La consulta popular del Presidente Lasso es entre otras cosas una consulta de asesores —en algunos casos cuestionados— que experimentan de manera irresponsable con el país; una consulta de amigos que intentan sostener con alfileres a un desgastado gobernante en abierta desconexión con sus mandantes; una consulta distractora que pretende hacer frente a los cuestionamientos ciudadanos que ha recibido el régimen ante la serie de desatinos cometidos; una consulta “vende humo” y populista que desde ya publicita las ocho preguntas enviadas a la Corte Constitucional como una “solución instantánea” y casi mágica a los problemas estructurales del Estado, aunque esto de seguro no ocurrirá, como tampoco ocurrió con las once anteriores.

Por ello, la consulta popular de Lasso —al igual que aquellas promovidas por sus predecesores— busca únicamente la legitimación de un grupo político en el ejercicio del poder, al amparo de narrativas maniqueas que pretenden encasillar cualquier voz crítica -a esta iniciativa y sus preguntas- asociándola con el correísmo, la narcopolítica y el terrorismo. Algo contradictorio viniendo de quienes hasta la presente incumplen con el mandato ciudadano que los llevó a ser Gobierno, esto es la descorreización del Estado.  Pero también atentatorio contra la deliberación, al menos si lo que se quiere es que los ciudadanos se empoderen políticamente y hagan uso real de la democracia directa e informada, y no de una democracia dirigida en donde su participación se instrumentalice, tal como sucede ahora.

¿Qué pretende hacer el Gobierno para que la consulta popular solvente la falta de correspondencia entre sus acciones y las expectativas de los ciudadanos? Lo primero, es contrarrestar la potencial debacle electoral de su organización política en las seccionales de 2023 con un posible triunfo de la consulta, para ello se empieza a construir un clima de opinión favorable, a través del uso de encuestas que presentan resultados preliminarmente triunfalistas a preguntas como las actuales, que todavía no reciben el beneplácito de la Corte Constitucional y cuyos anexos de más de cuatrocientos páginas, difícilmente serán analizados en su totalidad por los ciudadanos. Lo segundo, es utilizar esta iniciativa y sus preguntas como el “Caballo de Troya” electoral del movimiento CREO para que sus candidatos suban la consulta a la tarima (tal como lo hará la oposición) con miras a “pescar” alguno de los 9.769 puestos de elección popular en un escenario plagado de desinformación.

En ambos casos, el bien común a preservar para un Gobierno que no tiene nada que perder —dada su fragilidad genética, su nula capacidad de gestión política y la baja credibilidad del Presidente— es su propia existencia; quizás por ello, conscientes de sus debilidades y limitaciones, los asesores de Lasso autocalificaron a su consulta de “ciudadana”, pese a que esta iniciativa —elaborada en la soledad de Carondelet— adolezca de ella.

El Gobierno Nacional debe ser consciente que el deterioro de la democracia y de la política recrudecerán en el deterioro de la participación ciudadana, sobre todo si la consulta popular se malogra por causa del proceso electoral de 2023 o si se la interpreta como un simple mecanismo para exteriorizar “berrinches ciudadanos”, pese a que su objetivo real —como institución constitucional— es incidir en las problemáticas que aquejan a los ecuatorianos.