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7 de Marzo del 2018
Ideas
Lectura: 4 minutos
7 de Marzo del 2018
Juan Cuvi

Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.

Aterrados
Tal vez el mayor obstáculo que enfrentó la CNA en estos años fue el bloqueo de la información. Mayor aun que la carencia de recursos económicos, que la persecución del gobierno y que los juicios. Para estos últimos siempre habría una respuesta posible. Pero el abuso de la confidencialidad oficial genera impotencia.

Sí es factible controlar al poder público desde la sociedad. Lo ha demostrado con creces la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA). Basta proyectar una imagen creíble de desprendimiento personal para que la ciudadanía ratifique la confianza en sus miembros.

La década del correato estuvo marcada por una puja permanente entre la opacidad política y la transparencia pública. Para la primera se utilizó al Estado: un control férreo de la institucionalidad oficial dificultó en forma sistemática cualquier amago por destapar la corrupción. Por eso fracasaron todas las instancias de fiscalización establecidas en la ley. Veedurías ciudadanas y consejos de participación sectorial terminaron convertidos en simples ornamentos del poder.

Para la segunda se recurrió a la iniciativa social. Un poco de buena voluntad, y mucha valentía, permitieron resistir al manto de encubrimiento con que los correístas pretendieron tapar sus abusos e inmoralidades. La CNA fue constituida por decisión de los movimientos sociales, hartos de contemplar el saqueo del patrimonio nacional.

Tal vez el mayor obstáculo que enfrentó la CNA en estos años fue el bloqueo de la información. Mayor aun que la carencia de recursos económicos, que la persecución del gobierno y que los juicios. Para estos últimos siempre habría una respuesta posible. Pero el abuso de la confidencialidad oficial genera impotencia. Frustra hondamente, porque no se puede documentar hechos de corrupción sobre los cuales se tiene total certeza. El ocultamiento de la información pública es el mecanismo mediante el cual la impunidad se ríe de nosotros.

En este sentido, el nombramiento de Julio César Trujillo como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio anuncia un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción. Abre la puerta a una sana pero descarnada revelación de los secretos ocultos del correato. De sus miserias. Permite un cambio radical en la transparencia pública. Porque como miembro de la CNA, Trujillo llevaba largo tiempo desgañitándose por acceder a una información que nos pertenece a todos, pero que estaba secuestrada por unos pocos. En su nueva función, tiene en este momento la potestad para acceder a todos los expedientes, informes, archivos y documentos indispensables para sancionar a los corruptos.

Es más, el CPCCS podría aplicar una estrategia de socialización de la información para apoyarse en instancias ciudadanas reconocidas, como la CNA. Es decir, apuntalar su misión en la más amplia fiscalización social posible.

Por eso algunos han puesto el grito en el cielo. Como Rafael Correa y Gabriela Rivadeneira. Sus recientes insinuaciones en contra del doctor Trujillo lucen como torpes intentos por curarse en salud. Reflejan cortedad de inteligencia. Más bien parecen confesiones de parte. Indirectamente confirman lo que muchos sospechan: que ambos están embarrados hasta las orejas. Porque luego de tantos escándalos de corrupción sacados a la luz pública, ¿a quién se le ocurre oponerse a una acción de fiscalización encargada por el pueblo en las urnas? A menos que los dos tengan rabos de paja y estén aterrados.

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