyendo exigía hacerse de la vista gorda con las picardías que se perpetraban a diestra y siniestra. Se vendió la idea de que el desvío de esos dineros no tenía otro objetivo que apuntalar los cambios que se estaban impulsando desde la administración del Estado. Bastaba profesar una militancia partidista para asegurarse la total impunidad. El membrete de Alianza PAIS terminó convertido en una patente de corso para saquear el erario nacional.

El tamaño de la corrupción durante los catorce años del régimen verde-flex es tan descomunal que la ha convertido, por primera vez en nuestra historia, en la principal preocupación de la ciudadanía, más que el desempleo, la crisis o la inseguridad. Y la indignación ciudadana tiene varias explicaciones: el cinismo con el que los involucrados pretenden descargarse de su responsabilidad; la monstruosa insensibilidad con la tragedia sanitaria que golpea a tanta gente; la vergüenza de ocupar como país los primeros lugares en ineptitud política y descomposición ética; el desengaño con dos gobiernos sucesivos que, a nombre de la izquierda, han perpetrado un atraco mayor que el de todas las dictaduras y gobiernos oligárquicos juntos.

Y todo sin despeinarse. Al menos los corsarios se jugaban la vida en sus fechorías.