El ataque a medios de comunicación y el amedrentamiento a periodistas es el siguiente nivel de la espiral de violencia ante el descalabro de la seguridad. Su efecto es letal, no solo para los periodistas, quienes son y serán victimizados, sino también para la democracia que languidece a cada paso. En este sentido, se trata de una manifestación de violencia política que apunta a consolidar «zonas silenciadas» en el país.

«El concepto de zonas silenciadas se aplica para describir la violencia ejercida contra la integridad física y psicológica de periodistas y trabajadores de medios de comunicación por estructuras criminales sin o con la aquiescencia del Estado…». https://bit.ly/3SQfuFU. Así lo define la CIDH para alertar sobre un fenómeno cada vez más recurrente en aquellos países latinoamericanos que experimentan la “guerra con el narcotráfico”.

En un escenario de alta violencia criminal, la «narrativa mediática» se convierte en un campo de disputa entre los actores estatales y los grupos criminales. Ambos intentan regular la generación de información, condicionando qué cubrir y cómo realizar la cobertura periodística.

Por eso, no es extraño que varios medios reproduzcan “informes de inteligencia” sin análisis, contrastación ni contextualización; allanándose al relato que intenta construir la Policía o las Fuerzas Armadas. Pero tampoco es extraño que otros medios incurran en vocería involuntaria de grupos criminales, prejuzgando culpables o difundiendo datos personales sobre las víctimas.

En un conflicto no convencional la información es un recurso estratégico. La prensa debe aprender a distinguir las lógicas que utilizan los actores estatales y los grupos criminales para moldear la narrativa mediática; considerando que las redes de crimen organizado siempre tienen operadores en ambos bandos.

De lo contrario, no solo se exponen a la victimización criminal sino también a la pérdida de rigor periodístico. Sin embargo, el resultado más perjudicial para la democracia es la creación de «zonas silenciadas». En un reciente trabajo, Grisel Salazar Rebolledo (2021) analizó este fenómeno en México y concluyó que «el escenario más nocivo para la prensa es aquel en el que se conjugan tanto la acción del crimen organizado como la presencia de patrones autoritarios en el ejercicio del poder local» https://bit.ly/3SRzgRq.

Guayaquil y Durán son claros ejemplos de «regímenes híbridos» a nivel local. En los últimos 25 años sus alcaldías se han caracterizado por la concentración del poder y la manipulación de las instituciones. Su importancia geopolítica para las rutas de la cocaína no es el único factor que facilitó el estallido de violencia criminal en esos cantones. La naturaleza seudodemocrática de sus gobiernos locales contribuyó decisivamente. Por eso, los ataques a las instalaciones de RTS y el diario Extra son elocuentes, tomando en cuenta las elecciones seccionales que se avecinan y las fuerzas políticas en disputa.

Hay cantones en provincias altamente violentas que ya son «zonas silenciadas». Por ejemplo, San Lorenzo, en Esmeraldas, donde fue secuestrado el grupo periodístico de diario El Comercio, en marzo de 2018. Otros van en esa dirección y no solo por ser rutas de narcotráfico, sino también por haberse convertido en zonas liberadas para la minería ilegal, la tala ilegal de bosque natural y otras economías ilícitas de alta rentabilidad.

Para que el silencio no se instale en las salas de redacción acosadas por la violencia, la prensa debe adaptarse tácticamente y aprender de las experiencias regionales. La libertad de expresión e información están en la línea de fuego.