Un grupo de asambleístas quiere defenestrar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe LLori. Ella solicita medidas cautelares para frenar el intento. Las obtiene. Los asambleístas logran, pese a ello, conformar una comisión para que la investigue y la destituya. Ella presenta en la Fiscalía una demanda contra los noventaitrés asambleístas que aprobaron la formación de la comisión para destituirla, acusándolos de haber violentado las medidas cautelares que le fueron otorgadas. La Fiscalía inicia una investigación sobre el caso y los asambleístas llaman a la fiscal Diana Salazar a rendir cuentas, tratando de forjar un pretexto para deshacerse de ella.

La Izquierda Democrática se divide y una de las facciones convoca una asamblea para cambiar la directiva vigente. El otro bando solicita medidas cautelares para evitar que la asamblea se reúna. Se les otorga lo pedido. Un juez revoca esta medida. La asamblea se realiza y cambia la directiva.

¿Qué quiere decir todo esto? Que en Ecuador, al parecer, se van agotando las salidas políticas a los problemas políticos y la alternativa que se ha encontrado a esta carencia es el arbitraje judicial. Con ello, hemos entrado en un franco proceso de judicialización de la política ecuatoriana, que implica el uso de figuras de protección de derechos para salvaguardar intereses personales o de grupo que nada tienen que ver con los derechos humanos.

Las dificultades para dar respuestas políticas a los problemas políticos y la búsqueda de opciones judiciales son producto, como en el caso del conflicto desatado en la Asamblea Nacional, de la costumbre de los políticos de saltarse la reglas y procedimientos establecidos si estos no convienen a sus propósitos. Así lo han hecho los correístas, quienes, a fin de volver a controlar el CPCCS, han pretendido saltarse el orden de prelación de juicios políticos por ellos mismos propuestos e, incluso, retirar el pedido de juicio contra el Procurador de la Nación, para iniciar un juicio contra la nueva mayoría del Consejo de Participación, que no está a sus órdenes.

Pero no solo eso, sino que la judicialización del conflicto político revela que, en el fondo, la disputa entre partidos y movimientos, y al interior de estas organizaciones, no obedece a razones políticas, es decir, a una contraposición de puntos de vista sobre la mejor manera de contribuir al bien público, sino a la contraposición de intereses privados.

Si la política, tal como se practica en Ecuador, ha pasado al plano judicial, es porque esta, como dijo Rafael Correa para justificar los sobornos recibidos por su ministro, Aleksey Mosquera, de Odebrecht, se ha convertido en un “arreglo entre privados”.

Así, como un arreglo entre privados, hacen política los correístas y los socialcristianos. Y, sin duda, los legisladores de Pachakutik y un largo etcétera.

Los fallos judiciales con los que se sella una disputa política favorecen a unos o a otros de los implicados en el caso —pues la política es ahora un caso judicial—, pero nunca a la ciudadanía. Lo que resulte de la actual disputa en la Asamblea terminará, con seguridad, favoreciendo a Nebot y a Correa; Llori ya está desahuciada. Los perdedores, como siempre, serán los ciudadanos: el Ecuador todo.