¿Por qué los correístas acusados de corrupción no se declaran culpables? Pues porque todavía confían en su metida de mano a la justicia, en la venalidad que dejaron instalada como sistema. Reproducirán hasta la saciedad la vieja consigna de los delincuentes (negar es padre y madre), que deja abierto algún resquicio por donde evadir una sentencia desfavorable.

Históricamente, en sociedades tan desiguales como la nuestra siempre se consideró a la administración de justicia como parte sustancial de la desigualdad estructural. Por eso se acuñaron frases tan descarnadas, como aquella de que la ley es solo para el de poncho, o que la ley se acata pero no se cumple. La justicia estuvo concebida como un adminículo para formalizar las arbitrariedades del poder. A ojos de la ciudadanía, quedó como un mecanismo adicional para legitimar los abusos de las élites.

Por eso, justamente, se politizó la justicia. Porque de una institución que debería basarse en la confianza colectiva pasó a ser un instrumento de compensación de las desigualdades sociales. Había que llegar al poder para revertir este desequilibrio. Pero quitarles a las élites el control de la administración de justicia no implicó, en la práctica, la superación de sus taras y vicios, sino la manipulación del sistema.

Alianza PAIS se escudó tras el discurso del saneamiento de la justicia para ganar las elecciones en 2006. Planteado en esos términos, era un propósito loable. Tan loable que permitió la reestructuración de la Función Judicial en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Lamentablemente, el objetivo terminó siendo una piedra más en el camino al infierno, porque el procedimiento para esa reestructuración no difirió de las anomalías del pasado. 

Para ello, el primer gobierno de Alianza PAIS contó con Alexis Mera, un magistral operador de cuantas mañoserías judiciales se pueda imaginar. “Quitar a los otros para poner a los míos” fue el dispositivo con el que esta nueva casta arribista supuestamente aplicó los correctivos a una función del Estado profundamente desprestigiada. Al final, el remedio resultó peor que la enfermedad, porque con el control de la justicia el gobierno de Correa se dedicó no solamente a perseguir a los opositores, sino a curar viejos resentimientos personales o a extorsionar a empresas privadas, tal como salió a la luz con el caso Arroz Verde.

En el fondo, el cuestionamiento que hacen los correístas obtusos al juicio denominado Sobornos 2012-2016 no tiene como objetivo principal conseguir impunidad para los acusados, sino evidenciar la inviabilidad institucional del país. Dicho de otro modo, rejuvenecer las taras del pasado, reivindicar la colonialidad y el patrimonialismo. Por eso este caso se ha vuelto crucial para la democracia ecuatoriana: es el punto de quiebre entre la justicia como institución o una justicia de bolsillo.