En su investigación sobre el islam, Karen Armstrong, una de las más prominentes historiadoras de las religiones, analiza los declives y auges de los sucesivos imperios musulmanes a lo largo de la historia. Y encuentra una constante en estos procesos: el hundimiento de la economía llevaba a la corrupción y a los abusos tributarios.  La codicia y la molicie de las élites, que querían seguir viviendo en la opulencia, no tenía otra salida que esquilmar a los grupos más vulnerables. Al declive del comercio y a la escasez de recursos, los gobernadores locales respondían con un despiadado y desenfrenado enriquecimiento. “Antes de que sea demasiado tarde”, era la consigna. Así se desplomaron, uno tras otro, califatos y sultanatos.

Por lo que vemos y leemos, parece que ese fenómeno no compete únicamente al mundo islámico del pasado. La historia reciente es pródiga en ejemplos que lo confirman. Incluso en nuestro país. Son los altos funcionarios y dirigentes políticos haciendo negociados de última hora. Son los banqueros prófugos llevándose la plata en medio de la catástrofe financiera del país.

Quien piense que la última decisión del partido Avanza responde a una sincera preocupación por el destino del IESS peca de ingenuo. Su rompimiento con el gobierno de Alianza País, a propósito de la mal llamada Ley de Justicia Laboral, tiene más de cálculo político que de compromiso social. Es la imagen perfecta del buen olfato político. Avanza intuye –más bien tiene la certeza– que la estrechez fiscal presagia el derrumbe del correísmo. Un proyecto que ha funcionado a base del  más descarado clientelismo no tiene ninguna perspectiva con la fuente seca. No solo eso: en la desesperación por perpetuar el esquema, corre el riesgo de cometer insensateces, como en efecto viene ocurriendo desde que Correa decidió aprobar la explotación del Yasuní-ITT. El alegre reparto llegó a su fin.

No obstante, hay que reconocer que, al menos, el partido Avanza ha tenido la audacia de marcar distancia con el régimen. Al contrario de aquellos grupos al interior de Alianza País que, estando en absoluto desacuerdo con muchas de las decisiones impuestas desde la cúpula, son incapaces de asumir una posición medianamente decente. Porque también hay que ser ingenuos para tragarse el argumento de las “decisiones orgánicas”, con la cual los asambleístas y funcionarios del oficialismo justifican su docilidad.

En las organizaciones políticas serias, el acatamiento de las decisiones orgánicas es el resultado del debate de las tendencias, no de la imposición de las jerarquías. Esto  implica, en muchos casos, que inclusive el dirigente del partido tenga que defender en público una posición con la cual no está plenamente de acuerdo, por la simple razón de que su postura fue derrotada en el debate interno. Esta eventualidad resulta del todo imposible en Alianza País, aun si los asambleístas y dirigentes del movimiento llegaran a tener una posición mayoritaria contraria a la del caudillo. Aquí la única organicidad que se respeta es la del viserazo.

Mandar a los suplentes a votar por una ley que destruirá la seguridad social, como en efecto han hecho algunos asambleístas del oficialismo en su vano intento por salvar las apariencias, es un baldón que difícilmente se quitarán de encima. Lo que sus votantes esperaban, al menos en este caso, era una actitud digna y consecuente. Es decir, frenar el despilfarro de los fondos del IESS. Porque con lo que el gobierno está jugando es con la supervivencia futura de mucha gente. ¿Será que estos asambleístas se lanzan tras Avanza, o están esperando que el barco realmente se hunda para saltar por  la borda? Esta última opción es la peor, pues a la flojedad se les adosará la vergüenza.