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23 de Febrero del 2022
Ideas
Lectura: 9 minutos
23 de Febrero del 2022
Iván Flores Poveda

Periodista. Hombre libre. Feliz padre de tres.

Autodefensas ecuatorianas
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Una Policía sin inteligencia preventiva del delito y desconectada de su comunidad, o un sistema judicial con servidores comprables por las mafias, solo alimentarán la sed colectiva de justicia por mano propia y la legitimación, a largo plazo, de la conformación de juntas de autodefensa o de mercenarios de la seguridad.

El país vive el momento preciso para que varias tormentas se junten en un mismo vórtice de violencia inusitada, bajo el disfraz de la justicia por mano propia. Temo pensarlo, pero bien pudiéramos estar traspasando el umbral de la masificación de grupos criminales de “autodefensa”.

Hablo de masificación, pues al menos desde finales de los 90, esta idea era como un fantasma que recorría Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Loja… Un fantasma bien visto por ciertos políticos y miembros de la fuerza pública de entonces. Un fantasma al cual se atribuyen decenas de ejecuciones extrajudiciales.

De vuelta al presente, aquel fantasma de las autodefensas tiene hoy potentes detonantes que le permitirían ganar músculo y camuflarse incluso de justiciero en la sociedad, en una coyuntura en que la meteórica escalada de la violencia y la impunidad son el mejor caldo de cultivo.

1.- La cocaína como moneda. En varios ámbitos y territorios, el dólar es ya apenas un maquillaje, mientras la droga se convierte en el real valor de cambio. No faltará quien pague con droga sus privilegios en una cárcel. Tampoco será raro que se compre seguridad –sea de agentes estatales o paraestatales– con algunos kilos de estupefacientes. Aunque también es cierto que hay quienes encuentran en el microtráfico su único sustento de vida, en un país en que solo 3 de cada 10 tienen empleo adecuado.

Ante ello, el Estado no ha dado golpes certeros al corazón financiero de las economías criminales. Entre tanto, los capos se sofistican cada vez más en utilizar los instrumentos de la economía formal para normalizar sus delitos y pasar desapercibidos. Un ejemplo: nadie compra o vende una retroexcavadora de la noche a la mañana. Y es allí donde habrá que poner mayor atención: en capos-fantasma que se presentan como piramidales salvadores financieros de su comunidad.

2.- La atomización de la criminalidad. Por capos no falta en el país. La deportación o asesinato de cabecillas no detiene el avance de las bandas; por el contrario: las multiplica. La extradición de Washington Prado, alias ‘Gérald’, fue un punto de inflexión para la diversificación de nuevos capos, sin importar que estén dentro o fuera de las cárceles. Él paga 19 años de condena en EE.UU., pero varios de sus socios podrían salir de prisiones ecuatorianas el próximo año.

Luego, los asesinatos de alias ‘Rasquiña o del capitán Telmo Castro dejaron intactas sus estructuras delincuenciales. Wilder Sánchez, alias ‘Gato’, es el heredero de Castro, como lo ha reportado ampliamente este portal. Gracias a la complicidad de ciertos jueces, ‘Gato’ salió en libertad en 2015 y ahora es el segundo capo ecuatoriano requerido por EE.UU.  En su estructura participaron ex policías y policías  en activo.

Una Policía sin inteligencia preventiva del delito y desconectada de su comunidad, o un sistema judicial con servidores comprables por las mafias, solo alimentarán la sed colectiva de justicia por mano propia.

Entonces, en un país con tantos capos –grandes y enanos, burdos y discretos–, el decomiso de 210 toneladas en 2021 sí resulta un golpe que acelera la reorganización a sangre y fuego de estructuras, aliados y cooperantes.

Si algo diferencia a los capos ecuatorianos de otros narcos de la región es la versatilidad de operaciones y la rápida capacidad de adaptación. Así, en un mercado cada vez más competitivo, muchas bandas pudieran diversificar su portafolio, con operaciones de extorsión y secuestro y, a la par, con ofertas de servicios de seguridad.

En esa misma lógica, las bandas diezmadas en sus estructuras, principalmente por asesinatos ordenados entre capos, fijan sus opciones de sobrevivencia mediante la demanda de servicios de protección. La mejor coartada: “proteger” a barriadas enteras de unos microtraficantes, para que sean otros –sus contratantes– quienes controlan el flujo de la droga en parques, escuelas, “nuevos” negocios o parterres de avenida donde la venta de cigarrillos de contrabando es solo un distractor… ¿Y cómo se paga? Con más cocaína, lo cual amplía un círculo vicioso: nuevas rutas, nuevas fachadas, nuevos capos.

3.- Los cómplices estatales. Durante décadas, algún funcionario estatal ha mirado convenientemente para otro lado, mientras la droga avanza, a plena luz del día, por las carreteras del país. En 1976, por ejemplo, un novato Pablo Escobar Gaviria hacía de Tulcán su centro de operaciones para recibir la cocaína que se procesaba en Perú y luego dirigirla hacia Medellín, con destino final en Miami.

Desde entonces, mucha agua, billetes y droga ha corrido bajo el puente. Por eso, en la actualidad, se cuentan por decenas los policías, militares, operadores de justicia o políticos vinculados directa o indirectamente con las mafias. Y no son pocos los casos en que los capos buscan financiar a ciertos movimientos, en su intento de colocar alfiles en la Asamblea o en los gobiernos locales, especialmente en las regiones clave para el almacenamiento temporal de la droga. Por eso, en las seccionales de 2023, además de los controles electorales de rigor se debe activar una sólida vigilancia de las unidades estatales de análisis financiero.

Por todo lo dicho, ciertas zonas grises de la institucionalidad ecuatoriana, sea por cooptación o por amenaza, se convierten en santuarios de criminales. El siguiente escenario indeseable sería la cooperación paraestatal entre operadores públicos y determinadas bandas para, supuestamente, reducir los índices delincuenciales que provocan otras bandas. Ese sería un destino del cual ya no se vuelve…

4.- La angustia social y la pulsión por las armas. Asaltos a transportes escolares, madres pateadas y arrastradas por delincuentes en moto, balaceras en restaurantes y hospitales, pandillas de ladrones exculpadas por servidores judiciales inescrupulosos y un gobierno que da palos de ciego contra la delincuencia… Este es un cóctel fatal que exacerba los ánimos sociales.

Sin embargo, esta combinación ocurre, para mayor angustia, en un país esquizofrénico en el cual, por un lado, se clama por el porte de armas para defenderse de la delincuencia, y, por otro, se alimenta una industria asesina de venta clandestina de teléfonos, relojes, maquinaria agrícola o autopartes.
Luego, desde varias vocerías oficiales se posicionan peligrosas narrativas sobre un país en “guerra” contra narcos y demás criminales. Una “guerra” además asimétrica. Un informe del portal Código Vidrio, con base en análisis de la Policía, reveló que más de 25.700 presos pertenecen a las bandas más peligrosas del país. Si 25.700 están tras las rejas, ¿cuántos miles más están en las calles, puertos y carreteras concretando las órdenes que los capos dan desde prisión?

Por eso, una Policía sin inteligencia preventiva del delito y desconectada de su comunidad, o un sistema judicial con servidores comprables por las mafias, solo alimentarán la sed colectiva de justicia por mano propia y la legitimación, a largo plazo, de la conformación de juntas de autodefensa o de mercenarios de la seguridad.

Finalmente, en toda guerra solo hay diversos niveles de perdedores. Por eso, sin modelos de desarrollo preventivo, sin empleo digno, sin un robusto sistema de inteligencia financiera y sin políticas de salud pública que atiendan el creciente consumo de drogas en el país, toda “guerra” contra los narcos está condenada a una capitulación del Estado sobre un cerro de muertos.

[PANAL DE IDEAS]

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