El juicio llamado “Arroz verde” es el tema del momento. Todos hablan de los avances y obstáculos del proceso. No hay medio local o nacional que no cubra día a día la noticia y, sin embargo, muchos detalles del proceso han pasado desapercibidos o sin tener comentario de los medios.

Uno de esos detalles es el que mencionó el señor Pedro Verduga, uno de los empresarios involucrados en el proceso por entregar dinero a Pamela Martínez, a cambio de contratos y ejecución de pagos por obras realizadas por su empresa. La defensa legal, durante el juicio, ante la Corte Nacional de Justicia, mencionó que, por indicaciones de Pamela Martinez (quien actuaba a nombre de Alianza PAIS, partido del actual Presidente), entregó dinero a la agencia de publicidad McCann Erickson para una campaña en contra del Colectivo YASunidos, quien para ese entonces llevaba adelante, como ahora, su defensa por la no explotación del Yasuní y la vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV).

Es sorprendente la falta de profundidad, de los medios nacionales tradicionales, en cubrir las noticias que salen en este proceso. Gran parte de la cobertura queda casi al nivel farándula, se habla de las reacciones en las redes sociales de los implicados, los llamados de atención de los jueces y los exabruptos de los abogados de la parte actora y de la defensa en la sala de audiencias, pero poco se profundiza sobre los hechos e implicaciones del proceso. Usualmente son medios digitales o periodistas independientes los que lo hacen.

La campaña mencionada por el Sr. Verduga en el juicio Arroz Verde, en contra de YASunidos, era una campaña de desprestigio contra ciudadanos que reclamaban la garantía de sus derechos. El dinero de esta campaña salía de contratistas del Estado, para pagar a una empresa privada. McCann es una de las empresas publicitarias más grandes del mundo y su lema es “La verdad bien contada” (Truth well told). En Ecuador tienen oficinas en Quito y Guayaquil.

En febrero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un documento titulado Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos. El objetivo del informe es establecer el rol que tienen las empresas en las Américas, para garantizar los derechos humanos de todos quienes vivimos en el continente. La CIDH menciona en su informe que “la corrupción tiene múltiples causas y consecuencias y en su desarrollo participan numerosos actores, tanto estatales como entidades privadas y empresas…”. Menciona la CIDH que la corrupción en las Américas es una amenaza para garantizar efectivamente los DDHH, el Ecuador no es una excepción.

Arroz Verde nos demuestra algo que todos sabemos, para que exista corrupción se necesitan, al menos, dos partes: quien pague, y quien reciba. La corrupción es uno de los principales problemas en Ecuador, es una de las principales razones de las continuas crisis económicas que sufrimos. Es un problema cada vez más grande, más generalizado y más aceptado. El sector privado es parte del problema, los ciudadanos, y particularmente aquellos de menores recursos, son las principales víctimas. “Arroz verde”, “INA papers”, y todos los escándalos de corrupción públicos en el Ecuador involucran, al menos, a un “empresario” y a un funcionario público.

En su informe la CIDH dice: “…la injerencia indebida y poco transparente por agentes privados, en este caso empresas, y la captura del instituciones del Estado o influencia indebida en los tomadores de decisiones públicas, por parte de éstas con el objeto de influenciar su comportamiento en beneficio e interés propio, además de debilitar los valores democráticos y el Estado de Derecho, también pueden llegar a influir decisivamente en el respeto y garantía de los derechos humanos, aumentar las brechas de desigualdad y pobreza, e incluso conformar actos ilícitos.”

Claro que en el Ecuador hay excelentes ejemplos de empresas e individuos que honestamente han triunfado en sus negocios honestamente, pero no podemos negar que Ecuador tiene un sistema que, de manera general, funciona con base en la corrupción.

En el caso en cuestión, del Sr. Verduga, Alianza PAIS y la agencia McCann, existió un empresario que normalizó la idea de hacer negocios pagando por contratos, un grupo de funcionarios públicos pidiendo y recibiendo plata para favorecer contratistas o agilizar procesos de contratación, y una empresa privada que, por instrucciones de funcionarios del gobierno de Correa, presta sus servicios para generar una campaña de desprestigio contra defensores de derechos que, en este caso, buscaban defender el Yasuní y la vida de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, PIAV.

Combatir la corrupción no es un asunto exclusivo del gobierno, ni de los jueces, o la policía. Lo es también de las empresas y de los ciudadanos. El rol del Estado en su conjunto es “mostrar acciones claras y concretas para reducir y evitar la corrupción en la que intervengan empresas mediante el desvío de fondos públicos o la entrega de sumas de dinero para obtener beneficios privados. En ese marco, por ejemplo, los Estados deberían diseñar mecanismos que permitan conocer públicamente el objeto de la intervención de las empresas en estos procesos y dar la protección debida a las personas que realizan denuncias o investigaciones sobre este tipo de prácticas empresariales.”

¿Una verdad bien contada? o ¿Su “verdad” como quiera contarla? Mientras menos nos indignemos con el empresario que triunfa sobornando al Estado, y contra la empresa que se preste para ejecutar acciones contrarias a garantizar derechos humanos, más lejos estaremos de un Estado democrático que garantice los derechos de sus habitantes, más lejos estaremos de un Estado próspero, que garantice la igualdad de oportunidades para sus habitantes.