
Profesor universitario, analista político y económico. Escribe para varios medios en América Latina.
Es poco lo que el Gobierno ecuatoriano puede hacer en relación al caso Assange sin que eso signifique un alto costo político y de imagen a nivel internacional. Los últimos intentos de solución han dejado en ridículo al Ecuador. Las fricciones y hostilidad entre el gobierno y el huésped incómodo se hacen cada vez más evidentes. Hace pocos días Baltasar Garzón presentó una acción de protección en los tribunales contra el Estado ecuatoriano por amordazamiento y vulneración de derechos.
El hilo conductor de esta historia nos lleva de forma inexcusable al ex-canciller de la República, Ricardo Patiño. Él encabezó la transformación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las «momias cocteleras», funcionarios de carrera del servicio exterior, fueron suplantados por personas sin experiencia y en muchos casos vinculadas al partido de gobierno.
El 16 de agosto del 2012 el gobierno de Ecuador anuncia que concede el asilo al fundador de Wikileaks. El canciller justifica la decisión «por considerar que la integridad de Assange está en peligro». Lo paradójico es que el gobierno del ex-presidente Correa justificó la decisión argumentando una posible violación de los derechos humanos de Assange mientras cerraba los ojos frente a las fehacientes violaciones a los derechos de millones de venezolanos y cubanos por parte de gobiernos ideológicamente cercanos.
Más allá de las consideraciones o afinidades que el gobierno tuviera en relación al caso no es clara la justificación para haber involucrado al país en este atolladero. La concesión del asilo no puede ir contra la administración de justicia. Suecia emitió una orden de detención europea en el 2010 por una denuncia de violación y acoso sexual a dos mujeres. En el 2012 Assange huye a la embajada de Ecuador luego de agotar las instancias judiciales previas a la entrega a la justicia sueca por parte del gobierno de Inglaterra.
En el comunicado 042 del 19 de junio de 2012 que se encuentra en la página web de la cancillería el gobierno hace referencia a una «persecución política» sin hacer referencia al juicio mencionado. Independiente de que el señor Assange pueda tener razón, Ecuador irrespetó la institucionalidad de un país como Suecia. De forma subyacente cuestionó su sistema judicial y se lanzó a avalar teorías conspirativas poniendo en juego la credibilidad del país.
En la misma página web de la Cancillería se encuentra una larga lista de apoyos al asilo. Todos, de movimientos o partidos de izquierda. No es difícil considerar que el leitmotiv fue el intento de posicionar al Ecuador en el mapa político mundial a través de esta acción mediática. El asilo a Assange siempre tuvo motivaciones ideológicas más que jurídicas.
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