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22 de Enero del 2020
Ideas
Lectura: 12 minutos
22 de Enero del 2020
Dayana León

Periodista, magister en Ciencias Sociales por la Flacso. Catedrática e integrante de la Red de Mujeres Líderes de las Américas.

Atamaint no puede pagar factura en solitario
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Existe una inseguridad jurídica y falta de confianza, que al final del día y en las próximas elecciones contribuirá a la no aceptabilidad de la derrota de candidatos perdedores, que es una realidad en cada contienda.

¿Quién garantiza que si Diana Atamaint es censurada por la Asamblea Nacional se solucionen los problemas sistémicos en el Consejo Nacional Electoral? La respuesta es evidente: nadie. El tema de fondo es la progresiva deslegitimación de la institucionalidad porque todos quieren representatividad y ningún actor se resiste a perderla, o saber que su ciclo en la vida política terminó. Y es en este escenario donde el CNE juega un papel sustancial en otorgar las cartas credenciales para el acceso al poder. 

En los últimos tiempos he sido una de las personas que más ha cuestionado el papel de la actual presidenta del órgano electoral en dos aspectos fundamentales: el primero, su posicionamiento en la opinión pública, al reflejar un discurso incoherente y líneas argumentales ambiguas sobre temas similares en la gestión pública; y, lo segundo, su rol en el juego mediático de reflejar una polarización en un Pleno, que es una instancia de decisiones conjuntas y colegiadas, donde las determinaciones más parecen el reflejo de acuerdos “a la carta”, que un consenso basado en el diálogo y la deliberación en democracia. 

Diana Atamaint, Enrique Pita, Luis Verdesoto, Estela Acero y José Cabrera, así como Consejeras y Consejeros suplentes, llegaron al CNE definitivo en el 2018, tras un proceso de reinstitucionalización del país desde un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), con el liderazgo del doctor Julio César Trujillo (+). 

Es entonces que la actuación, de contradicciones y acusaciones mutuas por todos los canales comunicacionales posibles, no solo lleva a la hoguera mediática a la actual titular del CNE, sino a todos sus integrantes. Ellos son parte de una institución que lamentablemente tiene índices de aprobación menores que el CPCCS: entidad que tuvo reveses e inestabilidades en el 2019 y actualmente cuenta con su ex presidente José Carlos Tuárez, procesado por tráfico de influencias junto a Luis Loyo y un pariente del vicepresidente del órgano electoral Enrique Pita, quien junto a Luis Verdesoto, son los “legítimos contradictores” de Diana Atamaint. 

Este escenario no salpica solo a ella, sino a todo el sistema electoral del país: con un desgaste institucional que empezó con una primera sesión del actual Pleno el 20 de noviembre de 2018, donde llegó a la presidencia con tres votos (incluido el de ella), ese día fue “público y notorio” la ausencia de acuerdos desde el inicio. 

A esto se sumaron las denuncias de fraude, las inconformidades de los sujetos políticos ante los problemas con el sistema de procesamiento de resultados, los atrasos en la entrega de credenciales en la provincia de Los Ríos, las negativas y dilaciones para resolver sobre el caso de los Yasunidos y, lo más reciente, la pasividad para responder con inmediatez el “Caso Loyo”, como una salida institucional y ética. Pero, al final, no tuvo otra salida que decir lo que era un secreto a voces: él era el “recomendado de Acero”. 

La gestión de Diana Atamaint ha sido cuesta arriba y con puertas bloqueadas a consensos, porque no debemos cerrar los ojos ante lo evidente: algunos de sus detractores políticos la juzgan con un trato excluyente y racista.

Son evidentes los errores en el manejo de una institución, que no la hace solamente la presidenta, sino todo el cuerpo colegiado representado por un Pleno. Lo sustancial de este hecho es si destituyen a Diana Atamaint, la Asamblea Nacional debería pensar en iniciar a otros vocales un proceso de juicio político —en el caso de existir las pruebas y la legalidad—.

Esto sería un importante precedente para que en el futuro, el Pleno del CNE interiorice que sus decisiones, aciertos o errores en el ámbito técnico también tiene repercusiones políticas si no saben encauzar a la democracia en el país con deliberación y diálogo conjunto; sobretodo, para que nunca más Ecuador tenga un órgano que genere zozobra a un electorado que necesita certezas y confianza.

En el discurso mediático existe una concentración de opiniones sobre la actuación de la mayoría o la minoría del CNE, cuyas autoridades en vez de estar aclarando sus conflictos interpersonales deberían abordar a profundidad sus ejes de trabajo; por ejemplo, los temas enfocados al fortalecimiento institucional a través de la estabilidad laboral de sus servidores y la consolidación de una institución técnica. 

Tampoco se conoce mucho de los mecanismos para asegurar la gobernabilidad como los Pre-Plenos, reuniones permanentes entre todos los despachos de Consejeros con las áreas operativas, un proceso sistemático de formación en democracia en todas las provincias, la implementación de instancias con fines éticos en su interior que generen políticas de transparencia y anticorrupción, entre otros elementos que no deben ser iniciativas personales de cada autoridad sino un caminar en conjunto, más allá de las diferencias que siempre van a existir. 

Una institución encargada de garantizar el fortalecimiento de la democracia, no puede ser una entidad ingobernable, con inestabilidad laboral para sus servidores, poco deliberativa y con permanente crisis político–comunicacional.  Y esto no se solucionaría únicamente con la salida de su titular, sin pensar en una reestructuración total. 

La línea argumental de Diana Atamaint es que CREO quiere apoderarse del CNE; pero las expresiones de otros sectores es que ella tiene acuerdos con los socialcristianos. No es mi rol dar o no fe de esto, sino ponerle como contexto, pues al final se habla de dos fuerzas políticas de derecha que presuntamente quieren tomar el control de una institución cuyas decisiones tienen que ser altamente técnicas y con integridad electoral, y no basada en una tendencia o pertenencia partidaria. 

En futuro cercano, si la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional aprobase el informe de enjuiciamiento, puede que sea difícil posteriormente que se logren los votos para que las dos terceras partes censuren a la presidenta del CNE, como determina la legislación. Si esto ocurre, ella saldría fortalecida; pero si al final la destituyen, no crean que la armonía será lo que prime: porque estaremos en un año pre-electoral, donde en el 2021 se definirá quiénes conducirán el país desde la Presidencia, Vicepresidencia y Asamblea Nacional a través del ejercicio al sufragio en las Elecciones Generales.

La línea argumental de Diana Atamaint es que CREO quiere apoderarse del CNE; pero las expresiones de otros sectores es que ella tiene acuerdos con los socialcristianos.

Los comicios que vendrán reorganizarán el mapa político del Ecuador, en el cual quienes han tenido protagonismo en el actual Gobierno, no querrán seguramente quedarse fuera, ni mucho menos que sus decisiones sean un boomerang y les perjudique la próxima representatividad en el poder del Estado. 

Nada está dicho y mucho está en juego en la cancha del Legislativo. Por tanto, el liderazgo del Consejo Nacional Electoral será fundamental para cristalizar la democracia y unas elecciones con transparencia, con ganadores respaldados por la voluntad popular. Por eso, los legisladores, fundamentalmente los que piensen reelegirse, apoyar a candidaturas o terciar para otra dignidad, tendrán que pensar bien su voto al momento de censurar o no a Diana Atamaint. 

Este proceso deja elementos positivos, porque otorga la posibilidad de que las autoridades estén sujetas a un control político, sin inmunidades ni privilegios: es la oportunidad de demostrar si cumplen con las funciones y responsabilidades. En cambio, lo negativo, es que deja una sensación de lo mucho que se debe mejorar en el debate, porque no pierden oportunidad los detractores de Diana Atamaint de expresar su inconformidad con su gestión a través de comentarios machistas, sexistas, xenófobos, con una latente discriminación por el hecho de ser mujer e indígena. Lo mismo sucedió con una presunta colaboradora cercana de Enrique Pita, a la que intentaron deslegitimar y circular sus fotos, con frases llenas de estereotipos. 

La violencia política por razón de género debe combatirse y sancionarla, de lo contrario, se alimentan estas prácticas insanas para la democracia, que debe ser un ejercicio asumido con ética y responsabilidad colectiva.

Sin embargo, no considero como una salida efectiva el discurso de la revictimización: hay que asumir con humildad los errores, porque las mujeres también nos equivocamos y la defensa por nuestros derechos no nos otorga exención ante los desaciertos. 

La gestión de Diana Atamaint ha sido cuesta arriba y con puertas bloqueadas a consensos, porque no debemos cerrar los ojos ante lo evidente: algunos de sus opositores y detractores políticos la juzgan con un trato excluyente y racista. 

Siempre digo que las mujeres debemos decirnos también entre nosotras los temas relevantes, lo que creemos que está bien, y eso quiero resaltar de su trabajo. Coincidimos —aun cuando no laboramos de forma articulada en una causa que tengo en común con ella, desde mi punto de vista—, en la necesidad de evidenciar el alto costo económico, político, social y afectivo que tenemos las mujeres cuando decidimos trabajar por una representación en un mundo con lógicas masculinas y patriarcales. Ella logró empoderar a mujeres electas como autoridades locales y defender en la Asamblea Nacional lo que ya es Ley: la progresividad de la paridad en la conformación de todas las listas pluripersonales y en el binomio presidencial; así como el posicionamiento de otras reformas electorales en torno a la democracia comunitaria, el método de asignación de escaños, entre otros. 

Quizás algunos detractores digan: ¡ese mérito no es solo de ella! Pero creo que políticamente fue una estrategia acertada recopilar las inconformidades de diversos actores con la normativa vigente desde el 2009 y asumir como línea de trabajo su defensa. 

En cambio, sus errores les pasan hoy una factura, que la quieren hacer pagar en solitario y no con la base sustancial de la corresponsabilidad. Por ello, mi invitación es para realizar una mirada integral a la crisis de la institucionalidad electoral desde lo estructural y lo sistémico, y no a través de ciertos personajes, actores o protagonistas, que no son desde su individualidad el epicentro de la problemática.

Con frecuencia, queremos ver el hecho y no el proceso; y así, la democracia en Ecuador seguirá con falencias y declives, porque no somos capaces de analizar lo de fondo. Existe una inseguridad jurídica y falta de confianza, que al final del día y en las próximas elecciones contribuirá a la no aceptabilidad de la derrota de candidatos perdedores, que es una realidad en cada contienda; y esto se deberá, en gran escala, a que el órgano electoral se dedicó a automedicarse con sus propios venenos, odios y revanchas.

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Atamaint no puede pagar factura en solitario
 
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