La cuestión es la siguiente: millones de personas quieren vivir en paz y unos cuantos cientos o miles no están dispuestos a permitirlo. A diferencia de los millones que quieren vivir en paz, estos cientos o miles están organizados y tienen, por ello, la capacidad de movilizarse y causar disturbios. Gracias a los cual, los gobiernos hacen más caso de ellos que de la mayoría pacífica.

Para la minoría activa hay preferencias y salvedades de las que la mayoría nunca llega a disfrutar. Y les están permitidas cosas que a los ciudadanos comunes se les prohíbe: secuestrar, por ejemplo. En octubre de 2019, los indígenas levantados contra el gobierno de Lenín Moreno mantuvieron secuestrados, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a decenas de periodistas y policías. En noviembre de 2021, habitantes de la comuna Pijal, en Imbabura, secuestraron a dos militares. Nada les pasó a los secuestradores de 2019 y según parece nada les pasará a los de 2021.

Aparte de secuestrar, a la minoría indígena agrupada en la Conaie le está permitido cerrar carreteras e impedir el derecho de los demás ciudadanos —la gran mayoría—  a transitar libremente por su país.

Pese a ello, el gobierno llama al líder de estas acciones a “dialogar”, como si le interesara atender sus exigencias, hechas a la fuerza, más que las demandas de la mayoría de la población. La cual debe esperar los resultados de este diálogo o el permiso de los secuestradores y obstructores de vías para poder moverse por el país y desarrollar sus actividades y, si se tercia, disfrutar del feriado. Un feriado que representa una gran oportunidad de recuperación económica para miles de emprendedores, grandes y pequeños, que viven del turismo. ¿Lo permitirán los señores de la Conaie? ¿Lo permitirán los dirigentes del FUT? ¿Lo permitirá Mesías Tatamuez, ese dirigente de los trabajadores que nunca ha trabajado en toda su vida más que, claro está, de dirigente de los trabajadores?

La mayoría de la población, puesto que no está organizada para hacer valer sus derechos ante una minoría que sí lo está, espera la protección del gobierno para que lo haga, valiéndose de todos los recursos que le otorga la ley para el efecto, como, por lo demás, debe ocurrir en un Estado de derecho.

En muchos lugares, la inacción o blandura de las autoridades frente a las minorías violentas ha llevado a la población a organizarse para responder a la violencia con violencia. La inacción, la miopía o la tolerancia del Estado con las organizaciones —de cualquier tipo— que tienen la capacidad de emplear la fuerza, le quita, en algún momento, el monopolio del uso legítimo de la violencia física, como ocurre en las cárceles ecuatorianas. Y, cuando esto sucede en una escala más amplia, nos encontramos ante un Estado fallido.

Ceder ante la violencia, convertir a los violentos en actores políticos (ignorando que cuando hay violencia no hay política) y, lo que es peor, en los interlocutores principales del gobierno, no contribuye a fortalecer la paz ni la gobernabilidad. Contribuye a sembrar las semillas de un Estado fracasado, de un Estado fallido.